Los nietos del dictador español Francisco Franco (1892-1975) han ampliado la denuncia a los altos cargos públicos que firmaron el proyecto de presupuesto de obra para llevar a cabo la exhumación de su abuelo del Valle de los Caídos.
Según la familia Franco, los denunciados pueden haber cometido un delito de prevaricación, además del de usurpación de atribuciones y funciones.
España vive una polémica en torno a la intención del actual Gobierno socialista de trasladar los restos de Franco fuera del complejo funerario que el dictador ordenó construir a 50 kilómetros de Madrid, el conocido como Valle de los Caídos, y donde también están depositados los restos de miles de combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil (1936-1939).
En un escrito presentado el pasado viernes, al que tuvo acceso Efe, los nietos de Franco aportan nuevos datos en relación al expediente de exhumación e insisten en que la legitimación para solicitar su realización corresponde “exclusivamente a los familiares”
También argumentan que la basílica del Valle de los Caídos es “inviolable” y que, además, está en un estado de “grave deterioro”, por lo que cualquier actuación que requiera introducir maquinaria muy pesada puede producir “graves daños en su estructura”.
A comienzos de diciembre, los siete nietos de Franco presentaron una denuncia contra los altos cargos que firmaron, el pasado 14 de noviembre, el proyecto de presupuesto de obra menor para llevar a cabo la exhumación de los restos de su abuelo.
En concreto, la denuncia se dirige contra la subsecretaria del Ministerio de Justicia e instructora del expediente de exhumación, Cristina Latorre; el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Antonio Hidalgo López; el presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán; y el funcionario del Museo del Prado Víctor Cageao Santacruz.
Los nietos de Franco acusan a este último de hacerse pasar por director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional.
Aseguran, además, que todos los denunciados “eran conocedores” de que Cageao no ostentaba ese cargo.
“Pese a lo cual, para acelerar toda la tramitación, a sabiendas de la usurpación de funciones y de la falsedad de la ostentación de dicho cargo, firmó el proyecto de exhumación el 14 de noviembre de 2018”, afirman los nietos.
La familia comunicó en su momento al Ministerio de Justicia que se opone a la exhumación, la considera una “imposición” del Estado y cuestiona su constitucionalidad.
Los Franco también anunciaron su intención de, en caso de exhumación, enterrar los restos en la cripta de la catedral de La Almudena de Madrid, donde disponen del derecho de inhumación. EFE