La Fiscalía argentina se opuso este miércoles a la petición de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández (2007-2015) de suspender el inicio de su juicio oral por presunta asociación ilícita en la concesión de obra pública durante su Gobierno, informaron a Efe fuentes judiciales.
La solicitud de Fernández trascendió el martes y tan solo un día después el fiscal federal a cargo de la causa la rechazó al considerar que la exmandataria no logró probar cómo la pericia sin concluir afecta al derecho de la defensa de la imputada, que fue la base de la petición de suspensión.
Tras la consulta del juez, el fiscal Diego Luciani expuso su negativa en un escrito e instó a que el juicio comience en la fecha prevista, el próximo 26 de febrero.
El juez deberá decidir en un plazo de tres días, después de que se hayan pronunciado la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), dos organismos gubernamentales que forman parte del proceso como querellantes y a los que la Justicia pidió la opinión de la misma manera que a la Fiscalía.
La defensa de Fernández presentó su petición el pasado viernes, aunque se conoció este martes, debido a que considera que “la instrucción suplementaria debe estar terminada antes del inicio del debate”, por lo que, de aceptarse la petición, el mismo se pospondrá.
Asimismo, indicaron que el retraso en la etapa pericial que llevó a la petición realizada ante el Tribunal Oral Federal 2 fue por causas ajenas a Fernández.
En la causa se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad del empresario constructor Lázaro Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz, tierra natal del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), marido de Fernández, y de la que este fue gobernador.
Entre los varios procesos contra Fernández, para cuatro de ellos ya fue citada a juicio oral pero tan solo el de la causa por corrupción en la obra pública tiene su fecha fijada.
Entre quienes se enfrentan al juicio se destacan la expresidenta, Báez (ya en prisión), el exministro de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner.
El juez cree que las maniobras investigadas habrían tenido el “objeto de procurarle al empresario Lázaro Antonio Báez un lucro indebido, en perjuicio de las arcas del Estado nacional”. EFE