Bajo la consigna “leales siempre, traidores nunca” se desplazan con los rostros cubiertos a bordo de motos, portan armas, y actúan con impunidad frente a la mirada indolente de las autoridades; me refiero a los colectivos, grupos que aunque fueron concebidos con fines de apoyo en las comunidades, se han convertido en un brazo violento e intolerante de la “revolución” en Venezuela.
Chávez en 2010 lo decía claramente:
“nuestra revolución es pacífica, pero también armada. Es imposible hacer revolución desarmada. Que no se equivoque esa burguesía, o el imperialismo (…)”
De allí que asombrosamente el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, además de Defensa sean prioridad en el presupuesto nacional. Increíblemente los montos asignados a estas carteras superan los destinados a educación, e incluso, triplican el de salud.
Ante lo que ha reiterado como la incesante e inminente amenaza de invasión extranjera, el gobernador desde hace 10 años de Yaracuy, militar que participó en el golpe de Estado del año 1992, y miembro de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Julio León, ha liderado “en nombre de la paz”, la unión cívico – militar en la entidad, una estructura de choque conformada por simpatizantes del gobierno dispuestos a enfrentar cualquier amenaza que afecte la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, y ponga en riesgo lo que señalan como “20 años de logros”.
A raíz de los sucesos del 23 de enero en Yaracuy, donde 52 personas fueron detenidas arbitrariamente, León quien se confiesa devoto de la Santísima Trinidad, decidió jugar a la guerra desde un helicóptero, aeronave con la que a muy poca distancia sobrevuela la ciudad cuando la oposición ha convocado actividades de protesta en la región.
Desde la altura visualiza, coordina acciones en complicidad con altos funcionarios de la policía, y ordena a los colectivos a acorralar, emboscar, atacar, perseguir y dispersar a quienes pacíficamente exigen derechos tan esenciales como el acceso al agua potable, así como ocurrió exactamente un mes después, el 23 de febrero, cuando los colectivos atacaron sin escrúpulos a un joven que iba en la marcha. La golpiza que recibió fue tal que tuvo que ser hospitalizado de urgencia por vomitar sangre. Ese momento de la agresión quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales, y para tratar de exculparlos, el mismo gobernador obligó a los padres de la víctima a desmentir ante los medios de comunicación lo que pasó. Además, les advirtió que si acudían a denunciar el caso su hijo sería encarcelado inmediatamente al ser dado de alta en el centro de salud por “terrorismo”, un delito contemplado en las leyes venezolanas, y que les hizo recordar que el 23 de enero 11 menores de edad fueron detenidos y privados de libertad por según haber participado en la marcha con bombas de fabricación casera.
Al colocar armas en manos de estas personas Julio León está desconociendo que su control y uso, así como el orden interno son competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional -institución de la que precisamente egresó y que hoy le otorga el rango de capitán-, por lo que fomentar este tipo de organización es ilegal e inconstitucional.
Estos grupos siembran terror y zozobra por donde quiera que pasan, manteniendo en toque de queda a la población. Salen de día y de noche a robar, amedrentar y perseguir a opositores en medio de una conmoción social que deriva de una emergencia humanitaria compleja producto de las erradas políticas del régimen que ocupa desde hace dos décadas el Palacio de Miraflores, lamentable situación por primera vez vivida en nuestra historia contemporánea.
Ahora bien, en Yaracuy esos delincuentes llamados colectivos se agrupan en el llamado “Frente Motorizado Comandante Hugo Chávez”, una organización reconocida públicamente por León como su “digna fuerza motorizada”, y que al no hacer visibles sus caras violan el decreto 3.914, medida de carácter especial promulgada por él mismo el 24 de abril de 2017, en el que con el fin de preservar la seguridad ciudadana y la paz prohíbe el uso de capuchas durante las manifestaciones:
“Quien vaya a una marcha o concentración con una capucha u ocultando su rostro para que no lo identifiquen anda con evidentes malas intenciones e incurre en un delito que debe ser fuertemente sancionado”. “Son acciones que evidencian claras actitudes violentas, que no podemos permitir. Por ello impulsamos estas medidas determinadas en el decreto y fundamentadas en nuestro estamento jurídico y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar el orden y evitar cualquier actividad que atente contra la paz en el estado”, enfatizó el mandatario.
Yaracuy ha servido de territorio para la implementación de planes pilotos como los fracasados y cada vez más excluyentes Consejos Locales de Alimentación y Producción (CLAP); la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), una estructura de espionaje social similar a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de Cuba, y el 29 de marzo activó las alarmas del mundo tras la realización de una serie de entrenamientos para la defensa de la patria con el acompañamiento del presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), también primer vicepresidente del PSUV, y sancionado por el Departamento del Tesoro, Diosdado Cabello. Esta es la nueva estrategia diseñada para una nueva etapa de ofensiva donde los protagonistas son estos mercenarios que actúan sin escrúpulos a cambio de dinero, una caja de alimentos, cauchos, sustancias estupefacientes o licor.
Este sábado 6 de abril observamos nuevamente la vil actuación de los colectivos en Yaracuy. Agredieron y robaron a los asistentes a una concentración en la plaza Teófilo Domínguez de San Felipe, una señal más de la sistemática violación de los derechos humanos en el estado. El hecho de que curiosamente no hayan sido detenidos por los cuerpos de seguridad es la mayor demostración de que están siendo amparados por el gobierno, una situación que se está saliendo de las manos del gobernador y solo fomenta el enfrentamiento de pueblo contra pueblo.
@memientanchico