Desde diciembre de 2015, fecha en que la oposición ganó la Asamblea Nacional (AN) por primera vez en 17 años de gobierno chavista en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en manos del oficialismo, ha emitido 97 sentencias en contra del poder legislativo venezolano.
Por: Acceso a la Justicia
El número no es un simple dato: es la expresión de la violación del estado de derecho, de la supremacía autoritaria de un Poder sobre otro, de la abolición velada de la democracia.
Estos 97 fallos anulatorios de la Asamblea Nacional (AN), y en muchos casos dirigidos directamente contra sus diputados, se traducen en la inhabilitación de un poder que fue electo de forma democrática y que desde su instalación no ha podido ejecutar sus actos jurídicos. Así, paulatinamente la AN se ha convertido en un Poder secuestrado por el Gobierno a cuyas órdenes se encuentra el sistema de justicia venezolano, conformado no sólo por el Poder Judicial, sino también por la Fiscalía, la policía, el sistema carcelario y la Defensa Pública.
Acceso a la Justicia, en su rol de observatorio venezolano de la justicia, ha contabilizado y organizado cronológicamente las 97 sentencias del TSJ en contra de la AN en un cuadro bajo los siguientes rubros: su fecha y número, su contenido, el órgano usurpador de su función, el tipo de derecho violado o afectado y el link a la explicación de la decisión del TSJ.
De las 97 decisiones que el TSJ ha dictado hasta el momento, la primera fue en diciembre de 2015, en el mismo mes de la elección de la AN, aun habiendo vacaciones judiciales. Mediante esta decisión, el TSJ en su Sala Electoral suspendió cautelarmente la elección de los diputados del estado Amazonas, quitándoles cuatro diputados a la AN (tres de oposición), lo que hasta ahora ha mantenido (más de tres años después) y dio lugar posteriormente a su tesis del desacato de la AN, que es lo que ha impedido a este órgano que sus decisiones tengan fuerza jurídica desde su misma elección.
Entre diciembre de 2015 y 2016 el TSJ dictó 38 sentencias en contra de la AN, porque esta siguió sesionando y emitiendo actos jurídicos, incluso varias leyes, a pesar del golpe de la sentencia de 2015, e incluso, trató de cumplir con lo establecido por ella, pero el TSJ nunca se dio por satisfecho en ese aspecto.
A año siguiente (2017), el TSJ dictó 33 sentencias contra la AN, desconociendo acto por acto emanado del Parlamento. En 2018 el TSJ dictó 12 sentencias. Fueron menos que en el año anterior porque al instalarse la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en agosto de 2017, esta tomó en buena medida el rol del TSJ. Además, al haberse verificado una rebelión popular y apegarse a los artículos 333 y 350, la propia AN, al persistir su desconocimiento por el TSJ, no dictó tantos actos jurídicos como el año anterior.
En el año en curso, el TSJ ya ha dictado para principios de mayo 14 sentencias en contra de la AN, desconociendo además al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, y todos sus actos jurídicos.
En el material organizado por Acceso a la Justicia, que puede ser consultado por cualquier ciudadano en este enlace, se pueden encontrar por ejemplo las sentencias 155 y 156, que en su momento causaron escándalo internacional, las cuales desconocieron la inmunidad parlamentaria y disolvieron a la AN como Poder.
Aunque estas sentencias fueron revocadas poco después, se mantuvo la usurpación de funciones de la AN. Acceso a la Justicia explicó en su momento que en realidad estas “aclaratorias” eran un maquillaje: la Asamblea ha seguido intervenida y disminuida. Es prueba de ello que, por ejemplo, en esa oportunidad no le devolvieron su potestad constitucional y legal de aprobar la constitución de empresas mixtas en materia de hidrocarburos, lo que en efecto ha venido haciendo el Ejecutivo Nacional desde entonces con la consecuencia, entre otros, de venderle acciones de PDVSA a empresas rusas.
En ese cuadro también se encuentran las últimas sentencias contra los diputados de la AN.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Con la aniquilación de la AN por parte del TSJ queda anulada la soberanía popular y el derecho al voto en Venezuela, que son elementos clave para la existencia de una verdadera democracia.
Además, al actuar según los deseos y órdenes del Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial pierde su razón de ser, ya que no puede fungir como un árbitro imparcial en un conflicto ni puede controlar al poder, que son sus funciones fundamentales, y no legalizar o amparar lo que se hace desde el poder del Estado contra el ciudadano, como lo ha hecho el TSJ, sobre todo, desde diciembre de 2015.
Lo más grave es que sin democracia y sin un Poder Judicial independiente, los venezolanos no tenemos la posibilidad real de exigir el cumplimiento efectivo de nuestros derechos y, por ello, frente a la ineficiencia actual del Gobierno e incluso el abandono por su parte de la función pública, las autoridades no responden ni resuelven; es más, sólo nos amedrentan y con el aval del sistema de justicia.