Como una lapidación a la Asamblea Nacional y un atentado contra el gobierno legítimo y constitucional establecido de Juan Guaidó, catalogó la doctora Blanca Rosa Mármol de León, la escalada de persecución hacia la disidencia venezolana.
En el programa República Ciudadana, conducido por Cástor González y Rubén Roca, transmitido por Radio Sintonía todos los miércoles a las 6:00 pm, la destacada jurista y ex magistrada venezolana señaló que existe una ignorancia tremenda por parte de quienes hoy usurpan el poder, con respecto a la utilización del artículo 200 de la Constitución Nacional que habla sobre la inmunidad parlamentaria, al tiempo que aclaró que el mismo es bien específico y habla de un estado de flagrancia para interponer un antejuicio de mérito contra un diputado a la Asamblea Nacional, y mientras se evalúan los hechos, goza de una medida de arresto domiciliario, mientras se comprueba si hay pruebas suficientes para allanarle la inmunidad parlamentaria.
“Resulta inadmisible en derecho hablar de la palabra flagrancia para referirse a la participación de parlamentarios y de la disidencia en la actividad del 30 de abril pasado, en virtud de que se trató de un acto político con participación ciudadana; por lo tanto hablar de Golpe de Estado, es más inadmisible aún porque estamos en presencia de un gobierno usurpador que no ejerce el poder, sino que lo detenta por la vía de la fuerza y el chantaje de las instituciones”, alertó Mármol de León.
Asimismo, recalcó que el único poder legítimo en Venezuela es la Asamblea Nacional y el presidente constitucional Juan Guaidó. “El gobierno usurpador pretende la eliminación de la AN, a través de ataques descarnados, utilizando a un TSJ al servicio del régimen, usurpador además, donde deciden a favor del régimen”, acotó.
Por su parte el abogado y especialista en Derechos Humanos José Vicente Haro, expuso en el programa República Ciudadana que las actuaciones que vienen llevando a cabo en contra de la Asamblea Nacional legítima y contra la disidencia venezolana, merecen toda si indignación, indicando además que la situación de persecución puede llegar mucho más allá de lo que ya se vive en Venezuela.
“El artículo 200 de la Constitución Nacional, que se refiere a la inmunidad parlamentaria, habla de un debido proceso, más no a la imputación y violación de derechos humanos y políticos de los diputados”, manifestó.
En este orden de ideas amplió que esta situación de persecución afecta a los ciudadanos porque los deja sin representación y sin voz ni voto en el Parlamento, citando el caso de Chacao, Baruta y El Hatillo, quienes se quedaron sin su representante porque su diputado principal Carlos Vecchio se vio obligado a un exilio, y ahora su suplente Juan Andrés Mejía, es perseguido y acusado de siete delitos, junto a un grueso número de parlamentarios.
Finalmente dijo que el programa Con el Mazo dando, es una especie de tribunal inquisidor de la aplicación de “justicia” en Venezuela. “Todo el que es señalado o acusado allí, al día siguiente es perseguido y acusado de delitos que ellos siembran para aniquilar a la disidencia”, ratificó.
Nota de prensa