Estados Unidos anunció el viernes sus primeras sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), negando visas a cualquier persona involucrada en la investigación de las acciones de las tropas estadounidenses en Afganistán o en otros países.
“Hoy (…) estoy anunciando una política de restricción de visas a aquellas personas directamente responsables de cualquier investigación de personal estadounidense”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en rueda de prensa.
Pompeo añadió que Washington está preparado para dar pasos adicionales, incluida la aplicación de sanciones económicas, si la corte sigue adelante con cualquier investigación que afecte a personal estadounidense o aliado.
El secretario de Estado aseguró que ya se habían emitido las primeras prohibiciones de visados, sin revelar el número ni los destinatarios.
La fiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció en noviembre de 2017 que buscaba iniciar una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, incluso por el ejército de Estados Unidos.
Pompeo dijo el viernes que las nuevas restricciones de visa incluirían a “personas que tomen o hayan tomado medidas para solicitar o promover una investigación de este tipo”.
“La CPI está atacando el estado de derecho estadounidense”, explicó a reporteros. “No es demasiado tarde para que la corte cambie su curso y la urgimos a hacerlo inmediatamente”, siguió.
“Las restricciones de visa también pueden usarse para disuadir los esfuerzos de la CPI de perseguir al personal de los aliados, incluidos los israelíes”, agregó el secretario de Estado.
El gobierno de Donald Trump ha cuestionado enérgicamente a la CPI, un organismo encargado de juzgar los crímenes de guerra y los de lesa humanidad, del cual Estados Unidos no es miembro.
“La CPI reclama jurisdicción casi universal sobre los ciudadanos de todos los países, violando todos los principios de justicia, equidad y debido proceso. Nunca cederemos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa e irresponsable”, dijo Trump ante la última Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las sanciones anunciadas por Pompeo fueron la primera acción concreta de Estados Unidos contra la corte desde que la Casa Blanca amenazó a la CPI con tomar represalias en septiembre del año pasado.
“Procesos con motivación política”
El secretario de Estado dijo que Washington rechazó unirse a la CPI “debido a sus inexplicables poderes de procesamiento” y la amenaza que representa para la soberanía nacional estadounidense.
“Estamos determinados a proteger al personal civil estadounidense y aliado de vivir con temor a un proceso injusto por acciones tomadas para defender nuestra gran nación”, manifestó. “Tememos que la corte pueda eventualmente llevar adelante procesos con motivación política contra estadounidenses”, apuntó.
Pompeo destacó que el gobierno estadounidense está obligado a proteger a sus ciudadanos y explicó que ya se han tomado medidas contra los miembros de las fuerzas armadas que hayan tenido un comportamiento inadecuado.
“Cuando los miembros del servicio estadounidense no cumplen con nuestro estricto código de conducta militar son reprendidos, llevados ante una corte marcial y sentenciados, si es lo que se merecen”, indicó.
“El gobierno estadounidense, cuando es posible, adopta acciones legales contra los responsables de crímenes internacionales”, añadió, y destacó su apoyo a las acusaciones por crímenes de guerra en Ruanda y en la antigua Yugoslavia, entre otros.
La CPI y diversos grupos de derechos humanos reaccionaron rápidamente a las declaraciones de Pompeo.
“La CPI, como tribunal de justicia, continuará con su trabajo independiente, decidido, en concordancia con su mandato y con el principio general del Estado de Derecho”, aseguró la corte.
El director de justicia internacional de Human Rights Watch, Richar Dicker, consideró que la medida estadounidense “es un intento patente de intimidar a los jueces y de impedir que se haga justicia por las víctimas en Afganistán”, así como un “claro desprecio por el Estado de Derecho”.
James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, dijo que las declaraciones de Pompeo reflejan la postura de la administración de que la ley internacional importa “sólo cuando está alineada con los intereses nacionales de Estados Unidos”.
La CPI fue establecida en 2002 en virtud del Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países.
Las relaciones entre Washington y la corte con sede en La Haya han sido siempre tensas. Estados Unidos se ha negado a formar parte del organismo y hace todo lo posible para evitar que sus ciudadanos puedan ser objeto de investigaciones.
AFP