Los comunistas gringos favorables a Nicolás Maduro, que fueron desalojados de la embajada de Venezuela en Washington, enfrentan hasta un año de cárcel, pero fueron liberados este viernes tras comparecer ante un juez de distrito, publica El Nuevo Herald.
Un grupo de militantes ocupó durante más de un mes el edificio, con la anuencia del régimen de Maduro, para impedir la entrada de la delegación del presidente encargado Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y medio centenar de países.
El jueves los últimos cuatro activistas que quedaban en el edificio fueron arrestados y procesados por el cargo de “interferencia con las funciones de protección del Departamento de Estado”, por el cual enfrentan hasta un año de cárcel.
Ante el magistrado G. Michael Harvey, “los acusados fueron liberados bajo varias condiciones”, informó el tribunal, precisando que la próxima cita judicial fue fijada para el 12 de junio.
Kevin Zeese, cofundador de la organización Resistencia Popular, considera que los cargos en su contra “carecen de fundamentos”.
“En este juicio va a emerger la verdad de que hay un verdadero gobierno de Venezuela electo y reconocido por la ONU y que este gobierno ficticio reconocido por el presidente (Donald) Trump finalmente va a ser derrotado”, dijo tras ser liberado.
Durante semanas, la lucha de poder en Venezuela entre Maduro -reconocido por la ONU y apoyado por Rusia y China- y Guaidó -apoyado por Estados Unidos y más de 50 países- también se trasladó a la sede diplomática en Washington.
Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas después de que Guaidó se juramentara presidente interino en enero y que Washington reconociera a su gobierno.
Entre las condiciones para la liberación de los activistas está que se mantengan alejados por un mínimo de 30 metros de las propiedades del Estado de Venezuela en Washington, incluyendo la embajada ubicada en Georgetown.
Inicialmente los abogados del régimen habían pedido también una orden de alejamiento de “los funcionarios del gobierno de Venezuela”, lo que dio lugar a un disputa en el tribunal sobre a quién se referían.
El juez especificó que se referían a los funcionarios “del gobierno reconocido por Estados Unidos”, pero finalmente desestimó la petición.