La Asociación Civil Súmate rechaza el emplazamiento que hizo Nicolás Maduro a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional (AN), justo cuando se cumple un año de la farsa del 20 de mayo de 2018 y arrecian las pruebas y declaraciones nacionales e internacionales sobre un proceso fraudulento que ha generado un consenso internacional en torno a la crisis de legitimidad de las instituciones en Venezuela, empezando por la Presidencia. Alerta la ONG que esta posibilidad pretende ser la estocada final en una estrategia sistemática para disolver el Parlamento, único poder público legítimo en Venezuela.
De acuerdo con Súmate, la estrategia de disolver el parlamento ha sido ejecutada desde el propio 2015 con la designación ilegal de los magistrados del TSJ que correspondía elegir en el nuevo periodo constitucional, posteriormente en 2016 con la desproclamación de los diputados de Amazonas para socavar la mayoría calificada obtenida por la oposición y ha continuado sistemáticamente desde entonces con la declaración por parte del TSJ del “Desacato”, la ilegalización de los partidos políticos que hacen vida en el parlamento, el desconocimiento de las labores de control y legislativa, así como también ha proseguido de manera continuada con el ataque a 24 diputados principales y 5 suplentes, que los ha llevado al exilio, al asilo, a estar bajo medidas cautelares e incluso en la cárcel, con lo cual, pretender adelantar las elecciones legislativas, implicaría el golpe final a la democracia en Venezuela.
Súmate recuerda que la Constitución Venezolana establece periodos claros para el desempeño del Poder Legislativo. En el caso de las elecciones parlamentarias, estas deben hacerse acorde con la finalización de los períodos constitucionales y legales, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE y el artículo 192 de la Constitución, que establece el mandato parlamentario en cinco años, por lo cual el nuevo periodo legislativo iniciará el 5 de enero de 2021, con lo cual las elecciones deben llevarse a cabo en diciembre de 2020.
El único supuesto para disolver el Parlamento está previsto en el artículo 240 de la Constitución, en el cual se explica que el presidente de la República procederá con la disolución y se convocarían nuevas elecciones, siempre y cuando se haya producido la remoción del Vicepresidente Ejecutivo en tres oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, lo cual no ha ocurrido.
Súmate alerta que convocar las elecciones parlamentarias con un año de anticipación es totalmente inconstitucional e irrespeta la voluntad de los 14 millones de venezolanos que votaron el 6 de diciembre para un periodo de cinco años. Recuerda la ONG a quienes desempeñan cargos dentro de los Poderes Públicos que toda violación al marco jurídico nacional vigente acarrea responsabilidades individuales civiles y penales.
De igual manera, Súmate ratifica su posición de que la Asamblea Nacional Constituyente es fraudulenta desde su convocatoria y ha pretendido funcionar como un órgano paralelo a la AN, usurpando las competencias del Parlamento. En este sentido, rechaza que se pretenda no solo continuar con este mecanismo de boicot institucional, sino extenderlo hasta diciembre 2020 profundizando la crisis institucional que vive Venezuela.
Por último, Súmate rechaza enérgicamente el control que se ejerce desde el partido de gobierno sobre todo el engranaje institucional venezolano. Propone la ONG que para retomar el camino democrático es necesario un gran pacto de unidad nacional que se construya sobre la base de la devolución de las competencias a la Asamblea Nacional y se retome este espacio como gran foro político nacional, la disolución de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, la elección constitucional de nuevas instituciones (CNE, Poder Moral y TSJ) imparciales e independientes, para finalmente proceder a la convocatoria de elecciones verdaderamente libres que permitan a los ciudadanos retomar la confianza en el sufragio como mecanismo para la solución de conflictos en democracia.
Nota de Prensa