El norteamericano Mark Vito, esposo de la líder opositora peruana Keiko Fujimori, pidió este jueves a un tribunal que se le levante el impedimento de salida de Perú, dictado mientras se le investiga por un presunto lavado de activos.
EFE
Vito participó junto a su abogada, Giulliana Loza, en una audiencia en la que sustentó la apelación a la orden judicial que le impide abandonar el país durante 36 meses.
La solicitud fue vista por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que al término de la audiencia informó que resolverá el caso “en un plazo razonable”, dada la gran carga de procesos que tiene a su cargo, según dijo su presidente, el juez superior César Salhuanay.
Al dirigirse a la sala, Vito, pidió que se tome una “resolución jurídica, técnica y justa” a su solicitud, ya que consideró que no hay mérito para que se le siga investigando.
“Si revisan la documentación, seguramente van a llegar a la conclusión que no amerita (sic) una investigación en mi contra y mucho menos un impedimento de salida. Entonces, la segunda cosa que les pido, y concluyo con eso, es, por favor, que admita una resolución jurídica, técnica y justa”, señaló.
El esposo de Fujimori agregó que sus ingresos económicos están acreditados y se basan en su trabajo como agente inmobiliario y gerente de su empresa. “Por favor, revisen la documentación, no necesitan creer en mí, la documentación es clara e irrefutable”, concluyó.
El fiscal que investiga el caso, José Domingo Pérez, logró en noviembre pasado que el juez Richard Concepción Carhuancho ordene la restricción para Vito tras señalar que sospecha que los fondos que usó para comprar dos terrenos al sur de Lima serían de origen ilícito.
En noviembre pasado, Pérez formalizó una investigación preparatoria contra el esposo de Keiko Fujimori, quien desde el 31 de octubre pasado cumple una orden de prisión preventiva por 36 meses mientras es investigada por un presunto lavado de activos.
Pérez sostiene que Fujimori tenía conocimiento de que su partido recibió aportes no declarados, entre ellos 1 millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, para su campaña electoral de 2011 y que se buscó falsos donantes para registrar ese dinero.
La defensa de Keiko apeló su detención con el argumento de que no hay peligro de fuga en este caso, por lo que la Segunda Sala Penal de Apelaciones también deberá emitir una resolución sobre su pedido en los próximo días.