Parece increíble hablar de una crisis humanitaria en Venezuela. Un país que fue punta de lanza del crecimiento y el progreso latinoamericano y que por eso acogió a muchos inmigrantes del mundo entero, pues en tierras venezolanas sobraban las oportunidades. Hoy la realidad es muy distinta. Los venezolanos huyen del país ahuyentados por la hiperinflación más alta del mundo, salarios desvanecidos por debajo de los 10 dólares mensuales, el desmoronamiento de servicios públicos como el hospitalario, eléctrico, agua y educación. La población se arruina en una economía que perdió en cuatro años el 52% de su tamaño como consecuencia de un Estado que liquidó el aparato productivo a partir de expropiaciones, control de precios y de divisas. Un modelo que se dice socialista y humanista pero que en realidad es profundamente ineficiente, corrupto y forajido de derechos.
Para entender la crisis institucional actual hay que remontarse al año 2015 después que la oposición ganó las elecciones parlamentarias con 2/3 de sus integrantes. En el corto trecho previo al inicio de la nueva legislatura, el Presidente de la Asamblea Nacional, AN, saliente, Diosdado Cabello, hizo aprobar – violando todas las normas constitucionales para su designación – el ingreso de 13 magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, todos militantes del PSUV que aseguraban la total subordinación del poder judicial al ejecutivo.
El primer acto de este TSJ inconstitucional, fue declarar fraudulenta la elección de los diputados del Estado Amazonas lo cual eliminó de facto la mayoría calificada de la oposición en la AN y acto seguido declaró en desacato a este órgano del poder popular que había sido electo por 14 millones de venezolanos, anulando sus competencias constitucionales. En tres años el TSJ ha dictado más de 60 sentencias anulando leyes y acuerdos de la AN.
La demolición del Estado de Derecho continuó cuando este TSJ, actuando como poder constituyente, comenzó a crear normas constitucionales para seguir desmontando la separación de poderes y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin cumplir los requisitos constitucionales, con el objetivo de que se erigiera una Asamblea Nacional paralela.
Desde entonces, ha existido una persecución contra la Asamblea Nacional y sus miembros que han dado todo por buscar una salida pacífica a la crisis que padecen los venezolanos. El gobierno ha cerrado las vías. Lo hicieron en 2016 cuando solicitamos el referéndum revocatorio presidencial, el cual desestimó el CNE al decir que no había recursos para realizar una elección, sin embargo 6 meses después se convoca la elección de 545 miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, en medio de un contexto de más de 120 días de protestas antigubernamentales en todo el país donde fueron asesinados más de 150 venezolanos. El país protestó por democracia y libertad y obtuvo como respuesta represión y muerte.
La reacción del gobierno ante la derrota sufrida en las elecciones parlamentarias del 2015 los llevó a dinamitar la vía electoral para dirimir las diferencias políticas, al colocar a la ANC como convocante de procesos electorales e intervenir en la normativa del poder electoral con un obsceno sesgo a favor del gobierno.
La usurpación planificada y sistemática de la democracia por un régimen autoritario con propensión totalitaria, se pretendió consolidar con una reelección sin democracia, rodeada de irregularidades. Los líderes de los principales partidos de oposición fueron inhabilitados electoralmente o encarcelados. Igual ocurrió con los principales partidos de la oposición. Por ejemplo, el partido MUD, el más votado en la historia venezolana y que era la expresión orgánica de la oposición unida, fue ilegalizado.
Tras unos diálogos fallidos en República Dominicana, que buscaban una solución electoral a la crisis venezolana, se convocan los comicios del 20 de mayo de 2018, sin la participación de la oposición y con el uso desmedido de los recursos y del aparato estatal a favor de la reelección del régimen. Estas elecciones fueron desconocidas por una gran parte de la comunidad internacional, que consecuentemente ha apoyado la legalidad y legitimidad de la Asamblea Nacional.
Maduro hizo caso omiso a los llamados de la Unión Europea, del Grupo de Lima y de buena parte de la comunidad internacional para que se hicieran en el país elecciones libres, competitivas y con la debida observación internacional. El régimen subestimó el impacto que tendría consumar una usurpación al juramentarse para un nuevo periodo constitucional ante el TSJ y la masiva indignación del pueblo venezolano ante los desmanes y abusos de quienes hoy detentan el poder.
La Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, no tuvo otra opción que desconocer dicha usurpación amparada en los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución, haciendo un llamado a los ciudadanos, a la Fuerza Armada Nacional y a la comunidad internacional a recuperar el orden democrático en el país.
La recuperación del hilo constitucional en Venezuela se está dando gracias a la combinación de una serie de factores: la unidad estratégica de la oposición venezolana, el acompañamiento masivo de los ciudadanos a través de los cabildos abiertos, protestas masivas y respaldo a las decisiones de la AN, la firmeza del respaldo de la comunidad internacional y la valentía de Juan Guaidó, quien asumiendo los riesgos personales, no dudó en hacer cumplir la Constitución llenando el vacío de poder y liderando la transición democrática que derivará en elecciones libres, competitivas y con observación internacional.
Los venezolanos estamos desarrollando un constitucionalismo liberador basado en el contenido del artículo 233 de la Carta Magna que establece “todos los ciudadanos, investidos o no de autoridad, están en la obligación de recuperar la plena vigencia de la Constitución Nacional”.
La Asamblea Nacional se convierte en órgano conductor de la transición y comienza a dictar las leyes para abordarla democráticamente. Están en proceso de aprobación tres instrumentos jurídicos importantes: la Ley de Amnistía que beneficia a los funcionarios del régimen, civiles y militares, que contribuyan a restablecer el Estado de Derecho; la Ley del Estatuto sobre la Transición y la Ley de retorno de emigrantes.
El régimen de Nicolás Maduro ha sido una tragedia para los venezolanos y un ejemplo mundial de cómo no deben hacerse las cosas desde el poder. La social democracia y los movimientos progresistas globales deben rechazar y condenar los populismos totalitarios independientemente que estén a la izquierda o a la derecha del espectro político. Los venezolanos estamos escribiendo una historia de sacrificios amparados en la Constitución y en la lucha cívica y pacífica. Caminamos hacia la libertad desarmados y con el pecho descubierto. Maduro decidió sentarse sobre los fusiles, lo cual no le garantizará mantenerse en el poder. Agradecemos al mundo seguir acompañándonos en este camino de restauración democrática, pronto les daremos extraordinarias noticias del desenlace de la crisis política venezolana.