El pleno del Parlamento Europeo (PE) dio luz verde a congelar los pagos comunitarios a los países donde la separación de poderes esté en riesgo o que no combatan el fraude y la corrupción, reseña EFE.
Según el proyecto legislativo adoptado, los fondos comunitarios podrán interrumpirse si la Comisión Europea determina la existencia en un país de “deficiencias generalizadas en lo relativo al Estado de derecho” que amenacen la gestión del dinero europeo.
El PE y el Consejo (los Estados miembros) deberán tras la advertencia del Ejecutivo comunitario adoptar la congelación de pagos, suspensión de fondos que podría adoptarse sin necesidad de unanimidad para que el propio país afectado no pueda evitar por si solo ser castigado.
La propuesta se aprueba en la Eurocámara justo cuando acaba de comenzar la presidencia rumana de turno del Consejo de la UE y después de que Bucarest haya llevado a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE por presuntas irregularidades en la investigación de la corrupción en el país.
De aprobarse definitivamente esta medida también podría conllevar consecuencias a Polonia y Hungría, por sus deficiencias en la separación de poderes y la consecuente deficiencia del Estado de Derecho, señalada en varias ocasiones por la Comisión Europea.
La corrupción en Rumanía y Bulgaria también ha dejado durante años fuera de la zona Schengen a ambos países.
La iniciativa incluye una salvaguarda para que no terminen pagando los platos rotos los beneficiarios de fondos como investigadores u organizaciones de la sociedad civil. Lo que ya no pague Bruselas deberá aportarlo el Gobierno de sus presupuestos nacionales.
La iniciativa recibió hoy 397 votos a favor, 158 en contra y 69 abstenciones.
Por otro lado, la Eurocámara votó incrementar el presupuesto del Programa de Derechos y Valores para el periodo 2021-2027 hasta 1.834 millones de euros, casi el triple de lo propuesto por la Comisión Europea (642 millones).
Este programa tiene por objeto la promoción de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales en la UE, incluida la asistencia financiera a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos ámbitos.