Como ocurre con muchas de esas ideas que pasan a la historia (véase el muro que Trump quiere construir en la frontera con México), el famoso “eje del mal” que marcó la era de Bush hijo surgió como poco más que un recurso retórico. El presidente George W. Bush pronunció esas palabras por primera vez en su discurso del estado de la Unión de 2002, englobando Irak, Irán y Corea del Norte. Aquello, que dio la vuelta el mundo, parecía sintetizar meses de reflexión sobre los contrapesos y riesgos planetarios tras el 11-S. Años después, sin embargo, uno de los redactores de dicho discurso, David Frum, contaría en sus memorias que la expresión tan solo buscaba crear una argumentación para invadir Irak. Otro de los redactores de la Casa Blanca, Michael Gerson, se le había acercado unas semanas de ese gran día en el Capitolio con un “encargo”. Le dijo: “¿Puedes resumir en una o dos frases nuestro mejor argumento para ir a por Irak?”. Y Frum encontró una frase redonda que pasó a la posteridad. Así lo reseña elpais.com
Antes, los halcones que rodeaban a Bush ya habían muñido el discurso de la inevitabilidad de la guerra de Irak. Uno de ellos era el número de tres del Departamento de Estado: John Robert Bolton. Tenía 53 años, venía recomendado por Dick Cheney y se hizo famoso en la época por haber llegado a decir que Naciones Unidas no existía: “Existe una comunidad internacional que puede ser liderada por el único poder real que existe en el mundo, Estados Unidos”, se despachó.
Hoy, 17 años después, John Bolton sigue en la brecha. Esta vez, como consejero de Seguridad Nacional del Gobierno de Donald Trump. Así que cuando el pasado noviembre, en un discurso en Miami, englobó a Venezuela, Cuba y Nicaragua en la bajo la expresión “troika tiránica”, resonó con fuerza el eco de aquel eje del mal, pero en versión Guerra Fría: “Nos enfrentamos de nuevo en este hemisferio a las destructivas fuerzas de la opresión, el socialismo y el totalitarismo. En Cuba, Venezuela y Nicaragua vemos el peligro de ideologías venenosas sin control”, subrayó.
La arremetida contra Maduro dista mucho, hoy por hoy, de la operación en Irak. Más de 40 países -todas las potencias europeas (salvo Italia) y las americanas (salvo México y Uruguay)- se alinean con Washington, y contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro, al reconocer al líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como único presidente legítimo de Venezuela. La opción de una intervención militar, además, no se contempla todavía, si bien Washington ha dejado claro que es una de tantas sobre la mesa.
Lo que sí avanza esta batalla es un plan más amplio del Estados Unidos de Trump para Latinoamérica. Bolton lo hizo explícito en su intervención de Miami: “Esta troika de la tiranía, este triángulo de terror que une a La Habana, Caracas y Managua, es la causa de un sufrimiento humano inmenso, el motivo de una enorme inestabilidad regional y la génesis de una cuna sórdida de comunismo en el Hemisferio”. “Estados Unidos desea ver cómo cada punta de ese triángulo cae, en La Habana, en Caracas, en Managua”, remachó. Ese mismo día se anunciaron nuevas sanciones a Cuba y Venezuela.
Existe un flujo intercambio y colaboración entre estos países que la Administración de Trump puede torpedear a golpe de sanciones, con la asfixia económica al pulmón petrolero. Venezuela provee a Cuba de crudo barato (en tiempo de Chávez llegaron a venderse 115.000 barriles diarios con grandes descuentos). Y mientras, el régimen castrista protege a Caracas con sus servicios de inteligencia. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, gran opositor de Maduro, ha llegado a cifrar en 45.000 el número de cubanos presentes en el país caribeño, calificándolos de “fuerza de ocupación”.
Por su parte, Nicaragua recibe a su vez apoyo del régimen de Maduro. Samantha Sultoon, analista de Atlantic Council y experta en sanciones, ponía un ejemplo del efecto dominó de los castigos en un artículo reciente. Con el endurecimiento de las sanciones, decía, “el gran benefactor de Nicaragua durante mucho tiempo ha tenido que recortar sus ayudas anuales en cientos de millones, lo que ha llevado a Ortega a sus propios recortes. El anuncio en abril de la bajada de las pensiones públicas y eso erosionó su apoyo público”. Y las penalizaciones del 28 de enero a la petrolera PDVSA castigan directamente a su subsidiaria nicaragüense, Alabinsa.
