La posible caída de Nicolás Maduro es una de las razones que obliga a su par nicaragüense, Daniel Ortega, a dar pasos para reiniciar el diálogo nacional con el que se espera superar la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde hace 10 meses.
Así lo valoró el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rafael Solís, padrino de bodas del presidente Ortega y de la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, y considerado el operador político del sandinismo en el Poder Judicial.
“La posible caída de Nicolás Maduro en los próximos días en Venezuela de una u otra forma traerá consecuencias directas sobre Nicaragua”, razonó Solís, quien se encuentra en el exilio en Costa Rica, en un artículo de opinión.
Ortega es el principal aliado político y económico de Maduro en Centroamérica, y también lo fue de su predecesor, el fallecido Hugo Chávez.
Los fondos de la cooperación venezolana suman 4.932,4 millones de dólares desde que Ortega retornó al poder en enero de 2007, y es canalizada a través de la empresa mixta petrolera Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), que se encarga de suministrar combustible.
Albanisa está integrada por PDV Caribe (51 %), filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), y la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic, con 49 %) .
EE.UU. impuso sanciones a Pdvsa, así como a su filial estadounidense, Citgo, que implican la congelación de 11.000 millones de dólares anuales en ingresos por exportaciones para el Gobierno de Maduro.
Con las sanciones a Pdvsa, también se pena a Albanisa, según explicó el 30 de enero pasado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
Washington sancionó el año pasado al vicepresidente de Albanisa, Francisco López, por su participación en la violencia en Nicaragua.
Mientras la semana pasada, Ortega aceptó la renuncia del mayor general en retiro Ramón Calderón Vindell a la presidencia de la Junta Directiva de Petronic.
A juicio del exmagistrado Solís, el Gobierno sandinista también se ve obligado a negociar ante una creciente presión internacional.
Observó que el mandatario ha aceptado en las últimas semanas la llegada al país de una delegación estadounidense, otra de un grupo de eurodiputados y que incluso invitó a un equipo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para retomar el tema de las reformas al sistema electoral.
Asimismo, señaló que están previstas sanciones individuales a funcionarios nicaragüenses por parte de EE.UU. y de la Unión Europea, así como la posibilidad de expulsar a Nicaragua de la OEA, cuyo organismo ha comenzado a aplicar la Carta Democrática.
Otro factor, a juicio de Solís, es la estrepitosa caída de la economía nicaragüense, que se contrajo un 4 % el año pasado, y con proyectos de decrecer entre un 7,3 a 10,9 % en 2019.
Por último, y no menos importante, sigue siendo la presión interna, indicó.
“Si no fuera, a mi criterio, la conjunción de estos cuatro factores, el Gobierno no hubiera accedido a reabrir el diálogo nacional”, consideró.
“De todas manera, fuera por las razones que fueran hay que verlo como una señal positiva y hay que tomarle la palabra al Gobierno y participar en el mismo, aún cuando haya mucho escepticismo sobre sus resultados”, añadió.
Solís fue uno de los jueces que declaró en octubre de 2009 “inaplicable” el artículo de la Carta Magna que impedía la reelección presidencial continua y limitaba a dos el número máximo de mandatos de un presidente, lo cual allanó el camino para que Ortega optara a la reelección.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
EFE