Dos años y medio de trabajo minucioso adelantado por más de 80 personas entre profesionales y técnicos, derivaron en la elaboración de un ambicioso Plan Nacional de Construcción que, de ejecutarse sin interrupción alguna en los próximos 12 años, podría colocar a Venezuela entre los países de América Latina con mayor crecimiento económico a mediano plazo.
Especial de ConstruyenPais.com
Las previsiones son optimistas, pues se estima que apuntalando al sector construcción – infraestructura, servicios públicos, turismo y vivienda –, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) pudiera situarse alrededor del 7% – 8% en los primeros seis años y a partir del año 12 el crecimiento podría llegar a 13%.
Empezar de cero no es tarea fácil, pero hay un contingente de personas dispuestas a hacerlo y desde la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), “ya estamos preparados para comenzar a trabajar y edificar la Venezuela que queremos”, aseguró su presidente, Juan Andrés Sosa Branger.
El Plan Nacional de Construcción que fue presentado a consideración de la Asamblea Nacional, contempla un meticuloso diagnóstico de la infraestructura existente en el país, pero además demuestra el impacto económico de un plan de tal envergadura sobre la economía y su viabilidad presupuestaria que ronda los $304 mil millones, además de un marco legalcapaz de sustentar esa inversión.
No en balde, el sector construcción es el principal dinamizador de cualquier economía del mundo y la venezolana no es la excepción.
Lo novedoso de la propuesta está en el hecho de que algunos procedimientos dan un giro de 180 grados, representando un cambio de paradigmas en temas como el manejo de los procesos de contratación; pago de impuestos al fisco; incentivos para garantizar el retorno de la diáspora; otorgamiento provisional de subsidios directos a sectores verdaderamente deprimidos; y en especial, en subirle el costo político a los funcionarios que toman decisiones, haciéndole entender a las comunidades que los Planes de Desarrollo Local que se presentan, son oportunidades de oro para mejorar sus condiciones de vida.
Sobre ese plan nacional de infraestructura, vivienda, turismo, reformas laboral y fiscal y políticas públicas, conversó el presidente de la CVC, Juan Andrés Sosa Branger, con Gente que Construye.
Venezuela está peor que Haití
–¿Qué diagnóstico hace luego de dos años y medio de investigar un área tan compleja como el sector infraestructura?
–Venezuela pasó de ser líder en Latinoamérica en materia de infraestructura a ocupar el penúltimo lugar, sólo por encima de Paraguay que se justifica porque es un país absolutamente agrícola, que no se puede comparar con un país petrolero.
Aquí no se puede resolver problema alguno de tipo económico, a menos que empieces a dar soluciones en materia de infraestructura. Y para abordar esta situación se requiere un cambio de paradigmas en temas como la contratación directa del Estado; el impulso real de sectores como el turismo; y el financiamiento bancario que es totalmente deficitario porque el patrimonio de toda la banca nacional no llega a $260 millones y la cartera de créditos apenas es de $160 millones.
La cartera de créditos de Haití es de $7 mil millones; la de República Dominicana es $39 mil millones y nosotros no llegamos ni a $160 millones. Tenemos una banca totalmente descapitalizada que refleja la ruina del país.
Entendamos que no estamos frente a un proceso de reconstrucción, sino frente a un proceso de construcción de un nuevo país. Por eso insistimos en que la gente debe concientizar que es necesario un cambio de paradigmas.
El concepto de papá Estado debe cambiar. A las empresas del Estado se les perdona todo, pero a las empresas privadas se les ataca. ¿A nadie le parece malo que Sidor tenga cinco mil trabajadores y que el Estado pague esa nómina y de allí no salga nada? Eso se paga con inflación y con pérdida del poder adquisitivo.
–Y eso ha generado también un sector empresarial que ha crecido y aspira seguir creciendo a la sombra del Estado.
–Al contrario. Porque así lo diseñó el Estado, tienes un sector empresarial que sobrevive con el Estado a cuestas. La mitad del presupuesto de la nación la paga el empresario nacional y al empresario no le dan materias primas ni preferencias arancelarias.
–Antes se producía aquí porque los precios eran atractivos y se podía competir internamente. En Venezuela los salarios eran altos, comparados con países vecinos.
–Tú tienes una cantidad de cosas en Venezuela que te impiden ser competitivos. A uno le decían cuando estudiaba que una de las ventajas competitivas del país era su ubicación geográfica. ¿Tú has visto una ventaja competitiva más desaprovechada que esa? Porque somos el país más aislado del mundo. ¿Cómo puedes promover el turismo, por ejemplo, si de aquí a Miami un pasaje te cuesta casi $1.000 y de Miami a Europa te cuesta $600? Nadie va a venir a Venezuela.
–Quizá lo bueno de todo esto es que tendremos que construir un nuevo país. Lo importante es saber cómo lo vamos a hacer.
–Hay que empezar por cambiar la mentalidad del venezolano porque si no lo hacemos el país no saldrá adelante.
–La visión estatista se ha acentuado de manera dramática en los últimos 20 años y nos toca ver cómo hacer en la transición con una demanda social tan intensa centrada en el rol del papá Estado.
