El atropello a los universitarios en Venezuela resulta consustancial con el de los trabajadores en general. Ningún trabajo es rentable en nuestro país actualmente; esto como producto de dos “acciones” del régimen enquistado en el poder: el desconocimiento supino de los derechos laborales y la implantación de las más equivocadas políticas socio-económicas.
Los tratados internacionales y los Derechos Humanos tienen consideraciones especiales acerca del trabajo decente y de la cobertura, por medio del trabajo, de las necesidades básicas de los ciudadanos: alimentación, educación, salud, vestimenta, vivienda, recreación, cultura, deportes… Incluso se da la posibilidad de la recurrencia a la colaboración de otros países cuando un Estado se encuentra imposibilitado de atender las urgencias vitales de la población, eso que ahora nos ofrecen desde el mundo entero: la ayuda humanitaria. Todo esto lo desconocen o lo niegan los conformantes de la dictadura actual.
Los profesores universitarios, ni ningún trabajador, puede vivir, tampoco su familia, con las dádivas, las migajas, que hoy les son arrojadas; porque es inútil, así, pensar en una “remuneración” de la actividad laboral. A esto hay que sumarle la hiperinflación provocada adrede con la finalidad de hacer más improductiva la nación e importar con chanchullos y corruptelas, hasta las miserables cajas y bolsas claps. Destruyeron todo eso que se denomina “aparato productivo”, mientras el aumento inflacionario parece convenirles, hasta para que un cuarto de país emigre y así no tener la obligación de alimentarlo, cuando, a su vez, los idos envían divisas frescas para sostener la frágil y alicaída economía. Perversa situación insostenible.
Ahora bien, los profesores y trabajadores universitarios hemos padecido el ataque sostenido contra nuestras profesiones y actividades, hemos resistido todo lo imaginable y más: el decaimiento de la infraestructura donde laboramos, la sobrecarga de actividades por la ida inusitada de compañeros de trabajo, la carencia de materiales, la ausencia de servicios, la limitada participación política para elegir autoridades, la violación flagrante de cuanto “derecho” laboral existe: la imposición de sueldos indiscutidos, la violación de los “acuerdos” impuestos en las convenciones colectivas, el achatamiento de las escalas, el desconocimiento del mérito, la ruina y los impedimentos de las cajas de ahorro y de los entes que llevan nuestra previsión social, la anulación de las prestaciones sociales, el empobrecimiento de gremios y sindicatos y, lo peor de todo: los sueldos que nos sumen en la pobreza extrema, en la falencia más absoluta de cualquier necesidad que requiramos cubrir. Menos de un dólar mensual, en donde estamos remunerativamente situados todos, constituye pobreza extrema para los entes del mundo, íntegros, que trabajan la materia. También pobreza es la imposibilidad de acceder a bienes y servicios básicos. Allí estamos: en la más absoluta y extrema pobreza, según nuestros sueldos y condiciones de vida.
Hemos atendido los llamados de autoridades rectorales a no cerrar las instituciones, porque resulta inconveniente ante la profundización de los desmanes de la dictadura; también los desesperados y comprensibles llamamientos de los estudiantes que desean ver culminadas o avanzadas sus carreras, la mayoría de ellos para huir cuanto antes de la hecatombe; hemos oído los clamores de los padres y representantes; hasta nos hemos vuelto a sentar con los sátrapas en el poder en unas nuevas mesas que renovadamente significaron ganancia de tiempo para los abominables déspotas, así como mayor desmovilización de nuestros agremiados. Hemos, en fin, evitado, sin dejar de considerarlo permanentemente, el último recurso: el destructivo paro indefinido. Pero no queda alternativa posible ni aceptable. Imposible seguir trabajando cuando no existen las mínimas condiciones materiales, físicas ni humanas para ello. En la Universidad Simón Bolívar pasan de 40 días sin agua, por poner en la palestra un ínfimo detalle sustancial.
La Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) que nos agrupa como asociaciones de profesores nacionales ha decidido abrir la consulta para la decisión, y, de ese modo, cada asociación pulsará el criterio de sus agremiados, a fin de que digan, muy pronto, si pueden continuar y tienen deseos para ello, de esta manera, con vulneración y atropello reiterados por años. Ya algunas de nuestras universidades lo han manifestado, como la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en Coro: “no nos reintegramos en enero”.
En la Universidad Simón Bolívar, las próximas horas, propiciaremos reuniones y decisiones. Cartas echadas. Nada halagüeño panorama. Luce poco factible la prolongación de la apariencia de normalidad. Se acerca el momento en que se cumpla lo que Andrés Velázquez y otros líderes políticos han previsto: la parálisis generalizada, será cuestión de un poco más de tiempo y de que se sumen las voluntades de los trabajadores humillados; parece ser que, indefectiblemente, hacia allá vamos, contando con la ceguera a palos del régimen quebrantado.
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