La coordinación nacional de la Mesa Social de Caracas, rechazó las acciones que desde la Asamblea nacional constituyente viene adelantando el régimen de Nicolás Maduro en contra del presidente encargado Juan Guaidó al considerar que “se violan todos los preceptos y principios fundamentales de la legislación venezolana”, señaló Javier Simancas, abogado y miembro de este movimiento social capitalino.
Explicó que la intención de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de la que está siendo objeto Juan Guaidó carece de legalidad porque las designaciones de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia no cumplieron con los requisitos para poder ejercer el cargo de magistrados, tal como lo estableció la Asamblea Nacional, algo que en su opinión “es sin lugar a dudas una aberración jurídica”
El jurista precisó que en el caso del Fiscal general de la República no se cumplió con su nombramiento de acuerdo al artículo 279 de la Constitución, que señala que quien ocupe este cargo debe ser designado por la Asamblea Nacional. “Una Asamblea nacional constituyente que no tiene basamento de origen, nombra a este señor valiéndose de un mal llamado desacato que no tiene asidero jurídico”.
En cuanto a la inhabilitación política, Simancas advirtió que el Contralor no tiene la competencia constitucional para aplicarla. “En todo caso solo puede sancionar porque sus actos son de índole administrativos, por lo que son, los tribunales ordinarios, los únicos que tienen esa capacidad, de acuerdo con lo que expresa el artículo 42 de la Carta magna al establecer que los derechos políticos solamente pueden ser suspendidos por una sentencia definitivamente firme”.
Recordó que sobre este tema, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se pronunció en 2011 en el caso de Leopoldo López y estableció que los organismos administrativos “no podían inhabilitar políticamente a ningún ciudadano, no olvidemos que somos parte de la comunidad internacional y del convenio que conformó la creación de esta instancia supra regional desde el año 1977”.
“Ante todas estas atrocidades jurídicas, hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que exhorte al Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio a pronunciarse por estos actos ineficaces y de nulidad absoluta”, enfatizó.
Por su parte, Benito Urrea calificó como un “crimen político” la acción que desde la Asamblea nacional constituyente en contra del presidente encargado Juan Guaidó. “Cuatro organismos del Estado que han sido designados de manera fraudulenta se han confabulado para matar lo que pudiera ser la última puerta de salida a una democracia seria y responsable como lo son en todo el mundo”, concluyó. /Nota de Prensa