La enfermera de Chávez: Se ha dicho que soy una mera enfermera…soy abogada y con máster en Finanzas

La enfermera de Chávez: Se ha dicho que soy una mera enfermera…soy abogada y con máster en Finanzas

Claudia Patricia Díaz Guillén, ex directora de la Oficina del Tesoro de Venezuela, en un momento de la entrevista, en Madrid. ANTONIO HEREDIA

 

 

Con cautela y paso firme. Portando una carpeta repleta de documentos. Así llegó Claudia Patricia Díaz Guillén (San Cristóbal, Venezuela, 1973) a la cita. Nada más tomar asiento reprochó que se la conozca como “la mera enfermera” del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, publica El Mundo.

Por MARISA RECUERO / Madrid

“Yo soy abogada. Estudié Derecho en la Universidad Central de Venezuela, una de las más prestigiosas de Latinoamérica. Tengo la licenciatura en Enfermería. Tengo una maestría en Finanzas. Estudié Derecho Económico Internacional en la UCV y actualmente soy mayor retirada”.

Claudia Patricia tiene su residencia en pleno centro de Madrid, donde vive con su marido, Adrián Velásquez -militar venezolano y antiguo miembro de la Guardia Presidencial de Chávez- y su hijo. El juez Jaime Serret, magistrado del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, investiga al matrimonio por un presunto delito de blanqueo de capitales, consecuencia de la compra de su vivienda por 1,8 millones de euros.

“El proceso para obtener el piso fue avalado por la ley de blanqueo de capitales de España. Todo estuvo legalmente conforme”, se defiende, señalando al Gobierno de Nicolás Maduro como responsable de esta situación.

“Se ha dicho que soy una mera enfermera. Soy abogada y con máster en Finanzas”

“Esta investigación es producto de la solicitud de extradición de Venezuela”, denuncia, indignada, acusando a las actuales autoridades bolivarianas de atribuirle “unos delitos que no cometí”.

Venezuela ha reclamado a España la extradición de Claudia Patricia por presuntos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. Esto es, malversación de caudales públicos, asociación ilícita y blanqueo, respectivamente, según el Código Penal español.

La acusan de presuntas irregularidades cometidas mientras fue la responsable de la Oficina Nacional del Tesoro, entre 2011 y 2013, y secretaria ejecutiva del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), es decir, el organismo encargado de invertir los ingresos conseguidos de las exportaciones de petróleo.

El pasado 26 de octubre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó entregar a Claudia y un mes después, el pasado 23 de noviembre, acordó lo mismo para su marido, al que también reclaman en Venezuela.

“Si España llegara a acceder a nuestra extradición, seríamos unos rehenes políticos allí. Nos llevarían a las cárceles de ‘La Tumba’ . Pasaríamos a la historia como unas personas que fueron torturadas”, responde cuando se le pregunta qué enemigos dejó en Venezuela.

“Independientemente de los delitos que nos atribuyen, a las personas se les deben respetar los derechos humanos”, denuncia, no sin advertir casos de ciudadanos venezolanos que “tras un año en prisión no han tenido acceso a la Justicia, ni mucho menos a una medicina, y mira cómo mueren”.

– La gente muere de hambre en su país mientras los venezolanos con dinero vienen a España a gastarlo.

– Lo que le puedo decir es que yo no soy política.

– Pero trabajó para los políticos y se benefició del dinero público venezolano.

– Soy una servidora pública que me gané mi dinero por mi trabajo. Me lo gané bien ganado y he sido una mujer que por mis méritos propios y por mi profesionalidad llegué a esos cargos. Ganaba el dinero justo que tenía que ganar por trabajar. Al igual que yo, muchas personas se han visto afectadas. Desde que murió el presidente Chávez a ahora, ha habido una ruptura.

Claudia Patricia rehúsa cuantificar cuál era su sueldo cuando desempeñó el cargo de tesorera. “No lo recuerdo, pero era una muy importante cantidad de dinero. Mi sueldo era suficiente, más que suficiente para cubrir mis necesidades”. A esto le suma los viajes mensuales que hacía al exterior. “A mí me pagaban en dólares [hace un gesto de exageración] y pasan de las 500 comisiones que hice al exterior”. “No me daba tiempo a gastar el dinero”, responde.

– ¿Qué hacía con el dinero?

– Ahorraba. Lo invertía en bienes para mí. Por cierto, todo el dinero de mis ahorros, Venezuela lo bloqueó. De hecho, los apartamentos que adquirí antes de ser tesorera los confiscaron y, actualmente, viven allí personas autorizadas por el Gobierno.

– Ahora con la devaluación te puedo decir que se convirtieron en cinco dólares o cinco euros.

– ¿Todo su dinero estaba en bancos venezolanos o lo invirtió también en el extranjero?

– Mis ahorros los tenía allí. Yo nunca he ejercido ninguna actividad comercial. Sin embargo, mi esposo era comerciante.

A Claudia no le gusta hablar de que tiene “una fortuna”. Justifica el origen de la mayor parte de su dinero en la familia adoptiva de su marido: “Un empresario judío que llegó a Venezuela de Bélgica en 1973 y se estableció en Estados Unidos, único heredero de la fortuna de su madre”.

– ¿Se ha llevado dinero de las arcas venezolanas?

– Ni un bolívar. Ni un dólar.

– No me vine huyendo. Tenemos raíces familiares aquí y pensábamos venir. Por eso compramos el piso.

– En Madrid, se alojó unos días en un hotel del centro y varios policías españoles intentaron contactar con usted. ¿Por qué?

– Éste es un tema muy delicado. Una persona quiso aprovecharse de nosotros, pero no quisimos.

– ¿Qué quería la Policía?

– Creían que teníamos una información que les beneficiaba.

Claudia Patricia rehúsa dar detalles y se limita a advertir de que buscó a un abogado para defenderse porque vio que “esa situación era irregular”. “Fue muy incómodo, porque nunca me esperé que en España sucedieran ese tipo de cosas”.

La cita con la ex tesorera del Gobierno venezolano concluye con una petición al Gobierno español: “Nosotros no hemos huido de la Justicia española, la hemos enfrentado. Lo que no queremos es que nos lleven a Venezuela, un país donde no hay una Estado de derecho, ni se respetan los derechos humanos”.

Exit mobile version