Trabajar en un área de riesgo y vivir con un sueldo que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas alimenticias, es el pan de cada día de los educadores que hacen vida en el estado Zulia, quienes protagonizaron en el 2018 diferentes manifestaciones para exigir mejores condiciones de trabajo y un sueldo digno, así como el pago de los compromisos pendientes. Así lo reseña laverdad.com
Alexander Castro, coordinador de la Coalición Educativa del estado Zulia, describió el año a punto de finalizar como “El más dantesco para la educación del país”, porque en la actualidad las escuelas no tienen servicio eléctrico o simplemente las instalaciones no son seguras para los maestros y para los alumnos.
“Nuestros maestros son unos héroes porque van a dar clases a los pocos muchachos que van sin las condiciones básicas para que ellos trabajen o para que los muchachos reciban clases”. Indicó que la calidad educativa disminuye en el país y la culpa es del Gobierno nacional y regional. “Nunca en este país se vio algo similar”.
Techos abajo
El dirigente recordó que la educación de calidad muere y colocó como ejemplo que al menos 163 escuelas de la región no están aptas para dar clases. “Solo la escuela 23 de Enero, en el sector 18 de Octubre, tiene siete informes de los Bomberos de Maracaibo, en el que la declaran no apta”.
A eso se suma la diáspora de educadores que según datos del Gobierno, la diáspora en el país alcanza el 60 por ciento. Además, en enero los maestros cumplen un año sin servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad y sin el seguro funerario, lo que este año llevó a una protesta frente a la sede del Ejecutivo regional, pero no surgió el efecto esperado.
En noviembre el magisterio inició las asambleas generales permanentes para exigir sus derechos, pero nuevamente los reclamos fueron ignorados.
Por lo que en el 2019 los educadores involucrarán a los padres en la necesidad que existe de ofrecer una mejor educación a los niños y jóvenes del país. “Es un gran reto, pero vamos a tomar las vías para que se tomen las medidas”.
Son 18 mil educadores entre activos y jubilados, que se ven afectados en la región.