No es lo mismo tener mucha agua, que contar con seguridad hídrica, este es un concepto en construcción que expresa el grado de confiabilidad con que una población cubre sus necesidades de agua en cantidad y calidad para el consumo humano, producción de bienes y servicios, así como para sustentar las funciones de los ecosistemas, con un nivel aceptable de riesgos asociados al recurso como las sequías y las inundaciones. Asumiendo este concepto, un territorio con una disponibilidad limitada de agua pero con una buena gestión integrada del recurso puede cubrir todas sus necesidades hídricas de manera sostenible, pero un territorio a pesar de tener grandes reservas de agua con una gestión deficiente seguramente tendrá una población sedienta.
En este aspecto, Venezuela cuenta con una de las mayores disponibilidades de agua dulce per cápita del mundo, pero es un recurso con una distribución territorial bastante heterogénea que se ve acentuada por las características demográficas del país, donde las ciudades más densamente pobladas se encuentran en el eje norte costero, mientras que las mayores reservas de agua del país están en la región sur. Sin embargo, la nación cuenta con una importante infraestructura hidráulica en franco deterioro construida durante el siglo XX, que hasta hace un par de décadas permitía cubrir la demanda de agua para los distintos usos.
Una crisis hídrica puede tener su origen en factores naturales como una sequía prolongada o la manifestación de la aridez de una zona en donde simplemente no hay disponibilidad de agua constituyendo una “escasez física”, también puede ser originada por factores socioeconómicos como la carencia de los medios financieros, tecnológicos o de infraestructura para extraer, captar, potabilizar y conducir el agua a donde es requerida llamándose “escasez económica”. De esta manera, se infiere una acentuada escasez económica de agua que se integra a la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, como resultado de una evidente falta de inversión en el sector que se ha visto agravada por la carencia de integridad y transparencia en el manejo de los recursos económicos que se han desviados mediante prácticas de corrupción, entre muchos otros elementos que convergen en el deterioro de los servicios de agua y saneamiento.
Abordar la crisis de gestión hídrica de Venezuela no es solo un tema de infraestructura o de ministerios, la problemática va más allá, abarcando medidas urgentes y aspectos estructurales de gobernanza, planificación, gestión, inversión, financiamiento y falta de una visión integral de la transversalidad del agua en nuestra sociedad para el desarrollo de sectores estratégicos como el agrícola, industrial y energético, encargados de sentar las bases de la seguridad alimentaria y energética, en una interdependencia conocida como “nexo: agua-energía-alimentación” que se pudo evidenciar de la manera más dura con el reciente apagón nacional y colapso de servicios en un efecto dominó que ha profundizado la crisis humanitaria compleja.
Sin seguridad hídrica, no hay seguridad alimentaria. La superficie regada del país ha venido disminuyendo considerablemente durante los últimos años como consecuencia de una errada política agrícola e hídrica que desmotiva las inversiones en el campo y privilegia las importaciones. Las deficiencias del servicio de agua potable son las más mediáticas y evidentes por su impacto directo en la sociedad, pero la perdida de seguridad alimentaria como consecuencia de una mala gestión del agua puede generar más víctimas por hambre que por sed.
¡Hablemos de soluciones! Entendiendo que el acceso al agua es un derecho humano y que además está en el epicentro del desarrollo sostenible como parte de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, debemos realizar un esfuerzo colectivo para la gestión de un recurso tan estratégico y finito, iniciando por la profesionalización y reinstitucionalización del sector, generando un marco de gobernanza participativo, inclusivo y descentralizado por cuencas o regiones hidrográficas conforme a la Ley de Aguas, que permita el diseño, coordinación y cumplimiento de políticas y planes ajustados a las necesidades y realidades socioambientales de cada territorio. Crear progresivamente un sistema financiero que sincere las tarifas y con estas cubrir los costos básicos de operación y mantenimiento de la infraestructura de agua potable, saneamiento, riego y generación hidroeléctrica. Reconocer los servicios que nos brinda el ambiente a través de su infraestructura natural, generando un esquema de retribuciones para el financiamiento continuo de su gestión efectiva y ejecución proyectos de conservación o restauración ecológica de las cuencas hidrográficas y acuíferos.
Debemos prepararnos para un futuro de mucha incertidumbre por la variabilidad hidrológica como efecto del cambio climático, con una estrategia nacional de adaptación y mitigación para alcanzar una verdadera resiliencia que minimice los impactos negativos sobre la población más vulnerable. Hacer énfasis en mecanismos de financiamiento y cooperación multisectorial e internacional como los “fondos de agua” para la gobernanza, gestión y conservación de las fuentes hídricas en un marco de corresponsabilidad, así como la construcción de una cultura del agua mediante programas de concienciación, involucramiento y capacitación de las comunidades para un uso eficiente y sostenible del recurso a todos los niveles. Esta es una estrategia probada y con muchos resultados positivos para mostrar a nivel latinoamericano y que debemos asumir con un enfoque de innovación en el que los técnicos y profesionales venezolanos contarán con un papel fundamental.
Ing. Luís Alejandro Padrino
Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y afines