A primeras horas de la mañana la organización Amigos Trasplantados lanzó la alerta: tenemos reportes de ausencia de inmunosupresores en todo el país. Su preocupación la hacían con el inmediato llamado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). La respuesta del órgano a través de sus redes sociales fue: «Los pacientes renales cuentan con el apoyo del IVSS a través de las Unidades de Diálisis Intrahospitalaria a nivel nacional. #TrabajamosPorTuBienestar», publica Crónica Uno.
También publicó: «El IVSS se centra en la plena atención de cada uno de los pacientes con tratamientos de diálisis, dedicando diariamente en proteger la salud del pueblo».
Cosa más alejada de la realidad, dicen los pacientes que requieren inmunosupresores y que en estos momentos están presentando rechazo de órganos por la falta de medicamentos.
Maryori Acosta, en Táchira, trasplantada desde hace seis años, ya enfrenta su segundo rechazo. El IVSS no le entrega los fármacos de alto costo desde hace cuatro meses. Su estado de salud se comprometió. Gracias a donaciones que llegaron al hospital Central del Táchira de parte de la Cruz Roja y de Codevida logró estabilizarse.
Este es un caso de los que a diario se reportan. Francisco Valencia, director de Codevida, dijo que sin duda cada día que pasa se acelera más el deterioro de la salud en Venezuela: “Para nadie es un secreto que día a día mueren más personas por la ausencia de tratamientos y por las condiciones hospitalarias. El tema de los pacientes renales en el país es grave».
Dializados en riesgo
Valencia informó el censo mensual de las Unidades de Diálisis que hacen sus fuentes —que se realiza con el fin de conocer la población que requiere los tratamientos y para estimar compras de insumos— arrojó que durante los meses de marzo y abril (en momentos de los apagones y escasez de agua) la asistencia de las personas a las máquinas bajó a 200. «No están yendo todas las que están en tratamientos”.
Dijo que algunas murieron no solo por los apagones: “Muchos de ellos, 90 %, fallecieron por las consecuencias directas de las deficiencias en los servicios —entra la carestía de agua y luz— y por las condiciones de las unidades”.
Por eso, acotó, nos preocupa el tema de la cooperación internacional de la Cruz Roja, que no es una ayuda continua ni oportuna, cuando tiene que ser más efectiva y más amplia para cubrir la magnitud de la crisis.
En Venezuela están registradas en el IVSS 10.200 personas en diálisis, esperando por los trasplantes suspendidos en 2017. 3824 murieron entre 2017 y 2018 producto de la escasez de insumos y kit para realizar dicho tratamiento, por falta de inversión pública en esta área, según denunció el mismo expresidente del organismo, Carlos Rotondaro, recientemente desde Colombia.
Las cifras que manejan las organizaciones no gubernamentales que antes del mes de marzo de este año habían muerto 11 personas en diálisis por la escasez de insumos, y la ausencia de tratamientos. Otras 1283 estuvieron en riesgo los primeros dos meses del año por la misma situación.
Durante el primer apagón de marzo, Codevida registró 20 muertes en seis estados del país (uno en Apure, cinco en Caracas, dos en Lara y en Trujillo, respectivamente, uno en Yaracuy y nueve en Zulia) ante la paralización total del servicio.
Valencia, ante la realidad actual no ve mejoría. En meses pasados estimó que las cifras pueden duplicarse. Por eso es reiterativo en buscar medidas, no paliativos, eficaces para aliviar el sufrimiento de la gente, no solo de los trasplantados, también de los 5097 hemofílicos que están sufriendo daños irreversibles por la ausencia de los factores de coagulación. Desde 2016 para acá han muerto 50 personas con esta condición, muertes —de acuerdo con Valencia— que pudieron evitarse.
Las Unidades de diálisis, por su parte, funcionan como un carro en plena montaña rusa. Un mes tienen insumos y medicamentos y otro tienen fuertes fallas que afectan el suministro de las cuatro horas de diálisis.
En Ejido, estado Mérida, por ejemplo, no llegan los medicamentos y de las 12 máquinas solo están funcionando 6. En ese puesto solo ponen el tratamiento dos veces a la semana.
La Unidad Juan Pablo II, ubicada en la avenida Nueva Granada en Caracas, corre con mejor suerte en estos momentos. No tiene problemas con la luz debido a que posee un generador interno. Desde hace un mes reciben agua, y no por cisterna, y están cumpliendo el ciclo de 4 horas de tratamiento a los 40 pacientes que hay en los tres turnos, dijo Luis Moreno, coordinador de Enfermería.
Irania Díaz, familiar de paciente, reconoció que ha mejorado la atención. Y ello porque hace un mes hicieron que los representantes del IVSS llegaran al lugar. “Todos hablamos y expusimos las deficiencias. Poco a poco empezaron a enviar insumos”.
En estos momentos hay filtros para las diálisis y aire acondicionado. No hay vitaminas B 12, que se colocan a cada paciente cuando lo dializan. En el caso de Díaz, dijo que desde hace cuatro meses no se la compran a su papá, quien viene tres veces a la semana a todo riesgo en el ferrocarril de Los Valles del Tuy. “La última que compramos nos costó 94.000 bolívares para cuatro dosis. En una semana son tres. Las necesita para controlar la anemia. El mes pasado tenía la hemoglobina en 8”.
En la unidad Jayor, ubicada en San Martín, sucede otra cosa. Denuncian los familiares que ahí los grupos de choque del Gobierno —conocidos popularmente como colectivos— son los que se encargan de controlar lo que entra y sale del recinto.
En julio del año pasado Francisco Valencia denunció que los mismos familiares estaban colocando los tratamientos debido a la renuncia colectiva de las enfermeras, que recién comenzaban una huelga en defensa de los salarios y una salud de calidad.