El presidente de la Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución , Vicente Brito, asegura que “en la medida en que el deterioro de nuestra forma de vida se hace más evidente y la crisis en que nos encontramos se agudiza, los responsables de haberla causado demuestran una indiferencia y una apatía que nos indican que la misma no les preocupa y por lo contrario siempre tienen otros responsables a quienes acusar como los causantes”.
“Lo que observamos es que la consideran como una coyuntura favorable al no apreciarse respuestas contundentes y efectivas, que permitan al menos detener el deterioro creciente observado en todos los índices sociales. Así lo demuestran los elevados niveles de pobreza y el que cada día sea menor las posibilidades de acceso a los alimentos esenciales, los cuales se hacen evidentes en las mayores limitaciones que hemos tenido en nuestra historia petrolera, unos 105 años, que afectan y limitan a los venezolanos tales como:
1. Caída del consumo por pérdida del poder adquisitivo, limitando la adquisición de los productos que tradicionalmente eran de los de mayor demanda para las familias.
2. Preocupantes niveles de desempleo e informalidad. Ambos alcanzan casi dos terceras partes del total nacional de personas en edad y necesidad de trabajar.
3. Aumento de la pobreza sobre todo la extrema que se ha duplicado entre el 2018 y lo que va del 2019 y ya está en el 40% del total de las familias.
4. Mayores limitaciones familiares para atender necesidades como adquirir zapatos, vestidos, reparar un electrodoméstico, adquirir una cocina, nevera, lavadora o un juego de muebles.
5. Se estima que más del 90% de los venezolanos son dependientes exclusivamente del sistema público de salud al no disponer de pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad. Lo cual crea limitantes entre la capacidad hospitalaria y el gran número de pacientes que requieren estos servicios. Esto complica aún más las posibilidades de tener una asistencia oportuna y adecuada en cuanto a intervenciones quirúrgicas, hospitalización, tratamiento médico, así como obtener las medicinas necesarias.
6. Creciente deterioro de los servicios públicos especialmente agua y electricidad.
7. Crisis en el transporte público al disponer de un menor número de unidades para prestar un adecuado servicio, encontrándose buena parte del país sin autobuses al estas unidades encontrarse paralizadas por repuestos y cauchos siendo sustituidos parcialmente por camiones y camionetas muchas de las cuales no disponen de la comodidad y seguridad adecuadas.
8. Creciente inseguridad ciudadana y mayor número de delitos cometidos.
9. Dificultades para obtener cédula de identidad, licencia de conducir y otros documentos.
10. Las empresas públicas que proveen alimentos y algunos productos esenciales siguen disminuyendo su capacidad de producción.
11. Reducción en los servicios de gas en bombonas. Afectando mayormente a barrios y comunidades rurales”.
Asegura que “existen otras fallas observadas en los servicios y medios de producción que deben prestar los organismos y empresas públicas que no se han considerado en nuestro análisis, pero hemos mencionado a las que de acuerdo a nuestros diagnósticos tienen más incidencias directas en el deterioro de nuestra forma de vida”.
“Lo que sí es evidente es que hemos desmejorado los niveles de calidad de vida, causadas por las limitaciones de los organismos públicos responsables en poder cumplir satisfactoriamente con nuestras necesidades más esenciales”, agrega.
“Lo cual unido a las políticas públicas aplicadas, son evidentemente responsables de los altos niveles de pobreza, desempleo y pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de la escalada inflacionaria causada por el crecimiento de dinero inorgánico creado por el Banco Central para cubrir el déficit fiscal”, concluye.
Nota de Prensa