El expresidente brasileño Michel Temer fue detenido el jueves como presunto cabecilla de “una organización criminal” que habría desviado centenas de millones de dólares a lo largo de cuatro décadas.
El político conservador, de 78 años, fue arrestado en Sao Paulo y trasladado a Rio de Janeiro por determinación del juez Marcelo Bretas, a cargo en este estado de la megaoperación Lava Jato contra la corrupción.
El caso que motivó la orden de detención provisoria de Temer y otras siete personas, incluyendo el exministro de Minas y Energía Moreira Franco, está relacionado con sobornos recibidos en 2014 a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del Estado de Rio.
La operación investiga “crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero”, con “pagos ilícitos” efectuados por un empresario “para la organización criminal liderada por Michel Temer”, señaló el Ministerio Público Federal (MPF).
El núcleo de esa red fue constituido por Temer cuando era secretario de Seguridad Pública en Sao Paulo, a mediados de los años 80, y el coronel retirado Joao Baptista Lima Filho, quien lo acompañó a lo largo de toda su carrera y forma parte de los detenidos el jueves.
“El coronel Lima y Michel Temer actúan juntos desde la década de 1980”, destacó la fiscal Fabiana Schneider en una conferencia de prensa.
La prisión preventiva se justifica, según el MPF, por la sospecha de que la presunta banda sigue “en plena actividad”.
“Las investigaciones apuntan a que la organización criminal practicó crímenes diversos que involucraron a varios organismos públicos y empresas estatales, habiendo obtenido la promesa, el pago o el desvío hacia la organización de 1.800 millones de reales” (unos 470 millones de dólares al cambio actual)”, señaló el MPF en un comunicado.
La defensa de Temer presentó un recurso de habeas corpus para obtener su liberación inmediata.
Temer y Moreira Franco son miembros del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), un partido que desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) fue aliado de casi todos los gobiernos, sean de izquierda o de centroderecha.
El propio Temer fue de 2011 a 2016 vicepresidente de Dilma Rousseff, a quien sustituyó en mayo de 2016 cuando la mandataria de izquierda fue destituida por un impeachment en el marco de una investigación por manipulación de las cuentas públicas.
El 1 de enero pasado entregó el cargo a su sucesor, Jair Bolsonaro, tras haber ostentado un índice récord de impopularidad en el periodo democrático.
Bolsonaro, electo con un fuerte discurso contra la corrupción y las élites políticas, dijo en Santiago de Chile, donde participa en un foro regional, que el encarcelamiento de Temer es resultado de “los acuerdos políticos [que se hacen] en nombre de la gobernabilidad”.
Según la consultora Prospectiva, el encarcelamiento de Temer y Moreira Franco “favorece el discurso de Bolsonaro de combate a la corrupción” y “retira el foco” de los problemas del presidente, que enfrenta disensos entre sus aliados.
Temer es el segundo expresidente brasileño detenido desde el retorno de la democracia. El primero fue Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), quien purga desde abril de 2018 una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La noticia del arresto de Temer creó temores de retrasos en la aprobación de la reforma de las jubilaciones, reclamada por los mercados. La Bolsa de Sao Paulo reflejó esas tensiones, llegando a caer hasta 2,60% durante el día, pero luego recuperó algo de terreno y cerró con un retroceso de 1,34%.
– Lava Jato contraataca –
El arresto de Temer fue interpretado por analistas como una respuesta de la Operación Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción de la historia de Brasil, ante las críticas de políticos y las decisiones de la corte suprema que en las últimas semanas la pusieron a la defensiva.
Según Prospectiva, “es otro síntoma de la tensión institucional en el país”.
La denuncia que llevó a la detención se originó en confesiones de un empresario implicado en el caso, obtenidas a cambio de una reducción de condena.
La “delación premiada” es uno de las herramientas que permitieron a Lava Jato acusar o condenar a centenas de empresarios y políticos de primer plano, de casi todos los partidos, rompiendo con una cultura de impunidad.
Las otras fueron las prisiones preventivas y el inicio de las ejecuciones de penas de prisión después de una condena en segunda instancia.
Pero la multiplicación de esos procedimientos le valieron críticas de juristas, que los ven como “dictatoriales”.
La corte suprema le asestó un duro golpe la semana pasada, al determinar que crímenes como lavado de dinero podrán ser tratados por las cortes electorales, consideradas más blandas que las penales, si los acusados alegan que usaron el dinero desviado para financiar campañas políticas.
El fiscal de Rio Eduardo El Hage negó el jueves que Lava Jato esté amenazada. “Lava jato va a seguir con mucha fuerza en la lucha contra los crímenes de corrupción. Estaremos aquí para defender a la sociedad”, declaró en una rueda de prensa.
AFP