El gobierno de Daniel Ortega y la oposición llegan este miércoles al plazo fijado para alcanzar un acuerdo para superar la crisis política en Nicaragua con discrepancias sobre temas centrales de la agenda, lo que los opositores atribuyen a la falta de voluntad de la delegación oficialista.
“La voluntad política es inexistente de parte del gobierno”, afirmó el economista Juan Sebastián Chamorro, representante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), antes de la reunión de este miércoles con el gobierno.
El gobierno y la oposición iniciaron el 27 de febrero negociaciones para buscar una salida a la crisis que enfrenta el país desde que estallaron las protestas contra Ortega en abril del 2018, cuya represión dejó 325 muertos, cientos de detenidos, más de 50.000 exiliados, cientos de detenidos y graves daños a la economía.
Los desacuerdos en torno a la participación de garantes internacionales, la represión de las protestas, el encarcelamiento de opositores y las discrepancias sobre los presos que deben ser liberados han bloqueado el diálogo, según Chamorro.
“Estamos esperando voluntad política de parte del gobierno” para avanzar, indicó el opositor, quien mostró poco optimismo de que se logren acuerdos al vencerse este miércoles el plazo para completar las negociaciones.
El lunes, la delegación del gobierno rechazó la propuesta opositora de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Aconudh) como garantes de los acuerdos sobre la restitución de derechos ciudadanos.
Pese a las diferencias, las partes decidieron el martes discutir el tercer punto de agenda relativo a “justicia, reparación y no repetición” de la represión contra opositores, pero la propuesta del gobierno “fue una burla”, según Chamorro.
“Seguimos viendo encarcelamientos” de opositores, pese a que la semana pasada Ortega se comprometió a cesar las detenciones ilegales, dijo el economista.
Adicionalmente, persisten diferencias sobre la lista de opositores presos que Ortega prometió el 20 de marzo liberar en un plazo máximo de 90 días, y que aún no se ha ejecutado.
La oposición contabiliza 779 detenidos por protestar contra el gobierno, incluidos los 150 opositores beneficiados el último mes con casa por cárcel, mientras que la Comisión de la Justicia y la Verdad creada por el parlamento de mayoría oficialista registra 261.
Según Chamorro, el gobierno quiere incluir en su lista a personas detenidas por delincuencia común.
Ante la falta de acuerdos en torno a gran parte de la agenda, las partes podrían decidir extender el plazo de negociación.
AFP