La implosión económica de Venezuela comenzó mucho antes de que se impusieran las sanciones.
En agosto de 2017, la Casa Blanca impuso sanciones financieras a Venezuela, limitando su acceso a los mercados financieros de Estados Unidos. Poco después, la economía venezolana y el sector petrolero colapsaron. Los economistas Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política, y Jeffrey Sachs concluyen que las sanciones causaron el colapso y el sufrimiento humano que siguió. ¿Es esto persuasivo?
En resumen, no.
Para hacer su comentario, Weisbrot y Sachs toman a Colombia como una hipótesis contrafactual para Venezuela. Luego, afirman que las tendencias de la producción de petróleo de Colombia y Venezuela fueron similares antes de las sanciones y divergieron después de que se impusieran las sanciones, cuando la producción de Venezuela disminuyó mucho más. Por lo tanto, razonan, las sanciones deben haber causado el declive agregado de Venezuela. Su evidencia se encuentra en la Figura 1 a continuación.
Figura 1: Evidencia principal de Weisbrot y Sachs
Pero, ¿es Colombia un buen contrafactual para Venezuela? No, por kilómetros. En primer lugar, las tendencias de la producción de petróleo no fueron similares en la década anterior a las sanciones. De hecho, Colombia tuvo un auge petrolero en la década de 2000 que fue impulsado en parte por los 20,000 profesionales petroleros venezolanos que Chávez despidió de PDVSA en 2003, lo que causó una caída en la producción de Venezuela. Solo se puede hacer que las tendencias se vean “similares” antes de las sanciones, volviendo a escalar convenientemente los ejes y solo mirando los datos a partir de 2013 en adelante.
Figura 2: Producción de petróleo en Colombia y Venezuela (kbpd)
Fuentes: EIA, OPEP (fuentes secundarias), cálculos propios.
En segundo lugar, los dos países son radicalmente diferentes en otras dimensiones. Colombia ha tenido políticas petroleras favorables al mercado desde la década de 2000 y ha tenido un buen desempeño en los últimos años. En contraste, Venezuela ha sido un choque de trenes a cámara lenta. Durante la última década, sus instituciones democráticas se han vaciado, el estado de derecho se ha desvanecido, y la profundización de las distorsiones económicas ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes y una depresión económica.
En tercer lugar, apenas un mes después de las sanciones financieras a fines de 2017, Nicolas Maduro despidió al presidente y al ministro de petróleo relativamente tecnocrático de PDVSA y los reemplazó por un solo general militar sin experiencia en petróleo. El nuevo presidente de PDVSA despidió y encarceló a más de 60 gerentes sénior de la compañía petrolera, incluido su anterior presidente por cargos de corrupción. No sucedió nada remotamente similar en Colombia, lo que confunde los efectos de las sanciones con los del despido, lo que, de nuevo, hace que sea una mala hipótesis para Venezuela.
En cuarto lugar, Colombia tiene principalmente petróleo pesado, lo que hace que su producción sea sensible a los bajos precios del petróleo. Según Weisbrot y Sachs, esto es lo que lo convierte en un buen contrafactual para Venezuela. Pero Venezuela tiene una mezcla de crudos ligeros, medios y pesados. Además, la producción de crudo pesado de Venezuela (administrada por empresas conjuntas con compañías petroleras extranjeras) ha sido relativamente resistente. Lo que colapsa de manera desproporcionada es la producción de crudos ligeros y medios, que están bajo el control directo de PDVSA. Por lo tanto, la supuesta similitud en la disminución de la producción de 2015 no está relacionada con el petróleo pesado, como sostienen Weisbrot y Sachs. Por último, a Colombia le queda muy poco petróleo subterráneo, apenas 1.700 millones de barriles, mientras que Venezuela tiene más de 300.000 millones de barriles, las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Por todas estas razones, tomar lo que sucedió en Colombia desde 2017 como una hipótesis contrafactual de lo que habría ocurrido en Venezuela si no hubiera aplicado sanciones financieras, no tiene sentido.
Si, por el contrario, comparamos a Venezuela con el resto de la OPEP, un conjunto de países con grandes reservas, típicamente más similares a Venezuela, surge una imagen clara. Si bien la producción de Venezuela fluctuó alrededor del 10% de la OPEP antes de que Chávez asumiera el control en 1999, comenzó una declinación sostenida (Figura 3), casi dos décadas antes de las sanciones, cortesía de las políticas que incluían el despido antes mencionado de 20,000 empleados, la expropiación repetida de las empresas de producción y servicios petroleros, el desvío de sus préstamos a actividades no petroleras y la mala gestión y la corrupción.
Figura 3: Participación de la producción de petróleo de Venezuela en la OPEP (% del total)
Weisbrot y Sachs también atribuyen el aumento de las tasas de mortalidad en 2017-2018 y las 40,000 muertes asociadas a las sanciones financieras. Esto es aún menos serio. ¿Cómo descartan que las tasas de mortalidad no hubieran seguido aumentando sin las sanciones? ¿Cómo descartan que no fue el colapso en la importación de alimentos y medicamentos lo que precedió las sanciones que incrementaron las tasas de mortalidad? ¿O los médicos venezolanos desplazados del país? ¿O la indolencia del gobierno y la corrupción? Weisbrot y Sachs no descartan ni abordan explicaciones alternativas.
