El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este miércoles que su Gobierno reafirmará ante los foros competentes la validez de la medida que prevé el encarcelamiento de personas que han sido condenadas en segunda instancia, como en el caso del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
El líder ultraderechista afirmó, en un mensaje que publicó en las redes sociales, que su Gobierno, a diferencia del de su antecesor, Michel Temer, no defenderá la tesis jurídica de que un condenado sólo puede ser encarcelado cuando ya no pueda presentar recursos ante ninguna instancia.
“En la gestión anterior, la Abogacía General de la Unión (AGU) se manifestó en favor de que la prisión sólo puede ser ordenada cuando se agotan todos los recursos”, afirmó Bolsonaro en referencia a un parecer enviado el año pasado a la Justicia por el órgano de consultoría jurídica de la Presidencia.
“Esa posición será revista por nuestro Gobierno para que quede claro que somos favorables al cumplimiento de la pena inmediatamente después de la condena en segunda instancia. Vamos a combatir la impunidad”, agregó el jefe de Estado en su mensaje.
Lula cumple desde abril del año pasado una pena de 12 años de prisión por corrupción que fue confirmada por un tribunal de segunda instancia y pese a que aún tiene derecho a presentar recursos contra su condena ante otras dos instancias, el Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema.
El encarcelamiento tras una condena en segunda instancia fue considerado como constitucional por el propio Supremo Tribunal Federal, pero algunos magistrados de la Corte han manifestado su intención de revisar esa decisión, lo que puede favorecer a Lula.
El actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, el exjuez federal Sergio Moro, anunció la semana pasada, poco después de asumir el cargo, que, ante las divergencias, pretende presentar una medida en que quede clara la “obligatoriedad” del cumplimiento de la pena tras la condena en segunda instancia.
Moro, el juez que condenó a Lula en el marco de la investigación que destapó una gigantesca red de desvíos en la petrolera estatal Petrobras, no aclaró si su intención es presentar un proyecto de ley a consideración del Congreso o un decreto ejecutivo que zanje lo que considera como un “limbo jurídico”.
En diciembre pasado, pocos días antes de que Bolsonaro asumiera como presidente, Lula estuvo a punto de salir de la cárcel gracias a una medida cautelar dictada por un magistrado del Supremo contrario a la tesis de que la prisión puede ser ordenada tras la condena en segunda instancia, pero su medida fue anulada el mismo día por el presidente de la máxima corte.
La medida cautelar que por poco le abre las puertas de la cárcel a Lula y a otros 196.300 presos en la misma condición fue dictada por el magistrado Marco Aurelio Mello, para quien la prisión sólo puede ser ordenada cuando llegue a su fin todo el proceso de apelaciones, es decir hasta cuando la corte de cuarta y última instancia confirme una condena.
La medida contrariaba una jurisprudencia adoptada en 2016 por la Corte Suprema, ratificada ese año en una ajustada votación que acabó 6-5 y que prevé que una sentencia empiece a ejecutarse una vez sea ratificada en segunda instancia.
Esa decisión se justificó en su momento en el hecho de que en los dos procesos de apelaciones que restan a partir de esa fase no se juzga ya el mérito de la acusación sino solamente asuntos formales que difícilmente modifican la sentencia. /EFE