En medio de un intenso debate sobre la posible entrada de ayuda humanitaria internacional a Venezuela los integrantes del Frente en Defensa del Norte de Caracas develaron que desde hace más de un año la alcaldesa Erik Farías ha destinado el presupuesto de ayudas sociales para apoyar económicamente a colectivos armados y actividades asociadas al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Afirmaron que los créditos adicionales aprobados por el Concejo Municipal de Libertador no especifican a quien va dirigido con detalles el dinero, convirtiéndose en un nido de corrupción en potencia.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, relató cómo durante todo el 2018 el Concejo Municipal de Libertador le aprobó a Erika Farías cuantiosas sumas de dinero en créditos adicionales, bajo el argumento vago de otorgar ayudas sociales a personas en situación de vulnerabilidad y discapacidad. “Legalmente este presupuesto debe ir acompañado de un informe especificando el estudio de la persona beneficiada, no simplemente otorgar un dineral a la alcaldía sin ningún elemento de contraloría como ocurrió en estos casos”, dijo.
Rojas detalló que informaciones fidedignas provenientes de empleados de la Alcaldía de Libertador afirman que ese dineral que en 2018 alcanzó los 893.350.938.166,00 de los antiguos Bolívares fuertes no está yendo a parar a personas en situación de pobreza o enfermedad sino para financiar a colectivos armados asociados al PSUV, todo por orden de Erika Farías. “Se niegan a permitir la entrada de la ayuda humanitaria enviada por decenas de países para intentando paliar la aguda crisis que vive el país, pero a la par los pocos recursos asignados por el régimen de Maduro para ayudas sociales son desviados para proselitismo político. No tienen corazón al robarse el dinero de un pueblo que muere de hambre o falta de medicinas”.
El miembro de Caracas Ciudad Plural explicó que la Alcaldía de Libertador es usada por la dictadura de Nicolás Maduro como una caja chica agarrando el dinero del pueblo necesitado de la capital haciéndose millonario un pequeño grupo de boliburgueses o usarlo para financiar a grupos armados y actividades partidistas. “Ese dinero que debe ir a medicinas o comida es desviado a esos malandros que agreden a los caraqueños como ha sido mi caso o el de varios de mi equipo que han sido amenazados solo por el delito de protestar contra el usurpador”, indicó.
Informó que cuando se instaure de nuevo el estado de derecho en Venezuela irán con todas estas pruebas a la Contraloría General de la republica a exigir que los responsables de esta desfalcó a la nación reciban todo el peso de la ley. “Robarse el dinero de los más humildes que mueren de hambre o falta de insumos médicos es delito de lesa humanidad, personeros como Erika Farías, Jorge Rodríguez los Concejales que aprobaron este dinero y el dictador Maduro son traidores a la patria”.
Los barrios de Caracas claman por la entrada de la ayuda humanitaria
Por su parte José Gregorio Ochoa, vocero de Fundación por la Defensa de Antímano, señaló que la asistencia humanitaria debe verse como algo circunstancial hasta tanto pase la crisis, por la cual pasa el país no es una tarea populista como pretende hacerlo ver el Gobierno de facto al compararlo con el Clap. “Debe ir dirigida a los caso de extrema urgencia que no pueden ser atendido en los hospitales y lo cual este ocasionando la muerte de pacientes como por ejemplo los que necesitan diálisis”.
Ochoa expresó que el solo hecho de la virtual llegada de la asistencia humanitaria ha causado el efecto de la importación acelerada de medicamentos, lo que es una demostración de la falacia del gobierno el asunto de bloqueo de las medicinas. “Un ejemplo de ello es la gran cantidad de medicinas que están llegando al galpón del IVSS, ubicado en la 4ta calle de Carapita. La contraloría social ha ubicado algunos vehículos particulares y militares llevando medicamentos de este lugar y los cuales deben ser destinados a hospitales del seguro social”, concluyó.