Pero hay más que está mal en el artículo de Weisbrot y Sachs. También escriben que los $ 7 mil millones en servicio de la deuda que tenía que pagar con PDVSA en los próximos dos años “podrían haberse pospuesto con la reestructuración de la deuda de PDVSA que se estaba negociando” en ese momento si no hubiera sido por las sanciones financieras. . Como resultado de las sanciones, su artículo indica que la reestructuración se descarriló y el gobierno tuvo que reducir las importaciones de alimentos y medicamentos para pagar la deuda de PDVSA, lo que contribuyó a la crisis humanitaria.
Este razonamiento es profundamente defectuoso. Primero, cuando los precios del petróleo se derrumbaron en 2014, muchos analistas, incluidos nosotros, sugirieron que una reestructuración de la deuda era necesaria y, de hecho, deseable. Pero, en cambio, el gobierno persiguió a los que hicieron sonar las alarmas y, en cambio, optó por recortar las importaciones de alimentos y medicamentos, lo que desencadenó la crisis humanitaria mucho antes de las sanciones. En consecuencia, cuando se impusieron las sanciones, Venezuela ya había reducido las importaciones de alimentos y medicinas en más del 80% (Figura 4), lo que provocó una crisis humanitaria que se anticipó en diciembre de 2015. Años antes de incumplir con los tenedores de bonos, Maduro optó por incumplir con los estómagos de Venezuela.
Figura 4: Colapso de las importaciones de medicamentos
En relación con esto, Venezuela ya estaba fuera del mercado de capitales meses antes de las sanciones de agosto de 2017. Tres meses antes, en mayo de 2017, el país recaudó casi $ 900 millones en efectivo prometiendo pagar $ 2.8 mil millones en cinco años con la venta de los infames bonos del hambre. El costo de interés implícito del financiamiento fue del 47%. Anteriormente, en noviembre de 2016, había intentado colocar un bono garantizado en exceso con un rendimiento del 22% hasta el vencimiento, pero no pudo vender toda la emisión.
Así, muchos meses antes de las sanciones, los mercados de capital decidieron que era demasiado arriesgado prestar dinero a un precio que no fuera el de un ojo. La falta de acceso al mercado no tuvo nada que ver con las sanciones financieras, y las negociaciones con los tenedores de bonos (que estaban dirigidas por un “capo de la droga”) casi no iban a ninguna parte. Los mercados no creían que Maduro estuviera dispuesto o pudiera revertir el declive de Venezuela.
En enero de 2019, el gobierno de los EE. UU. sancionó a PDVSA, restringiendo la capacidad de las personas de los EE. UU. de tener una relación comercial o financiera con la empresa. Las sanciones fueron seguidas por una caída precipitada en la producción de petróleo. Nuevamente, ¿podemos atribuir directamente la disminución a las sanciones? No.
La mayoría de las sanciones entraron en vigor el 15 de abril y, sin embargo, la producción de petróleo disminuyó precipitadamente antes de esa fecha. Después de todo, Venezuela pudo eludir las sanciones redirigiendo las ventas de petróleo de Estados Unidos a India, China y Rusia. En cambio, los apagones eléctricos nacionales que recientemente paralizaron a Venezuela son el principal impulsor de la disminución adicional. Como se ve en la Figura 5, el colapso de la producción de petróleo en marzo estuvo relacionado fundamentalmente con los dos apagones ocurridos entre el 7 y el 11 de marzo y del 25 al 31 de marzo.
Figura 5: Producción diaria de petróleo y apagones
Estos apagones recientes fueron provocados por incendios forestales cerca de las líneas de transmisión clave: nadie había hecho el mantenimiento necesario para cortar la vegetación en exceso. Pero el colapso del sector eléctrico se remonta a su estatización en 2007 y la “emergencia eléctrica” de 2009, donde el régimen asignó más de $ 50 mil millones a inversiones en el sector. Una orgía de corrupción bien documentada consumió la mayoría de los fondos y la capacidad de generación no aumentó en un solo gigavatio.
Las políticas perversas y la mala gestión extrema explican la mayor parte del colapso de Venezuela. Las sanciones financieras han impedido al régimen hipotecar aún más el futuro del país. Son un medio para presionar al régimen para que negocie el retorno a la democracia y al gobierno constitucional. Las sanciones petroleras están diseñadas para restringir su acceso a los recursos con los que continuar su opresión. Nadie discute que afectarán adversamente a PDVSA en el futuro, pero han acercado a Venezuela más que nunca al cambio de régimen.
Es comprensible que los autores no estén de acuerdo con el uso de sanciones para presionar a la dictadura de Venezuela. No es comprensible que tergiversen sus efectos con un razonamiento estrafalario.
Publicado originalmente en Americas Quarterly | Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Ricardo Hausmann es el director del Centro de Desarrollo Internacional (CID) de la Universidad de Harvard, profesor de economía en la Escuela Kennedy de Harvard y asesor del presidente interino Juan Guaidó. Frank Muci es investigador en el Laboratorio de Crecimiento de CID.