El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el martes un decreto que facilitará temporalmente la compra de armas por parte de civiles, un primer paso en una promesa de campaña para cambiar las estrictas regulaciones que esencialmente han prohibido que los civiles porten armas.
Bolsonaro forjó su llegada al poder con un discurso que hacía hincapié en la importancia de la seguridad pública, un mensaje que resonó entre los votantes de Brasil, donde en 2017 se registró un récord de 64.000 asesinatos, más que en cualquier otro país. De esos crímenes, 43.000 fueron cometidos con armas de fuego.
El capitán retirado del Ejército, que asumió como presidente el 1 de enero, ha dicho que quiere revertir una ley de 2003 que prohíbe a los civiles comprar armas, con el argumento de que los brasileños tienen el derecho a defenderse de los criminales.
El decreto, que expirará a menos de que sea ratificado por el Congreso en un plazo de 120 días, retirará el papel “discrecional” que ha jugado la policía federal en la aprobación de solicitudes de civiles para comprar armas. Bolsonaro ha dicho que las decisiones sobre quién puede o no puede portar armas son completamente subjetivas.
En 2017, el último año para el que existen datos gubernamentales disponibles, unos 330.000 civiles en Brasil fueron registrados legalmente para tener un arma de fuego.
Es difícil acceder a datos precisos sobre cuántas armas ilegales hay en Brasil, pero estudios previos del Ministerio de Justicia han indicado que la cifra ascendería a unos 8 millones.
Las bandas de narcotraficantes de Brasil, fuertemente armadas, y las milicias paramilitares obtienen fácilmente armas elaboradas por fabricantes locales, principalmente Taurus Armas SA, o internadas de contrabando desde países vecinos.
Actualmente, las bandas en Río de Janeiro portan casi exclusivamente pistolas Glock y han obtenido ilegalmente una serie de rifles AR procedentes de fabricantes estadounidenses y europeos.
Reuters