La decisión por parte del Estado de reactivar el componente militar más represivo que la antigua seguridad nacional del dictador Marcos Pérez Jiménez llamado “Plan Zamora”, y el regreso del antiguo director del Sebin Gustavo González López, es un golpe “letal” a los derechos humanos en nuestro país, así lo denunció el ex parlamentario, abogado defensor DDHH y coordinador de la ONG Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez.
Todos recordamos con mucho dolor las actuaciones del Plan Zamora que nació por decreto presidencial y que la responsabilidad de su ejecución estuvo en manos del actual ministro de la defensa. Las atrocidades fueron encabezadas por efectivos de la GNB y como escudo usaron a los civiles armados. Represión sin límites, uso de armas largas, gas pimienta, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y degradantes, torturas físicas y psicológicas, que dejo un saldo de más de 135 manifestantes asesinados en 2017.
El 1 de mayo Día Internacional del Trabajador, nuevamente la GNB arremetío y descargó toda su ira y resentimiento en contra de manifestantes accionando armas de fuego, bombas lacrimógenas, y golpeando sin piedad tanto a jóvenes como a periodistas y reporteros gráficos.
Balance doloroso.
El saldo de dos días de protesta 30ABR-1MAY dejo al menos cuatro personas fallecidas, todas recibieron impacto de bala, Samuel Méndez (26 años) en Aragua, Jurubith Rausseo (27 años) en Caracas, Yosner Graterol (16 años) en Aragua, y Yoifre Hesús Henández Vásquez (14 años) en Caracas. 79 heridos ciudadanos heridos por impactos de perdigones, inhalación de gases y traumatismos, y 205 detenidos, 15 de ellos son menores de edad.
El jurista señala que estamos en presencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte los cuerpos de seguridad del Estado en contra de manifestaciones pacíficas, y que lo más grave es el silencio del Defensor del Pueblo y del Ministerio Público; “el Estado sigue violando sistemáticamente los DDHH de un pueblo víctima del hambre, sin sistema de salud, sin servicios básicos, y que a cambio recibe represión, balas y cárcel”.