Mas allá de su ilegalidad e ilegitimidad, los venezolanos desafiamos al usurpador por la gravedad de la tragedia social y económica que pronostica su presencia en el poder seis años más, sin intención alguna de alterar el ruinoso modelo económico aplicado desde 2013. La magnitud de ese aciago futuro puede proyectarse a partir de los indicadores y tendencias del Balance Económico de 2018, presentado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
En 2018 el PIB del país se contrajo en 18%, lo que sumado a las reducciones desde 2013, acumulan una contracción de 50% en el tamaño de nuestra economía. Hiperinflación de 1.700.000%. El salario real disminuido 96% en los últimos 14 meses pese a cinco incrementos de su expresión nominal. Desequilibrio fiscal superior a 20% del PIB, financiado mediante emisión monetaria irresponsable, que se multiplicó 9 mil veces en el último año.
La producción petrolera -irracionalmente militarizada- desciende más de 500 mil barriles diarios en 2018 y acumula desde 2013 una caída de 42.5%. En este último año se pierden 25 millardos de dólares de ingreso por exportación, que reducen críticamente la capacidad para importar alimentos que dejaron de cultivarse en el país. El resto de las industrias básicas y las empresas estatizadas, paralizadas o al borde de la inacción. Deuda externa de 155 millardos de dólares. Devaluación de la moneda de 254.000%. La pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida, aumentada de 48% en 2014, a 94%. Los servicios públicos: luz, agua, gas domestico, internet,… en estado calamitoso. La inasistencia escolar incrementada a 30%. 2.3 millones de emigrantes…
Está trazado el camino a la miseria sin intención de correctivos. Es inmanente al ideal de este régimen: un Big Brother y una sociedad de menesterosos. La única opción, la de sobrevivencia como nación, para todos –civiles y militares- es impedir la insólita y miserable pretensión de poder del Golem usurpador.