La Policía boliviana detuvo a seis activistas opositores y tiene en la mira a otros, por la quema del tribunal electoral la semana pasada, hecho que ocurrió durante una protesta contra la nueva candidatura del presidente Evo Morales.
AFP
En tanto, miembros del movimiento civil que se opone a la repostulación mantiene una huelga hambre que ya lleva nueve días.
Gonzalo Medina, jefe de la policía de Santa Cruz (este), donde las oficinas del Tribunal Departamental Electoral (TDE) fueron incendiadas por opositores al gobierno, informó este viernes que “una persona está condenada, dos están detenidas preventivamente y tres (más) serán puestas a consideración de la autoridad judicial” en las próximas horas.
Una turba de universitarios y activistas opositores se manifestó de manera violenta el martes de la semana pasada, contra la aspiración de Morales (en el poder desde 2006) de seguir gobernando en el periodo 2020-2025, cuando finalice su actual mandato.
Medina señaló que las autoridades han identificado a unos 10 cabecillas del grupo que atacó el TDE y las oficinas de Impuestos Nacionales y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, aunque hubo más involucrados.
El jefe de la policía de Santa Cruz indicó que “quedan pendientes otros sujetos por presentarse (ante la Policía), otros por identificar, otros más por completar la persecución y aprehenderlos, y mucha gente por declarar como testigos”, sin dar precisiones.
Mientras la policía continúa con las pesquisas, unos 150 opositores mantienen una huelga de hambre que se acerca a los 10 días, en cinco de las nueve capitales departamentales (Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija y La Paz). La protesta arrancó con una veintena de personas.
Marcelo Arrázola, presidente de la Federación de Profesionales de Santa Cruz, región donde la oposición a Morales tiene más fuerza, afirmó: “Esta es una lucha de largo alcance; este es un problema del pueblo boliviano”, en relación a la lucha contra la postulación del presidente.
La oposición considera que la tercera candidatura de Morales viola la Constitución, aunque el oficialismo defiende un fallo del Tribunal Constitucional que resolvió en noviembre de 2017 que era un derecho humano del mandatario postularse de manera indefinida.