Nicaragua vislumbra un 2019 incierto, con una economía deteriorada y una creciente represión contra la prensa y defensores de derechos humanos, mientras el presidente Daniel Ortega se aferra al poder en medio de un aislamiento internacional que tiende a recrudecerse, según analistas.
El Consejo Permanente de la OEA evaluará el próximo 11 de enero si aplicarle al país la Carta Democrática Interamericana, una iniciativa que podría conducir a la suspensión de Nicaragua del organismo y provocar “el total aislamiento del régimen”, advirtió el politólogo y analista José Antonio Peraza a la AFP.
Conllevaría además el congelamiento de “todos los préstamos y desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otros organismos multilaterales” que financian alrededor del 30% del presupuesto del país, uno de los más pobres del hemisferio, acotó.
El experto estima que Nicaragua podría quedar excluido también de tratados de libre comercio, como el que comparte con Estados Unidos y Centroamérica, conocido como Dr-Cafta.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó a finales de diciembre convocar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo para analizar la crisis nicaragüense, tras considerar que una “dictadura está definitivamente instalada en el país”.
El gobierno nicaragüense llamó a los gobiernos de la región a “no apoyar” las acciones “infundadas” de Almagro, que calificó de “ilegales” e “improcedentes”.
Nicaragua vive en crisis desde el estallido de las protestas antigubernamentales el 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social. La represión derivó en una demanda de salida de Ortega, de 73 años, quien gobierna desde 2007 junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Según grupos humanitarios y de oposición, la represión a las protestas dejó más de 320 muertos, entre 400 y 600 detenidos y la migración de más de 50.000 nicaragüenses a Costa Rica y otros países.
El gobierno por su lado contabiliza 198 muertos, 340 manifestantes presos, una pérdida económica de 961 millones de dólares en daños, la eliminación de 120.000 empleos y una contracción económica del 4% en 2018.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó en diciembre la denominada NICA Act, que limita el acceso de Managua a créditos internacionales para presionar a Ortega por una salida democrática.
Redadas, amenazas, temor
Ello se suma a la caída de la millonaria cooperación petrolera y de inversiones que Nicaragua recibía de Venezuela. Según cifras oficiales, esa ayuda cayó de 457 millones de dólares en 2008 a 9,2 millones el primer semestre de 2018.
Pero el gobernante ha descartado recortar su mandato o reanudar el diálogo con sus opositores, como lo han demandado los propios opositores, empresarios y la Iglesia católica.
Más bien acusó a sus detractores de intentar un golpe de estado con el apoyo de Estados Unidos y criminalizó las protestas.
En diciembre, nueve organizaciones no gubernamentales y al menos cinco medios críticos al gobierno fueron cerrados y dos periodistas encarcelados, mientras que decenas se exiliaron por amenazas de muerte o captura.
Las redadas policiales y cateos de viviendas de opositores se mantienen de manera selectiva en diferentes ciudades, según denuncias de la población.
Ortega “va a seguir reprimiendo hasta que se someta toda la población o estalle la olla de presión”, comentó a AFP el exdiputado opositor y académico Eliseo Núñez.
Optimismo oficial
El gobierno sostiene, sin embargo, que el país ha recuperado la “normalidad” y apuesta en el 2019 por consolidar la estabilidad interna para salir de la crisis.
“Esto nos dará las condiciones para retomar el camino del crecimiento económico, social”, dijo Ortega en un mensaje a la nación el 31 de diciembre. La vicepresidenta Murillo ha alentado a tener “fe y confianza” en que el país va a salir adelante.
A juicio del sociólogo Oscar René Vargas, el gobierno “piensa que los préstamos contratados para el 2019-2020 le permitirá seguir adelante y sobrevivir la crisis actual”, a pesar de las sanciones internacionales.
“Esa posición llevará al país al despeñadero”, indicó Vargas en las redes sociales desde el exilio.
Economistas independientes estiman que las sanciones crearán más “incertidumbre” económica, la caída de la inversión privada, el desempleo y aumentará la migración.
Ortega “lo único que pretende es mantenerse en el poder el mayor tiempo posible y si tiene la economía que colapsar y someter al país a un modelo al estilo de Cuba lo hará”, dijo Núñez.
Para Peraza, la solución de la crisis “pasa por un diálogo franco, que tome en cuenta los intereses” del gobierno y la oposición.
Eso implica ofrecer garantías a la familia gobernante de que no será perseguida cuando deje el poder, y trabajar en la realización de elecciones libres, subrayó.
AFP