Los obispos venezolanos alertaron este lunes que “todas las dudas” enmarcan la jura que hará Nicolás Maduro este venidero 10 de enero, un nuevo mandato presidencial que la oposición y parte de la comunidad internacional han señalado que no reconocerán.
“¿Legítima?, ¿ilegítima? La historia, cuando sea el momento a través de los actores que propiciaron unas elecciones tan dudosas en un marco de ventajismo, dará su veredicto”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Monseñor José Luis Azuaje, al leer un comunicado ante periodistas.
Sostuvo, además, que el Gobierno de Maduro ha causado “un deterioro humano y social en la población y en las riquezas de la nación”.
Así, un nuevo mandato de Maduro “se ha hecho ilegítimo y moralmente inaceptable”, añadió Azuaje al continuar la lectura del escrito, y en el marco de la Asamblea Ordinaria de la iglesia venezolana.
Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, atraviesa una grave crisis económica expresada en hiperinflación, fallos en los servicios públicos y escasez de alimentos y medicinas.
“Con este racimo de deterioro, podemos imaginarnos los sufrimientos que tendrá que pasar el pueblo en un nuevo período de Gobierno, si no se ponen las correcciones necesarias que pasa por un cambio integral de política y de actores políticos”, reiteró Azuaje.
Igualmente puntualizó que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), cuya nueva directiva se instaló el sábado, es “el único órgano democrático vigente”, al tiempo que exhortó a este cuerpo a trabajar “para que se recomponga el orden democrático desde el ámbito constitucional”.
Pese a que insistió en dejar claro que el rol de la iglesia no es el de un actor político, Azuaje fue enfático en pedirles a los opositores venezolanos “consolidar una unidad política, dejar los intereses partidistas, los intereses personales para entrar en un interés social, del pueblo”.
La Iglesia católica venezolana ha mantenido tensas relaciones con el Gobierno chavista casi desde su instalación, en 1999, y ha sido considerada por la Administración de Nicolás Maduro como un agente político que apuesta a la desestabilización de Venezuela.
EFE