“El cálculo que probablemente están haciendo en la Casa Blanca en la administración Trump es que cayendo Venezuela y cortar cualquier subsidio que todavía pueda existir en la isla, la situación va a deteriorarse de una manera significativa y esto podría llevar a la caída del régimen castrista. Pero no hay, sin embargo, ninguna garantía de que eso va a ocurrir. Sabemos que Cuba sobrevivió al periodo especial posterior a la caída del imperio soviético, en los 90, sabemos que ese régimen está preparado para vivir condiciones económicas extremas”, apunta Juan Carlos Hidalgo, analista especializado en América Latina del instituto conservador Cato, en Washington. En el caso venezolano, sin embargo, considera que la situación “está más dada para que Nicolás Maduro y el chavismo caigan”.
La sombra de China y Rusia
En cuanto llegó a la Casa Blanca, Trump liquidó el proceso de deshielo que su predecesor, Barack Obama, había iniciado con Cuba frustrado por los magros resultados que había dado hasta entonces la estrategia de sanciones. Volvió limitar los viajes a la isla y vetó el flujo comercial con el conglomerado militar (que suponía el 60% de la economía del país). Las sanciones contra Venezuela y Nicaragua por violación de derechos y por narcotráfico también se reforzaron y, tal como explican fuentes de la Administración, se están estudiando nuevos castigos. “Somos conscientes de los lazos entre dichos países y cómo lo que ocurre con uno afecta a los otros, pero cuando abordamos el programa de sanciones de un país, lo hacemos en función de su situación individual”, explica un alto funcionario de la Administración.
La ofensiva de Estados Unidos contra Maduro y, de retruque, contra Cuba y Nicaragua, también puede servir para contrarrestar la influencia de China y Rusia en la región. Desde 2007, el gigante asiático ha invertido más de 62.000 millones de dólares en Venezuela, sobre todo a través de préstamos, según los datos de la base de datos financieros Bloomberg. Tras China, Rusia es el segundo socio comercial y acreedor más importante de Venezuela, además de un importante proveedor de armamento militar. No hay cifras oficiales, pero las estimaciones más comunes cifran una horquilla de entre 17.000 y 20.000 millones de dólares de inversión desde 2006 por parte del Kremlin y la petrolera estatal Rosneft.
La Administración ve además a Venezuela convertida en un narcoestado que surte de fondos al grupo terrorista libanés Hezbollah. Es el elemento que constituiría a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional EE UU y, por tanto, la idea de que “todas las opciones están sobre la mesa”, incluida la militar”. Maduro sigue de momento enrocado y protegido por los mandos militares. “Seguiremos hablando con Gobiernos del todo el mundo para que se sitúen en el lado correcto de este problema”, dijo esta semana Elliott Abrams, enviado especial de EE UU para Venezuela. Abrams fue unos de los grandes artífices de la política sobre Nicaragua con Ronald Reagan y fue condenado -y luego perdonado- por mentir en el escándalo de Irán-contra. La política de Trump para América Latina está llena de viejos conocidos.
OFENSIVA CONTRA LA HABANA
En su ofensiva contra la dictadura cubana, Estados Unidos además, se plantea abrir una puerta que ahora ahora permanecía cerrada: que los ciudadanos estadounidenses puedan demandar a individuos y compañías extranjeras por propiedades confiscadas en su día por parte del Gobierno cubano. Esta medida se aplicaría permitiendo la entrada en vigor de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 pero nunca efectiva, gracias a las continuas suspensiones aplicadas desde entonces por cada Gobierno estadounidense, demócrata o republicano, por temor al colapso judicial que se podría desatar (el Departamento de Estado calculó en el pasado que podrían surgir hasta 200.000 pleitos, según Reuters).
Pero el pasado 16 de enero, en lugar de dar luz verde a los habituales seis meses de suspensión de dicha ley, la Administración Trump redujo la limitación a tan solo 45 días alegando la necesidad de llevar a cabo una “cuidadosa revisión” del derecho a demandar.