La Vega es una populosa parroquia que tradicionalmente se había identificado con el oficialismo, donde era poco común ver manifestaciones en contra del Gobierno y donde la dirigencia de oposición tenía el trabajo político cuesta arriba. Las cosas han cambiado, pero no por ello se ha facilitado el trabajo de la dirigencia de base, que ahora ya no debe lidiar con la indiferencia de los habitantes, pero sí contra la persecución del Gobierno con su mano más terrorífica: las FAES.
Por: Héctor Antinílez | Crónica Uno
Para evitar ser detenidos por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) algunos dirigentes de base han tenido que huir de la zona y tratar de seguir haciendo el trabajo político desde la clandestinidad y a distancia.
Las manifestaciones en contra del gobierno de Maduro que arreciaron durante el primer trimestre de este año, con Juan Guaidó a la cabeza, visibilizaron lo que en los barrios era vox populi: el descontento de la gente. Luego de un mes de que Guaidó jurara como presidente interino e intentara que la ayuda humanitaria entrara al país, las FAES iniciaron una persecusión constante en contra de un grupo de dirigentes locales en diversas zonas de Caracas, entre ellas La Vega.
No fueron las noches previas al 23 de enero —que trajeron consigo protestas, cacerolazos y hasta saqueos en la parroquia— las que detonaron las persecuciones. Todo ocurrió después del 23 de febrero. “El 23-F fue el detonante, desde ese día empezaron a ir duro contra los líderes“, explicó uno de los dirigentes que aún se mantiene en la parroquia, pero que prefirió declarar bajo anonimato por temor a represalias.
Ángel Orellana, uno de los dirigentes políticos que tuvo que abandonar su residencia, comenta que no hubo un hecho en concreto que iniciara la persecución, pero considera que algo debió haber ocurrido para que se produjera el ensañamiento que hubo los días posteriores al 23-F, “alguna parte sensible del Gobierno tocamos”, dice él.
Los días previos al 23 de enero la dirigencia opositora en La Vega se mantenía ocupada organizando los cabildos abiertos que se habían planificado desde la dirección nacional. Los eventos fueron planeados para hacerlos en Montalbán, pero la buena receptividad por parte de habitantes de La Vega hizo que pronto se movieran a los sectores populares de la parroquia.
El dirigente con más de 40 años de labor política añade que esos fueron los eventos que llamaron la atención del chavismo en la comunidad. “Algunos dirigentes del PSUV que uno conoce se acercaron y vieron los eventos. Ahí arrancó la persecución contra nosotros”, recuerda.
“Las FAES allanaron mi casa cuando estaba en la marcha”
El 23 de febrero los allanamientos se registraron en mayor escala. No fueron los primeros en La Vega, pero a partir de entonces los dirigentes, por protección, supieron que no podían regresar a la parroquia.
Jose Gregorio Becerrit se encontraba en la marcha del 23 de febrero convocada en Caracas cuando las FAES fueron a su residencia para allanarla.
Explica que durante el procedimiento se encontraba su hermana, la cual vive en un anexo de su casa y tenía llave de la residencia. “Ella abrió para que no reventaran la puerta”, dice. Fue ella la que “acompañó” a los uniformados y que notó que todo se hizo sin orden judicial y sin la presencia de un fiscal del Ministerio Público.
Como Becerrit no estaba en el lugar, se la llevaron a ella detenida sin orden y contra su voluntad. Un secuestro.
“A ella se la llevaron como mecanismo de presión para que apareciera yo. Buscaron a un dirigente del PSUV para que fuera testigo de que encontraron en mi casa cosas incriminantes que colocaron ahí. No he tenido acceso al expediente, pero la cosa era decir que yo era guarimbero“, explica Becerrit.
Trabajando desde la clandestinidad
Tras los allanamientos efectuados a las casas de más cinco dirigentes de La Vega (algunos prefirieron no ser nombrados), tanto Orellana como Becerrit tuvieron que salir de La Vega y se mantienen activos como dirigentes desde la clandestinidad.
Becerrit lo resume de la siguiente manera: “No puedo presentarme en La Vega porque si voy, me van a capturar”, pero pese a esto, asegura que no ha estado apartado de la política en su parroquia. “Yo me tuve que ir de La Vega, pero estoy trabajando desde la clandestinidad, coordinando y organizando, aunque ha sido muy difícil porque no puedo ir a los eventos y todavía nos sabotean las actividades“, señala.
En el caso de Orellana, su evasión responde más a temas de salud, como él mismo dice: “Si me meten preso, soy un muerto más”. En el 2017 se sometió a una cirugía cardíaca que lo mantiene delicado de salud. Aún así no puede regresar a su hogar y no lo ha hecho desde hace casi 2 meses, tiempo que lleva asistiendo a reuniones y coordinando la Operación Libertad.
Con todo, la situación ha sacado lo mejor de los parroquianos, quienes han manifestado su solidaridad a los dirigentes perseguidos. “A veces pienso que aunque algunos líderes nos hemos tenido que apartar, lo cierto es que esto va creciendo y ha generado mucha solidaridad con nosotros. Fui hace poco al funeral de un muchacho de la comunidad que falleció y el cariño que recibí por parte de las personas de La Vega fue muy bueno“, comenta Orellana.