La madrugada del 24 de febrero, Ángel Gabriel Castillo salió de su casa, ubicada en el sector Chuparín arriba. Iba en una moto con su primo, Eduardo Bolívar, para comprar una caja de cervezas. Cuando llegaban a la avenida Stadium de Puerto La Cruz los embistió un vehículo. Ángel Gabriel salió disparado, golpeó su cabeza contra el pavimento y falleció durante su traslado al hospital César Rodríguez de la urbanización portocruzana de Guaraguao.
Por José Camacho / Crónica Uno
Aquel fue el momento más duro en la vida de Carmen Castillo. Ángel era su hijo mayor. Tenía 25 años. Y la experiencia la puso a padecer por partida doble: Carmen, quien es vendedora de hortalizas en el mercado municipal de Puerto La Cruz, pagaba un seguro de previsión funeraria pensando más en su madre de 90 años que en su hijo. Llegó el momento de usarlo y el llanto por la muerte de Ángel se quedó atragantado.
Tuvo que cerrar el negocio en el mercado. Lo poco que tenía fue empeñado o vendido. Todo para cancelar los gastos funerarios. En ese entonces, preparar el cuerpo y realizar el acto velatorio costaba 800.000. Ese servicio no incluía el lugar, pues Carmen tenía pensado velar a su hijo en casa.
Fueron las horas más difíciles porque teníamos que resolver todo un proceso para después poder llorar a mi hijo. Al final, los amigos del taller donde Gabo [Ángel Gabriel] trabajaba terminaron pagando el ataúd y la parcela, que tuvimos que hacer marañas para conseguirla, en el cementerio municipal de Barcelona. Vine a llorar a mi hijo cuando lo enterré”, cuenta Carmen.
El presidente de la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios en Anzoátegui, José Magallanes, sostiene que muchas familias, sobre todo de escasos recursos, cuando se trata de cubrir gastos funerarios son hasta víctimas de estafas por parte de empresas que no están debidamente certificadas para prestar dichos servicios. Algunos empresarios se aprovechan de la vorágine económica que vive el país, para irrespetar los contratos de previsión familiar que establecen con los clientes, así como la estructura de costos de los servicios que prestan.
En el estado Anzoátegui hay 50 empresas que realizan servicios funerarios y solo cuatro de ellas cumplen con todas las exigencias de la ley de servicios, entre las que destaca la sala de preparación de los cuerpos y tanatólogos [expertos en preparar cuerpos]. Como te dije, la gran mayoría no cuenta con esto, son prácticamente inventos que han convertido casas de familia en empresas y muchas veces preparan los cuerpos en los estacionamientos de esas casas”, dice Magallanes.
La falta de experiencia en estos negocios que se venden como «funerarias» da como resultado casos donde, debido a la mala preparación de los cuerpos, las familias vieron filtrarse líquidos del ataúd en plena ceremonia. Asimismo, el material de las urnas suele ser más económico y menos resistente, lo que puede causar que el cofre se abra. Esto se hace para «abaratar costos» pero no representa ninguna rebaja al momento de cobrarle a los deudos por el servicio.
Magallanes reclama la falta de supervisión por parte de los organismos encargados de regular la actividad de estos establecimientos:
“Lo que está sucediendo es terrible. Vemos casos como el de una familia residente en el sector Portugal de Barcelona que, en pleno velorio, la urna se filtró con los líquidos que expulsó el cuerpo por la mala preparación y la misma casi se abre, los familiares tuvieron que amarrar el cofre con unos mecates para que no se terminara de abrir porque, de paso, la urna era de material MDF. Esta familia introdujo un procedimiento contra la empresa que les prestó el servicio en la Defensoría del Pueblo y estamos esperando el pronunciamiento”.
La ley que rige al sector data de apenas cinco años y los organismos encargados de hacer que se cumplan los artículos aprobados en ella son: Contraloría Sanitaria, dependiente del Instituto Regional de Salud; Sencamer, que verifica la calidad de los ataúdes y la Sundde. Magallanes afirma que ninguno de estos organismos hace una supervisión rigurosa.
Además de los negocios funerarios improvisados también han aparecido empresas de dudosa procedencia que fabrican urnas. Magallanes explica que estas deben ser supervisadas por Sencamer para mantener el control de calidad. Esto no ocurre. Los ataúdes son ensamblados con pega y clavos de mala calidad.
«Las compañías que operan en casas siguen puyando —porque no se les puede llamar preparación— los cuerpos y estos no quedan bien. Aquí la Contraloría Sanitaria no se ocupa y la Sundde no controla los precios porque ahora las empresas no hacen planes de previsión familiar y las pocas que lo hacen no están aceptando personas de la tercera edad. No es posible que se sigan burlando de la gente y estos organismos no se ocupan”, expresa Magallanes.
Ante las dificultades que se les presentan a los deudos para el entierro de los familiares se han presentado denuncias hacia el personal que labora en las morgues del Senamecf y hospital Luis Razetti de Barcelona, donde de manera ilegal se preparan los cuerpos para luego trasladarlos a las funerarias. Ninguno de estos organismos está facultado para tal fin.
Precios de muerte
Bajo este panorama, la familia Castillo-Blanco se debate al momento de darle cristiana sepultura a un difunto. Los costos de los servicios ponen el dolor en pausa y aceleran la angustia.
El equipo de Crónica.Uno hizo un recorrido por varios de estos establecimientos y se evidenció que para un servicio con todas las de la ley, se debe disponer de poco más de 5 millones de bolívares.
Un ataúd básico «bien hecho» tiene un costo de 1,8 millones de bolívares. Los de metal con acabados finos se cotizan entre 2,5 y 2,8 millones. Mientras que los de madera de cedro, con acabados de lujo, se encuentran a un costo de 560 dólares, poco más de 3 millones de bolívares al cambio.
Preparar el cuerpo para el sepelio puede costar entre 200.000 y 500.000 bolívares, todo depende de cuántos días durarán las exequias. Este presupuesto es el que manejan empresas como Funeraria Valles, Profamilia y Sagrado Corazón de Jesús, ya que el proceso es realizado por tanatólogos y con materiales de primera calidad.
El servicio velatorio en capilla se tasa en 2,8 millones de bolívares. Hacerlo en la residencia del difunto vale 2,3 millones.
Si se necesita trasladar el cuerpo a otro estado, el costo de este servicio se calcula dependiendo de la distancia del recorrido. Según las empresas consultadas, trasladar un cuerpo desde Barcelona hasta la ciudad de Caracas, por ejemplo, puede costar entre 3 y 4 millones de bolívares.
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