–Debemos entender que estamos peor que Haití. En una encuesta que hicimos con Datanálisis encontramos que 96% de la población no está en capacidad de comprar una vivienda; 87% de la población es pobre; 60% vive en pobreza crítica y evidentemente no hay otra opción que darle un subsidio directo a esos venezolanos.
Y allí tiene que haber un cambio de paradigma, dejar de lado el subsidio indirecto y pasar a un subsidio directo. ¿Qué hizo el Estado con la Misión Vivienda? Construyó una cantidad de viviendas que se las entregó a la gente, aunque no en propiedad. ¿Y saben cuánto le costó al Estado cada vivienda a precios de noviembre, entre remodeladas y nuevas? $83 mil cada una. ¿Saben cuánto debió costar una vivienda si hubiese sido nueva, sin contar terreno ni urbanismo? No pasa de $22 mil. El precio internacional, incluyendo el margen del promotor, terrenos y financiamiento, con riesgo, no pasa de $45 mil cada vivienda. Estamos hablando de que se malbarataron $78 mil millones.
–José Guerra explicaba que tenían que existir etapas del subsidio directo. Que la gente puede acceder al dinero y con él comprar lo que quiera, porque eso reactiva la economía, estimula el mercado.
–El cemento está subsidiado, el precio está regulado y cuesta el 2% de lo que vale. ¿Quién se queda con el 98% del sobreprecio? Eso quiebra la planta de cemento porque no se pueden pagar los costos administrativos y mientras eso ocurre, el venezolano de escasos recursos que vive en un sector popular, debe comprar su saco de cemento a precios extraordinarios.
Por eso planteamos un subsidio directo y eso, necesariamente, obliga a un cambio de paradigma. Es preferible darle a ese señor $15 mil para que vaya y compre su vivienda, y no sea él quien subsidie la cadena del cemento que beneficia a muy pocas personas.
–E insistir en que todo subsidio directo debe tener una transitoriedad.
–Evidentemente. La situación del sector inmobiliario es muy grave. Te explico los efectos de la diáspora sobre el sector inmobiliario, sin meternos a hablar del PIB.
Supongamos que de Venezuela se han ido cuatro millones de habitantes y la mitad son profesionales, es decir, dos millones. Si 25% de esos profesionales usaba oficinas, estamos hablando de 500 mil personas, y supongamos que esas oficinas son todas de 10mts2 por persona, hablamos de cinco millones de metros cuadrados que se dejaron de demandar o que quedaron vacantes. ¿Ustedes saben lo que significan cinco millones de metros cuadrados en este país?
Ahora te saco la cuenta en comercio: 20mts2 por cada habitante que es lo que tiene un país como Chile. Hablamos de un millón de metros cuadrados de comercio libres, sin contar los que quedan libres porque no tienen cómo seguir.
Y si hablamos de vivienda y suponiendo que se fueron parejas, estamos frente a dos millones de viviendas que quedaron solas, que se dejaron de demandar. Esto requiere una respuesta pronta.
Plan Nacional de Construcción
Está conformado por cuatro documentos: el Plan Nacional la Venezuela que Queremos; el Plan Nacional de Infraestructura; el Plan Nacional de Turismo; y el Plan Nacional de Vivienda.
Plan Nacional la Venezuela que Queremos, hizo el diagnóstico de la situación actual. Allí se encuentran indicadores de la inversión en el sector construcción, en infraestructura pública, vivienda, servicios básicos y se analizaron todos los factores transversales que lo afectan, pero además se propuso una agenda legislativa.
Plan Nacional de Infraestructura hizo una evaluación del stock de infraestructuras operativas que tenemos en el país; cuál debería ser el stock mínimo para operar de acuerdo con estándares internacionales – brecha vertical –; y cuál debería ser el stock que necesitaríamos para ser competitivos – brecha horizontal –, que es la meta aspiracional.
Plan Nacional de Vivienda hizo una evaluación con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), porque ellos levantaron la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), que define las condiciones sociales en que viven los venezolanos, dónde están los déficits reales de vivienda, etc., porque es uno de los sectores que más dinamiza la economía por ser generador de empleos directos e indirectos.
Plan Nacional de Turismo se incorpora porque para impulsar el sector construcción y ante las deficiencias de financiamiento, el turismo permite conseguir recursos internacionales siempre y cuando las tarifas que cobremos sean internacionales.
–¿Puede detallar el Plan Nacional de Infraestructura?
–Debe ser desarrollado en 12 años y permitirá recuperar la infraestructura. Identificamos 320 proyectos que están paralizados, su estatus, la inversión requerida para terminarlos. Adelantamos un baremo para determinar los prioritarios y los que no son tan prioritarios como el Puente sobre el Orinoco. Ese puente se construyó sin siquiera existir un plan de desarrollo al sur del puente.
La Comisión Económica para América Latina (Cepal), recomienda que Venezuela debiera invertir algo así como 6% del PIB en infraestructura pública y no llegamos ni a 2,32% del PIB, es decir, no invertimos ni 30% de las necesidades de inversión que tiene un país como el nuestro. A eso agregamos que invertido no fue tal porque fue mucho lo que se malgastó.
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