La reciente declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, significa un nuevo golpe al régimen que encabeza Nicolás Maduro. Se trata de una denuncia que descalifica ética y políticamente a una dictadura aferrada al poder al margen de la legitimidad, y apuntalada en el ejercicio de una salvaje represión sin precedentes en la historia americana.
Con vergonzosas excepciones las izquierdas que en distintas latitudes del planeta apuntalaron a Chávez, y que en un comienzo se hicieron los desentendidos frente a los atropellos de su nefasto sucesor, hoy condenan a la dictadura venezolana y denuncian sus brutales procedimientos, así como su corrupción, sus nexos con el narcotráfico y con el terrorismo internacional.
Venezuela ha pagado durante los últimos veinte años, un terrible costo en muertes, persecución, cárcel, exilio político y emigración forzada, ruina económica, desintegración de las instituciones de la república y destrucción progresiva de los valores fundamentales de la nación. Por ello el tamaño del desastre que sufrimos hace universal el rechazo a la tiranía y obliga a colocar a un lado las discrepancias ideológicas a la hora de mancomunar esfuerzos en el rescate de un país secuestrado por bandas criminales. Y es así como la dos veces Presidenta de Chile Michelle Bachelet, hoy al frente de la importante comisión de la ONU, ha dado continuidad a la gestión realizada por su antecesor Zeid Ra ad Al Husein, quien durante su desempeño como Alto Comisionado denunció las atrocidades de las dictaduras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Sólo que para Maduro y Ortega resulta imposible convencer a nadie de la absurda versión según la cual Bachelet es un agente del imperialismo o una figura integrante de la supuesta conspiración tenebrosa que pretende acabar con la igualmente supuesta “revolución del siglo veintiuno”.
La señora Bachelet, al margen de la visión que se tenga de su desempeño como lideresa de la izquierda chilena, tanto en el ejercicio de los gobiernos de la Concertación Democrática como en los tiempos de su militancia política contra la dictadura de Pinochet, lo cierto es que ella fue víctima directa de la persecución de ese régimen. En 1975 es detenida, junto a su madre la arqueóloga Angela Jeria por la criminal Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y trasladadas al centro de torturas conocido como Villa Grimaldi en donde fueron sometidas a bestiales suplicios, muy similares a los que hoy en nombre la revolución se aplican en Venezuela. Su padre el general de brigada de la fuerza aérea Alberto Bachelet murió el 12 de marzo de 1974 en la cárcel pública de Santiago al sufrir un infarto, como consecuencia de intensas jornadas de castigos corporales. Había sido declarado “traidor a la patria”, por negarse a respaldar el golpe contra Salvador Allende, y por su participación en ese gobierno como Jefe de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP), organismo encargado de combatir la especulación y la escasez de los productos de primera necesidad. Por cierto, traidor a la patria ha sido el mismo calificativo utilizado por Fidel, Chávez, y Maduro para liquidar la disidencia.