La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado de Nicaragua proteger la salud, la integridad y la vida de 17 personas que han sido encarceladas durante la crisis sociopolítica que atraviesa ese país, entre ellas los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora.
Fuentes de la Corte Interamericana dijeron este miércoles a Efe que la resolución está firmada por el presidente de la CorteIDH, el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, y fue notificada el martes a Nicaragua.
El documento adopta diversas medidas urgentes con el fin de evitar daños irreparables a la salud, la vida e integridad de 17 personas.
El pasado 15 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Corte una solicitud de medidas provisionales en favor de las 17 personas encarceladas en los centros penitenciarios “La Modelo” y “La Esperanza”.
“Tras analizar la solicitud presentada, las observaciones del Estado, así como el demás acervo probatorio aportado en el marco del presente procedimiento, el Presidente de la Corte consideró que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad”, se indica en la resolución de la CorteIDH, con sede en Costa Rica.
Por ello, el tribunal determinó “la necesidad urgente de adoptar las medidas necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la salud, vida e integridad personal, de modo que se garantice plenamente la seguridad de los solicitantes en el lugar en que se encuentren”.
Los 17 beneficiarios de las medidas son Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez, Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero, Yubrank Miguel Suazo Herrera, Edwin José Carcache Dávila, Medardo Mairena Sequeira, Mario Lener Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Jaime Ramon Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Luquez, Miguel Mora Barberena, Lucía Pineda Ubau, Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Adilia Peralta Serrato e Irlanda Undina Jeréz Barrera.
En la resolución de la CorteIDH se explicó que respecto a María Adilia Peralta Cerratos, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Luquez y Tania Verónica Muñoz Pavón, el Estado afirmó que se les otorgó beneficio legal de convivencia familiar a partir del día 20 de mayo de 2019.
Por ello, la resolución requiere a la Comisión Interamericana que confirmen que tal beneficio se hizo efectivo y se encuentran en libertad.
Para los restantes beneficiarios, la resolución exige que “se evalúe, de manera inmediata, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad, de conformidad con su normativa interna y los estándares interamericanos”.
La resolución también dispone que “a la mayor brevedad posible, previa aquiescencia del Estado”, una delegación de la Corte Interamericana, encabezada por su presidente, realice una visita a las cárceles de “La Esperanza” y “La Modelo”, o al lugar donde se encuentren los beneficiarios de las medidas.
Esta visita tendrá como fin “entrevistarse con cada uno de estos (beneficiarios) así como con diversas autoridades estatales”.
Durante la crisis por las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que comenzaron en abril de 2018, se contabilizan al menos 325 muertes violentas, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ONGs locales hablan de hasta 593, y las autoridades gubernamentales reconocen 199 fallecidos.
Además las organizaciones han denunciado la existencia de cientos de presos políticos. EFE