Quien fuera dos veces presidente del Perú, doctor Alan García Pérez, se ha suicidado con un tiro a la cabeza durante el allanamiento a su casa ordenada judicialmente para su detención preliminar en razón de las investigaciones que vienen realizando un equipo especial de fiscales del Caso Lava Jato sobre supuestos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión.
Indudablemente, la decisión del expresidente de concluir con su vida en forma tan trágica ha dejado al país en estado de absoluta perplejidad y preocupación, toda vez que a su muerte crecerán más inquietudes que respuestas; pues la cuestión habría pasado de ser meramente judicial para convertirse en un tema de política.
Si bien, soy de aquellos que creo que la corrupción que se ha enquistado en altas esferas del Estado hay que combatirla duramente y sin cortesías, las acciones por parte de las esferas fiscales y judiciales están resultando más perturbadoras que alentadoras pues al contar con extraordinarias facultades otorgadas por Ley para detener por simples indicios, incluso, a expresidentes, exministros, magistrados y altos funcionarios, entre otros tantos, pareciera que los enjuiciamientos se aproximaran más a un gran circo mediático que un propósito de la búsqueda de la verdad.
Claro está que la cruzada de limpiar al país de aquellos políticos, funcionarios, jueces y fiscales deshonestos resulta encomiable, ya que nadie –en su sano juicio- puede pretender que la corrupción constituya una virtud y que aquellos sobrevivan sin sanción o pena alguna por parte de las autoridades, la permisibilidad en las atribuciones fiscales y judiciales, que deben estar sujetas a la estricta severidad sobre las indagaciones, han convertido los procesos de enjuiciamiento en una especie de espectáculo para unos auditorios que reclaman más sangre antes que la convicción de las pruebas. La presunción de inocencia se ha convertido, así, en una simple conjetura que debe ser probada ahora -prácticamente- por los imputados y no ser demostrada por los acusadores.
Si bien, las informaciones periodísticas han expuesto con crueldad la corrupción del sistema político del país, los inusuales apresuramientos en las conclusiones de las investigaciones fiscales para unos casos y las insólitas dilaciones en las indagaciones para otros políticos ponen, a mi criterio, en cuestionamiento la sensatez que debiera primar en la administración de justicia ante la aun insuficiencia de argumentos probatorios para llevar a la cárcel a los imputados.
Siendo abogado en ejercicio, mi natural reacción frente a las excesivas y prolongadas detenciones preliminares de quienes se presumen habrían cometido delitos, principalmente, contra el Estado me abren la sospecha que este espectáculo de sucesivos allanamientos y detenciones se aproxima más a un linchamiento político que a un debido proceso judicial. Pareciera que el Principio del Debido Proceso fuera tan sólo un artilugio de los imputados para evadir las probables responsabilidades penales más que un esencial precepto a ser cumplido por las autoridades judiciales.
Aunque raramente los políticos en el Mundo gozan de poca simpatía ciudadana, también tenemos que evitar culparlos de todos nuestros males a aquellos que en algún momento dirigieron los destinos de nuestro país porque ello nos resulta más pernicioso que beneficioso.
En lo personal, no dudo que el suicidio del expresidente García enturbiará más el panorama político de lo que está ahora y que el dedo acusador se dirigirá a quienes supuestamente habrían estado luchando contra la corrupción. Algo tan paradójicamente contradictorio como inquietante para la credibilidad en la Justicia que se siguen en los demás procesos judiciales contra otros expresidentes, exministros y otros políticos peruanos.
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