La tensión en la nación suramericana se mantiene. Nicolás Maduro ha declarado en los últimos días que va a encarcelar a las personas que realicen manifestaciones antigubernamentales conocidas como «guarimbas» en el país. Anteriormente, las «guarimbas» eran promovidas desde las zonas elitistas de la capital como Altamira o Santa Fe, pero esto ha cambiado y ahora se manifiestan contra el Gobierno en los sectores populares, antiguas trincheras del chavismo, que están descontentas porque los escuadrones de la muerte están matando también a sus familiares. «La guarimba no puede volver al país. Tenemos que garantizar la seguridad y al que intente guarimbear que se le aplique rápidamente la ley», dijo el presidente ilegítimo.
A pesar de las amenazas, las «guarimbas» no demoraron en salir a las calles, pero lo que no se esperaba la cúpula que rodea a Maduro es que el foco de los disturbios fueran los sectores populares (barrios) de Caracas como Catia, La Vega, El Valle y Petare antes considerados bastiones del chavismo y que hoy están golpeados por la escasez, la inflación y la recesión que hicieron desaparecer el plato de comida.
Las protestas convocadas por el nuevo líder de la oposición, el presidente interino, Juan Guaidó, despertaron a los venezolanos. El 23 de enero fue un día clave por la proclamación del presidente, lo que desembocó en fuertes disturbios en el país. La primera muerte declarada fue la del joven panadero Alixon Dosantos, de 19 años, uno de tantos que esa noche participó en la cacerolada. Falleció tras resultar herido con arma de fuego en una de las protestas en Catia al oeste de la ciudad capital
«Me duele que lo mataran como a un delincuente. Simplemente salió esa noche a protestar por un cambio necesario en el país. Los escuadrones de la muerte se encargaron de ajusticiar con toda impunidad no solo a mi sobrino sino a muchos más jovenes en toda Caracas», recuerda su tía Nidia Pisani.
Al otro extremo de la ciudad, los vecinos del barrio José Felix de Petare, la favela más grande de América Latina, están en una constante zozobra cada vez que las tanquetas y los camiones blindados escoltados por un centenar de motos recorren las estrechas calles de estos sectores populares buscando a quienes manifiestan o promueven las protestas. Aprovechan la colaboración de los «patriotas cooperantes», término utilizado por el partido del gobierno para los delatores afectos, que trabajan en conjunto desde las comunidades a nivel nacional para el Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin), a través de un sistema denominado SP3 Sistema de Protección de Inteligencia para la Paz. Algo similar a lo utilizado en Cuba durante décadas llamados «chivatos» que informaban a los Comités de Defensa de la Revolución.
Uno de los líderes sociales de la zona, Enrique Cisnero, comenta que fue horrible cómo ejecutaron frente a su casa a unos seis jóvenes de forma criminal. «En este momento preferimos morir en las calles que por el hambre provocada por la ineficiencia del Gobierno», dijo.
Alrededor de 35 muertos y 850 detenidos dejó una semana de disturbios y protestas, según un balance presentado por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Estos comandos vestidos como si fueran a la guerra y pertrechados de armamento llevan sus caras ocultas con máscaras para no ser reconocidos. Allanan las viviendas sin ningún tipo de orden judicial y se llevan todo a su paso. En este momento, la gente en las barriadas populares solo cuenta con el apoyo de las bandas criminales que se enfrentan a estos grupos cada vez que intentan someterlos.
De acuerdo a las fuentes consultadas, la FAES, (Fuerza de Acción Especial) de la Policía Nacional Bolivariana, un grupo especial creado en 2017 por Nicolás Maduro, es la responsable de toda esta brutal represión policial. Desde su creación este cuerpo policial ha estado involucrado en denuncias de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales
A la casa de Mayra León, una madre soltera de 32 años dedicada a la peluquería entraron mientras se encontraba en su trabajo rompiendo puertas, escaparates y robando la poca comida que guardaba. «Esto no se justifica que nos traten así. Yo no le hago mal a nadie. Yo aquí vivo sola con mi hija. Esta gente es mandada para hacernos maldad. Nadie sabe lo que estamos viviendo», dice la mujer entre lágrimas y voz desesperada.
Otra vecina del mismo barrio, que por temor prefiere no identificarse, se encontraba en su casa cuando llegaron los grupos especiales amenazándolos con sus rifles de asalto para que abrieran la puerta. «Abran la puerta que el FAES no perdona», anunció uno de los uniformados. Sus hijos, comenzaron a llorar.
«Cállate, dedícate a estudiar y deja de protestar, que a ti también te vamos a matar», le advirtió otro de los policias a uno de los niños. «Estamos cumpliendo órdenes presidenciales», aseguró.
John Bolton, el Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, envió un mensaje contundente sobre la FAES. A través de su cuenta de Twitter, Bolton catalogó como «matones» al mencionado cuerpo armado y aseveró que han «aterrorizado a niños inocentes en toda Venezuela». Además señaló que «todos los servicios venezolanos deben aprovechar esta oportunidad para aceptar la oferta de amnistía del presidente Guaidó y reconocer al gobierno legítimo».