Otra de las prioridades de una Presidencia de Transición, en el tema ambiental, sería la recuperación de la Reserva Forestal de Caparo en el estado Barinas. Ubicada entre los Municipios Zamora y Andrés Eloy Blanco, cerca de Colombia, tiene una extensión de 180.000 Ha, de las cuales 98% se encuentran ilegalmente ocupadas. Decretada como “Abrae” en 1961, ha sido continuamente invadida desde sus inicios y corre peligro de desaparecer por completo. A comienzos de 2018, decenas de invasores equipados con 300 motos, 3 camiones tritones, insumos y comidas, entraron a una zona de la reserva de 7.000 Ha, asignada a la Universidad de Los Andes (ULA), haciendo gran estruendo y levantando una enorme polvareda, lo que atemorizó a los responsables universitarios. Estos invasores se establecieron allí y desde entonces han arrasado con el bosque y los animales de la zona. Científicos advierten que los ocupantes podrían dañar irreversiblemente el área en unos cuatro años mientras los campesinos de pueblos cercanos aseguran que grupos irregulares y la alcaldesa del municipio Zamora se cuentan entre los beneficiados de esa explotación.
Ya en 2004 habían sido invadidas 900 Ha de las 7.000 del Comodato ULA o Estación Experimental Caparo, de manera que esta nueva invasión pone en jaque a esta zona. En Venezuela, además de Guayana, sólo existen relictos boscosos en Barinas: éste de Caparo y otro en Caimital. Los invasores que aseguran ser campesinos pobres, practican la cacería de animales como dantas, cochino de monte, venados, lapas y cachicamos. Esta actividad diezma la fauna de la reserva. Además practican el abigeato de becerros y búfalos, entre fincas alrededor de la reserva. La pérdida de bosques está perjudicando seriamente a los monos araña que están a punto de extinción. Los invasores tomaron plantaciones especiales de la ULA en que se encontraba una especie de cacao que estaba siendo cultivado experimentalmente por la universidad. Árboles maderables y frutales, de hasta 20 metros de altura, como caoba, cedro, pardillo, jobo, peruetano, chupin, han sido devastados.
Inicialmente los invasores establecen conucos de maíz, yuca, plátano o frutales, para asegurar su subsistencia; luego paulatinamente, durante aproximadamente 4 años, van talando los árboles y quemando sus parcelas. Luego, como la quema mata la fertilidad de suelo, las tierras son aptas para ganadería. Como ésta actividad es de una inversión costosa, que los invasores no pueden asumir, venden las tierras a otros que asumen una explotación ganadera de baja productividad. Existen serios indicios de que la guerrilla colombiana actúa con libertad en el área; pero quien controla la reserva es el Frente Bolivariano de Liberación. Éste en conjunción con la mafia de la madera y las autoridades y policías del municipio Zamora, permite así como pone los precios de la explotación de la madera y de la venta de parcelas; incluso promete entrega de títulos de propiedad de la tierra. Durante el gobierno anterior al actual, hubo una reunión en la que estuvo el Presidente de la República junto a los consejos comunales; en dicha cita se estableció un acta en rechazo a las invasiones, lo que originó que las fuerzas del orden fueran campamento por campamento, desalojando a los invasores, cosa que se logró. En el año 2002 los aserraderos fueron desmantelados. Esto prueba que si hay voluntad política, todo este desastre se puede evitar.
Para desalojar a los invasores de esta reserva, tanto los de ahora como los de antes, de manera de salvaguardar esta zona y recuperar su flora y fauna, se requiere voluntad política, respeto por la ley, cero tolerancia contra el abuso y la viveza y el uso de la fuerza pública para proceder al desalojo. A pesar de la sentencia tribunalicia ordenando el desalojo de los invasores (solicitada por el Fiscal del Ministerio Público), de la Resolución de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Tierras, de la posición de la Dirección de Ambiente de la Gobernación de Barinas y de un punto de cuenta presidencial, firmado por Maduro, en el cual se ordena el desalojo, el asentamiento sigue allí.
Miguel Méndez Rodulfo