Un importante y numeroso grupo de destacados ciudadanos venezolanos ha presentado un manifiesto, firmado por más de un centenar de personalidades nacionales, en el que se explican las razones urgentes de detener el agravamiento suicida de la crisis provocada por la tozudez del régimen castrocomunista que se ha apoderado del Estado, para que se aparte y haga posible la definitiva liberación de Venezuela en aras de su progreso y desarrollo. Es un sacudón a la conciencia de aquellos opositores que se niegan a comprender la trágica hondura de la crisis y la amenaza real que se cierne sobre nuestro país y todos los países de la región, víctimas del asalto de los enemigos de la paz y la democracia que acechan en distinta medida a todas las sociedades del hemisferio.
No es una propuesta grata ni ideal para la resolución de la crisis, si bien parece no haber otra solución a la misma. El asalto al Estado de Derecho, facilitado masivamente por los propios electores en uno de los momentos más trágicos del abandono de la conciencia democrática nacional al resguardo de sus máximos valores, logró su desiderátum: quebrantar la fidelidad y lealtad de las fuerzas armadas para con el sistema democrático, ponerlas al servicio de sus enemigos y paralizar y entorpecer mediante el avieso uso de la fuerza de las armas la debida reacción en contrario de individuos, partidos y organizaciones tradicionalmente a cargo del resguardo de nuestra soberanía e institucionalidad. No sólo la drástica pérdida de la capacidad inmunológica del cuerpo democrático institucional, sino la reconversión de la misma en el principal agente de la destrucción. Como lo hemos señalado en algunas ocasiones, se trata del más vasto y demoledor proceso de automutilación de una sociedad latinoamericana, con la sola excepción del caso cubano, que se halla en la raíz de este asalto de la barbarie a la razón.
Se presenta el manifiesto en el momento propicio, justamente cuando en un caso de patética y lamentable ceguera, los gobiernos aún libres del mortal asalto del castro comunismo – único y principal enemigo de la paz interior de nuestras naciones desde el asalto del castro comunismo al Estado cubano, el 1 de enero de 1959 – se resisten a darle el visto bueno a la propuesta intervención de los Estados Unidos en auxilio de la tragedia venezolana tras el periclitado y absurdo pretexto del rechazo a la intervención de otros estados en los asuntos internos de los estados afectados. Un argumento que el agravamiento del estado de sanidad de los países comprometidos y la ominosa libertad con que sus enemigos pueden campear a sus anchas, incluso armas en la mano, terminó por sacar del camino. ¿Pueden los enemigos de la libertad de los pueblos actuar amparados por la prohibición de intervenir en los asuntos internos de la sociedad en vías de extinción por la canalla militar de sus feroces enemigos, ellos sí, multinacionales?
En un acto de trascendencia histórica, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió en 2005 que no se debía permitir la impunidad con la que gobiernos extranjeros aliados con fuerzas nacionales internas, o regímenes dictatoriales y represores nacionales podían cebarse en la represión de sus propios pueblos. A esa resolución, que le ponía coto al crimen cometido por sus propios gobiernos y/o a gobiernos invasores extranjeros, se le dio el título de RESPONSABILIDAD DE PROTEGER, conocido desde entonces como R2P, Responsability to protect. Supone la indiscutible superioridad de los derechos de los pueblos por sobre los de sus gobiernos y la asunción de la responsabilidad de la comunidad internacional de ir en auxilio de los pueblos inermes ante los abusos terribles a que ciertos regímenes dictatoriales, amparados en el uso de sus fuerzas militares, los someten.
De la misma manera ha venido procediendo la Organización de Estados Americanos, que de ser un club de gobiernos que actuaban protegiéndose y alcahueteándose mutuamente con el principio de la no intervención, ha establecido una carta de principios democráticos que debe ser respetada por los gobiernos en favor de la integridad de sus pueblos. Un ordenamiento perfectamente atropellado con formalismos procedimentales y jurídicos por parte de anteriores secretarios generales, puesto en rigurosa vigencia por su actual Secretario General, el Dr. Luis Almagro. A quien se debe el milagroso renacimiento de dicha institución en resguardo de las democracias regionales.
Es doloroso, por no decir trágico, que el llamado Grupo de Lima aún no acierte a comprender la trascendencia histórica de la Responsabilidad de Proteger y, víctima de principios ajenos y en muchos sentidos de prejuicios anti históricos y periclitados se niegue a privilegiar el auxilio a la integridad física y moral de los ciudadanos atropellados por la vesania y el ultraje de dictaduras vecinas, convirtiéndose en defensores de facto de quienes los tiranizan.
El documento Cese de la Usurpación y cumplimiento del deber y la Responsabilidad de Proteger (R2P) ha comenzado a circular en las redes. Debemos respaldarlo con todas nuestras firmas para que se convierta en un instrumento de aprobación de la intervención de quienes estén dispuestos a dar sus vidas por ver brillar el sol de la libertad en el oscuro y tenebroso panorama de la Venezuela tiranizada.