Cualquier observador de la situación Venezolana podrá notar sin mucho esfuerzo, que la confrontación es entre la política en su amplio sentido, y el grupo que por la fuerza se mantiene causando daños irreversibles en el proceso social.
Por un lado, fuerzas que convergen en el rescate de la política. Es el significado que se desprende de las actuaciones de la Asamblea Nacional y el Presidente legítimo. Prueba de ello, son los distintos instrumentos ofrecidos para el proceso de transición, al que irreversiblemente nos acercamos, que además son ya parte de la historia patria y que identifican mundialmente el desalojo de una tiranía, con la valentía y la fuerza que otorgan los movimientos de cambio, bajo el uso de la razón y la verdad.
El Ultimo llamado, “operación libertad”, confirma un proyecto que atiende a todas las categorías de una transformación, que avanza como movimiento libertario ,y que además es la expresión de una inequívoca voluntad política integrada, que aprende de errores, que impulsa la discusión para lograr acuerdos y respeta el disenso. Es prueba de que la inclusividad democrática, requiere de procedimientos transparentes que impulsan la pluralidad social. Este proceso de tanto sufrimiento, también ha servido para recomponer la cultura política y pensar sin pérdida de tiempo en la nueva institucionalidad, que reforzará los partidos políticos democráticos, profundizará la confluencia entre el poder legislativo y el nuevo poder ejecutivo, que preside Guaidó. Han sido enarboladas las banderas para la interacción política que impulsará el cambio.
Por otro lado, vemos el desmoronamiento no de una política, sino de la delincuencia organizada, que se apoderó por la fuerza del Estado Venezolano, con un falso poder legislativo y judicial, írritos, que llaman desesperados a los colectivos, que crean un clima de violencia y miedo.
Por ello es imposible pensar que con esta gente se pueda avanzar en una negociación. Somos un país víctima de la delincuencia transnacional, de traficantes de todo tipo, que además son una amenaza mundial.
Un grupo importante de la dirigencia política (Ledezma, María Corina, entre otros) han planteado que se acerca el momento de la aplicación Constitucional del artículo 187-11, que autorice bajo la facultad legítima de Guaidó, misiones extranjeras en el sentido amplio, y que nos ayuden a restaurar la paz, la institucionalidad y los servicios saqueados por fuerzas de ocupación extranjeras: (rusos, cubanos, hezbolá, guerrilleros y vividores del bajo mundo criminal del comunismo y sus mafias globales).
Nada se descarta en una lucha contra la invasión de criminales. El artículo 51 de la carta de las Naciones Unidas resalta el derecho inmanente de legítima defensa colectiva ante invasiones como la comentada.
Volvamos al debate diario de cada parte. Las mafias con su violencia, sus amenazas, sus actos inconstitucionales contra la participación. Sus groseras intervenciones arcaicas y dislocadas. Por el otro, un Parlamento y un Presidente, presentando salidas políticas para vencer este grupo criminal.
Se acerca el triunfo de la democracia contra la marrullería y la artimaña.
Correo electrónico [email protected]