Ralph Snake se detuvo el miércoles para recoger basura mientras caminaba por el National Mall de Washington, un paseo cubierto de hierba que se ha ensuciado desde que hace dos semanas un cuarto del gobierno federal de Estados Unidos está paralizado.
“Decidí limpiar este lugar porque eso es lo que hacen los estadounidenses”, dijo Snake, de 61 años e indígena Hochunk, que vino a la capital desde Wisconsin para ver jurar a Sharice Davids, una de las dos primeras mujeres con ascendencia nativa que llegarán al Congreso.
“Solo porque esté paralizado (el gobierno) nuestros corazones no están paralizados”, agregó.
El cierre parcial, que ha congelado numerosos servicios gubernamentales, entró el miércoles en su duodécimo día sin un final a la vista, debido al impasse que generó la exigencia del presidente Donald Trump al Congreso de 5.600 millones de dólares de fondos para un muro en la frontera con México.
Parques nacionales, que incluyen Joshua Tree y Yosemite en California, han cerrado campamentos porque los retretes amenazaban con desbordarse. Cientos de miles de empleados federales trabajan sin remuneración y el sistema de tribunales de inmigración, que ya sufre enormes retrasos, está en gran medida cerrado.
Las perspectivas de un final eran poco claras. Los demócratas, que tomarán el control de la Cámara de Representantes el jueves, han programado una votación para financiar al gobierno sin dinero para un muro fronterizo, una de las prioridades de Trump, que durante su campaña dijo que sería pagado por México.
En Washington, los 17 museos administrados por el Instituto Smithsoniano y el Zoológico Nacional cerraron sus puertas el miércoles tras quedarse sin fondos de emergencia, provocando molestia y frustración de los turistas con el presidente y el Congreso.
“Es estúpido”, dijo Laura Vanbragt, una estudiante de 20 años de Grand Rapids en Michigan. “Debería haber más comunicación (…) disposición para conversar”.
A diferencia de otras paralizaciones, incluida una de 16 días en 2013, muchos parques nacionales han permanecido abiertos, pero sin personal para recolectar la basura y limpiar los baños. Activistas han expresado su preocupación de que un cierre prolongado cause daños ambientales.
Cientos de jueces en los 62 tribunales de inmigración están suspendidos de sus labores y actualmente solo se atienden casos de inmigrantes que están detenidos.
El gobierno de Trump ha ampliado el sistema, dirigido por el Departamento de Justicia, con el objetivo de reducir la acumulación de más de 800.000 casos. La paralización parcial complicará ese esfuerzo, dijo Ashley Tabaddor, presidente del sindicato de jueces nacionales de inmigración.
“Reprogramar estos casos puede llevar varios años porque todos los jueces tienen sus agendas llenas”, explicó.
Reuters