Controlar la justicia es una de las herramientas esenciales de todo proyecto autoritario. Primero, para evitar que ella controle al poder político (y sus tentaciones o prácticas corruptas). Segundo, para instrumentalizar a los jueces y fiscales en sus propósitos políticos.
Por DIEGO GARCÍA-SAYAN
De eso se ha visto, antes y ahora, muchos ejemplos a lo largo de la historia: la separación de poderes y la independencia de la justicia como espacio democrático fundamental a avasallar. Así ocurrió en el Perú cuando el fujimorismo sometió a la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, y ocurre hoy en países de Europa del Este donde los autoritarios empiezan neutralizando a los tribunales constitucionales.
Como lo ha destacado en una comunicación reciente el grupo Bloque Constitucional de Venezuela, la falta de independencia de jueces y fiscales frente al poder político es un componente clave en el proceso autoritario que allá se sufre. En el proceso democratizador, como es evidente, contar con una justicia independiente tendrá que ser central para poder hablar de “democracia” en el país. Dos perlas; a modo de ejemplo.
Una, las medidas cautelares penales pedidas por el Fiscal General —designado por una Asamblea Constituyente de dudosa legitimidad— al Tribunal Supremo de Justicia contra Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado interinamente por ésta de la presidencia del país. Medidas que incluyen el bloqueo de sus bienes y el impedimento de salir del país. Velocidad del rayo en la sentencia suprema en violación constitucional pues el Código Procesal Penal establece que no proceden medidas cautelares penales contra altos funcionarios sin previo antejuicio.
Dos, detenciones masivas desde la última semana de enero —más de 850 del 21 al 26 de enero— sin órdenes de captura o autorizaciones judiciales: allanamientos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza sin que los jueces hubieran podido actuar en los casos en que lo intentaron. Lamentablemente, en paralelo, muchas veces jueces y fiscales provisorios, sometidos al poder político, convalidaron —a veces con su inacción— varias de las detenciones arbitrarias.
Una de los medios para afectar la independencia judicial ha sido contar con un índice muy alto de jueces provisorios (más del 80% y el 100% de los fiscales según el Bloque Constitucional de Venezuela). Carentes de estabilidad y garantías, la provisionalidad es instrumental al poder.
Otra forma han sido las operaciones de copamiento del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, espacios sujetos a nombramientos políticos cuestionados desde hace años. Herramienta esencial para esto: una Comisión Judicial controlada políticamente con facultades de nombrar y remover, con total discrecionalidad y sin ningún tipo de estabilidad, a los jueces provisorios.
Como lo vimos también en la experiencia peruana, el manto autoritario y de sujeción al poder no siempre, sin embargo, logra ser absoluto. En medio de tempestades y navegando contra la corriente, hay magistradas y magistrados que resisten a los zarpazos. Dos magistrados en el Tribunal Supremo, por ejemplo, se opusieron a la decisión adoptada por sus colegas contra Guaidó. En los procesos de reconstrucción democrática suelen ser sorprendentes las fuerzas y capacidades internas que afloran para conducir la justicia por una ruta democrática.
Una justicia independiente e imparcial es un derecho democrático esencial de la gente para que cuente con garantías de que se resuelva con neutralidad y de acuerdo al derecho. Y, principalmente, como espacio de control de cualquier abuso de poder. Por eso es en los procesos autoritarios avasallar esa independencia es constante y recurrente. Por eso, desmontar los andamiajes creados dentro del sistema judicial venezolano para someterlo al poder político es uno de los grandes temas de la agenda que hoy levantan las mayorías en ese país.