Las corruptelas con las que empresarios, políticos y directivos de Petrobras desfalcaron las arcas de Brasil durante casi una década parecen multiplicarse en una pandemia de nunca acabar, una trama desmedida que comenzó a revelarse con la Lava Jato, y que, tras cinco años y 60 etapas después, está lejos de concluir.
Desde que estalló la trama, en 2014, se han cumplido 1.196 mandatos de búsqueda y aprehensión, 227 de conducción cohercitiva y 310 de prisión (entre temporales y preventivas) expedidos por la Justicia Federal contra 267 pessoas, algunas de las cuales siguen prófugas, según datos del Ministerio Público.
La Justicia ya ha dictado sentencia en 50 procesos e impartido 242 condenas contra 155 personas. La suma de las penas totaliza 2.242 años y 5 días.
Además, como parte del operativo también se llevaron a cabo 10 acciones de improbidad administrativa contra 63 personas físicas, 18 empresas y tres partidos políticos (PP, MDB e PSB), requiriendo el pago 18.300 millones de reales (cerca de 4.800 millnes de dólares) a la Justicia.
Asimismo, la Justicia busca recuperar por medio de distintos acuerdos legales unos 13.000 millones de dólares (alrededor de 3.400 millones de dólares), de acuerdo con el Ministerio Público.
Una centena de políticos ha sido salpicada con estas corruptelas, descubiertas por la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, una trama que llega a su quinto año este domingo.
Entre ellos, dos expresidentes: Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), preso por corrupción y lavado de dinero desde abril de 2018, y Fernando Collor (1990-1992), enjuiciado tras haber sido acusado de recibir sobornos para facilitar contratos en una subsidiaria de Petrobras.
Ha sido tal el impacto que ha causado la Lava Jato, que cambió radicalmente el accionar en las instituciones y la forma de pensar de la sociedad brasileña.
Uno de sus más grandes efectos fue el resultado de las elecciones de octubre pasado, que dieron el triunfo al ultraderechista Jair Bolsonaro, un político sin trascendencia en sus 25 años de diputado y miembro de un partido hasta entonces insignificante.
Las revelaciones de la Lava Jato, en la que varios de los implicados fueron dirigentes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), empezando por Lula, generaron una desconfianza generalizada hacia los políticos en Brasil.
A eso se sumó la creciente tasa de desempleo por la profunda crisis económica que tuvo el país durante los años 2015 y 2016, lo que amplió la desconfianza e hizo que la sociedad buscara una respuesta radicalmente diferente.
La operación Lava Jato salió a la luz pública el 17 de marzo de 2014 con la captura de una veintena de personas en 7 estados brasileños.
Las investigaciones revelaron que empresas constructoras pagaban millonarios sobornos para adjudicarse contratos amañados de la petrolera estatal Petrobras.
No obstante, las indagaciones se remontan a julio de 2013, cuando la policía de Curitiba, al sur del Brasil, descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde puestos de lavado automático de autos conocidos como Lava Jato.
De ahí surgió el nombre de la operación más famosa de Brasil, un dispositivo reconocido en el mundo entero y con el que las autoridades nunca imaginaron alcanzar las dimensiones a las que ha llegado.
El éxito -y también el talón de aquiles- de esta operación y todos sus brazos han sido los acuerdos con la justicia, conocidos en Brasil como “denuncias premiadas”, una herramienta que ha puesto a “cantar” a varios de los implicados, a cambio de beneficios como la reducción de las penas.
Los más “colaboradores” -tanto en dar nombres como en pagar millonarias multas por sus actos- han sido los directivos de Petrobras y los empresarios, muchos de los cuales cumplen las condenas en sus lujosas mansiones.
Para Michael Mohallem, coordinador del Centro de Justicia y Sociedad de la facultad de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas, esta estrategia ha sido aplaudida por las verdades reveladas, pero también criticada por la forma en que se redujeron las condenas.
“La denuncia premiada es un instrumento muy poderoso para combatir la corrupción, pero creo que la forma en que ha sido utilizado, dando excesiva voz de a los delatores, ha puesto en duda a las instituciones y ha creado desconfianza”, explicó a Efe.
Según el académico, es necesario “definir” los límites de esa estrategia y mirar también las “lagunas” que hay en la justicia, para que las condenas sean cada vez más claras.
Actualmente existen vacíos jurídicos para procesos penales, entre los cuales destaca el que tiene a Lula tras las rejas: si una persona condenada en segunda instancia debe ir o no a la cárcel.
La actual jurisprudencia señala que una persona debe empezar a cumplir la condena después de que esta sea ratificada en segunda instancia, algo que la Corte Suprema había ratificado para un caso anterior al de Lula.
No obstante, la ley también dice que hasta que el último recurso no sea agotado, el condenado no está obligado a ir a prisión, herramienta que utilizó la defensa de Lula para presentar un nuevo recurso sobre el que el Supremo aún no se pronuncia.
El caso es que más allá del tiempo que se tome la justicia para aclarar los vacíos, los casos revelados por la Lava Jato continúan y el número de fichas que resta por caer es incierto.
EFE.