Los trabajadores de un grupo de medios críticos con el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, denunciaron hoy ante la Fiscalía a la Policía Nacional por “crimen organizado”, por allanar sus oficinas y “usurpar” sus bienes.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Departamental de Managua por el colectivo de trabajadores de las empresas Promedia e Invermedia, representadas por el periodista Carlos Fernando Chamorro.
Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y de Pedro Joaquín Chamorro, un periodista crítico de la dictadura somocista que fue asesinado por el régimen en 1978, dijo que acudía a la Fiscalía para cumplir con “su deber ciudadano de recurrir a las instancias correspondientes, bajo el amparo que le da la ley”, lo que además es un derecho al que no iba a renunciar.
La semana pasada la Policía de Nicaragua allanó y se tomó por la fuerza el edificio donde funcionan las revistas digitales Confidencial y Niú, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, que pertenecen a las empresas Promedia e Invermedia.
Además del grupo de medios, en el edificio funciona la consultora Cabal, que dirige Desirée Elizondo, esposa del periodista Chamorro, que también fue ocupada por la Policía y se sumó a la denuncia ante la Fiscalía.
En su denuncia, los trabajadores de esas tres empresas señalan a la Policía Nacional de la comisión de cinco delitos, entre ellos el de crimen organizado.
Los otros cuatro son robos de bienes privados y personales, usurpación de domicilio privado, usurpación de bienes adheridos al inmueble, y daños psicológicos, precisó Chamorro, que acudió a la sede del Ministerio Público, acompañado de su esposa y el colectivo de trabajadores.
El periodista señaló como principal responsable al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, y la vicepresidenta del país, Rosario Murillo.
Chamorro explicó que interpuso la denuncia en vista de que ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público hicieron una investigación de oficio tras el allanamiento y “confiscación” de sus oficinas la semana pasada, acto que calificó de “delincuencial” y ejecutado por el “crimen organizado”.
Consideró esa acción como “una amenaza contra todos los medios de comunicación” que busca coartar la libertad de prensa, de expresión y de libre empresa, así como “impedir que las redacciones de estos medios de comunicación sigan trabajando”.
Además, de negar el derecho al trabajo a 25 personas, aunque, según Chamorro, “seguimos trabajando de cualquier forma y lo seguiremos haciendo”.
Chamorro, galardonado con el IV Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica en 2009, y en 2010 con el premio María Moors Cabot, también interpuso un recurso de amparo ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua por ese caso, sin respuesta aún.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
EFE