Con cintas azules atadas en el brazo, un grupo reducido de militares se presentó con Leopoldo López y Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, cerca de la base aérea de La Carlota, en Caracas, para ignorar la legitimidad de Nicolás Maduro y abrir paso a la llamada Operación Libertad, la hoja de ruta de la oposición para destronar al chavismo del poder, publica El País.
Por MAOLIS CASTRO
La insubordinación fue encabezada por los tenientes coroneles Ilich Sánchez Farías, jefe de custodia del Palacio Federal Legislativo, y Rafael Pablo Soto Manzanares, comandante del Destacamento 432 de la Guardia Nacional, que acompañaron a los dirigentes políticos en las protestas antigubernamentales del martes. Fue un gesto simbólico de unos soldados que evidenció el descontento en las filas castrenses y que tenía como objetivo alentar a las tropas a desobedecer las órdenes del sucesor de Hugo Chávez, pero no hubo rastro de fractura en los uniformados, indispensable en un auténtico golpe de Estado.
El alto mando exhibió su lealtad al régimen, aunque su fidelidad fue cuestionada por John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, al afirmar que Iván Hernández Dala, comandante de la Guardia de Honor Presidencial, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, negociaron la salida de Maduro.
Los chavistas atribuyeron el divorcio de los soldados a un ardid de la oposición. Como prueba han difundido un vídeo, en los canales gubernamentales, con el testimonio de varios militares que aseguran haber sido engañados por los opositores. “El 80% de todos los efectivos que acudieron a ese distribuidor [en Altamira] fueron engañados. Es parte de un formato, una conducta mitómana, para confundir, para llevar al desastre, al caos, a la muerte, a un grupo de hombres que están cumpliendo su misión”, aseguró Padrino López.
Los guardias recrudecieron la represión y no se apiadaron de los manifestantes. El caos se apoderó del este de Caracas el martes cuando una tanqueta de la Guardia Nacional atropelló a varios jóvenes en la protesta y decenas de soldados se enfrentaron a los opositores. Fue una jornada que dejó 60 personas heridas en la capital, entre ellas cinco oficiales.
El paradero de Sánchez Farías y Soto Manzanares sigue siendo una incógnita este miércoles, aunque unos 25 soldados de baja graduación pidieron asilo en la Embajada de Brasil para protegerse de las represalias. Yonathan Mustiola, abogado y director de la ONG Justicia Venezolana, considera que las deserciones y las fugas debilitan a Maduro, aunque resalta que muchos se abstienen por temor a los castigos del régimen. “Los efectivos se piensan dos veces separarse de la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana], especialmente por las torturas. Los funcionarios de contrainteligencia suelen ser maquiavélicos con los disidentes”, explica. Su organización registra un aumento de las detenciones de militares por motivos políticos desde 2017.
La aparición de Guaidó en la escena política abrió una posibilidad para los descontentos. El líder, nieto de dos oficiales, prometió conceder una amnistía a los que se desvincularan de la revolución bolivariana. La propuesta, aunada a la crisis económica, empujó a más de mil militares a abandonar la FANB desde febrero. Pero las fugas no son suficientes para resquebrajar al alto mando.
El poder de las armas
Hernán Castillo, profesor de la Universidad Simón Bolívar, dice que la influencia extranjera es determinante en las actuaciones de la cúpula. “Los cubanos reciben beneficios socioeconómicos a cambio de imponer en Venezuela un sistema policial y totalitario, como el establecido en Cuba desde hace 60 años. No solo se trata de su presencia en la institución militar, sino en toda la estructura de la sociedad y del Estado venezolano (…) Eso dificulta las salidas a la crisis, obstaculiza una solución pacífica, electoral”, dice.
Entretanto, Maduro se aferra al poder de las armas como nunca antes desde 2015. Su carta es el apoyo de los grupos parapoliciales que se juegan su supervivencia ante el temor de perder su inmunidad con un posible cambio de Gobierno. Maduro otorgó su bendición a los colectivos armados para dispersar con violencia a las protestas opositoras, mientras se afianza en la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), una policía acusada de ajusticiamientos y masacres, para aplacar las demostraciones de descontento en los barrios pobres.
DESOBEDIENCIA EN EL SEBIN
El jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es un hombre a la fuga. El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, director de la policía política hasta el martes, ahora es perseguido por el régimen de Maduro después de la liberación de Leopoldo López, condenado a 13 años de arresto domiciliario, facilitada por varios de sus agentes.
No hubo un pronunciamiento oficial de respaldo a la oposición, pero una carta difundida en redes sociales y, supuestamente de su autoría, reconoce a Maduro como presidente, aunque critica el deterioro del país por la corrupción y la desinversión. “Hay quienes se han atrevido a llamarme traidor o vendido; pues a ellos les digo que muy poco me conocen, porque tengo un alto sentido de la lealtad”, señala la misiva.
El episodio reveló que el mandatario no tiene el control pleno de los jefes de los cuerpos de seguridad. Maduro devolvió la jefatura de la policía política al general en jefe Gustavo González López, destituido tras la muerte del concejal Fernando Albán, en octubre, tras caer del piso 10 del Sebin en Caracas, y por un incidente con la caravana presidencial. El militar es leal a Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano.