Expertos de Naciones Unidas condenaron violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos de manifestantes en las protestas en Venezuela.
Gabriela Sotomayor/lapatila.ccom
“Hemos recibido informes coherentes de una indiferencia sistemática y generalizada de los derechos humanos que se muestran por las autoridades de Venezuela durante la represión de los manifestantes, periodistas y defensores de los derechos humanos’’, condenan los expertos en un mensaje dirigido a la prensa en Ginebra.
“Hacemos un llamado al Gobierno a respetar y proteger el derecho a la libertad de reunión pacífica y de abordar las causas subyacentes de las manifestaciones’’, remarcan.
“La libertad de expresión y de reunión es esencial para que las preocupaciones legítimas de los ciudadanos pueden ser escuchadas y sus necesidades, incluyendo sus derechos humanos, consideradas”, agregan.
Detallan que entre el 21 y 29 de enero, más de 1.000 personas, entre ellas menores de edad, fueron detenidos de manera arbitraria en relación con las protestas. Según sus informes, la mayoría de los detenidos fueron mantenidos incomunicados durante días, sin acceso a familiares o representación legal.
“Estamos particularmente preocupados por los informes que indican que 26 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares progubernamentales mientras participaban en manifestaciones entre el 22 y el 25 de enero”, deploran los expertos.
Indican que las fuerzas de seguridad “presuntamente han utilizado munición real, balas de goma y perdigones contra la multitud. Y aunado a ello los hospitales del país carecen de suficientes recursos médicos para atender a los heridos”.
Además, periodistas y medios de comunicación también han sido blanco específico y enfatizan que los servicios de Internet con frecuencia se han interrumpido parcial o totalmente.
“El 23 de enero solo, 17 periodistas reportaron ataques, detenciones y confiscación de equipos. Ese mismo día, el acceso a los sitios de medios sociales se interrumpió y se dice que tres medios de comunicación fueron allanados por las autoridades civiles y militares, lo que resultó en la destrucción y confiscación de equipos.
“El 29 y 30 de enero, 11 periodistas fueron detenidos arbitrariamente”, sostienen los expertos..
“Cuatro de ellos fueron posteriormente deportados y, entre principios de febrero y la primera semana de marzo, se dijo que al menos 20 más han sido detenidos de forma arbitraria’’, agregan.
También se informa de las comunidades indígenas que han sufrido a manos de las autoridades, con un número de lesiones y muertes, ocasionados por el uso de munición real por la Guardia Nacional Bolivariana en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén.
“Hacemos un llamado a las autoridades de Venezuela para llevar a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva de todas las muertes que se han producido durante las protestas en curso, y para liberar a todos los que han sido detenidos por el ejercicio legítimo de sus derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica “, urgen los expertos.
“Instamos al Gobierno a que tome medidas inmediatas para remediar la situación, incluso permitiendo que los críticos y voces disidentes de ser escuchado en Venezuela, sin temor a represalias, amenazas, violencia u otro tipo de acoso”, llaman.
Los expertos en derechos humanos también expresaron su preocupación “por la situación económica, social y política que se deteriora rápidamente en Venezuela y hacemos un llamado a las autoridades a tomar medidas urgentes e inmediatas para hacer frente a esta crisis compleja, con pleno respeto de sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, instaron los expertos.
Observan que los manifestantes han protestado “por la falta de acceso a servicios básicos, como la salud, medicamentos, alimentos y agua, y pidiendo un cambio democrático”.
“Según informes, la actual represión se ha traducido en un aumento dramático en las detenciones arbitrarias, homicidios, asaltos y torturas”, concluyen.
El documento está firmado por: David Kaye, Relator Especial de la ONU para Libertad de Expresión; Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias; Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los Derechos de Reunión Pacífica y Asociación.
Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos; Nils Melzer, Relator Especial sobre la Tortura; Seong-Phil Hong Presidente del Grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; Dainius P?ras, Relator Especial sobre el Derechos a la Salud; Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Joseph Cannataci Relator especial sobre el derecho a la Privacidad.