Un video publicado hace unos días costó el cargo al vicecanciller de Austria, miembro del ultraderechista Partido de la Libertad (FPO). La filtración muestra a Heinz-Christian Strache solicitando financiamiento para su partido a la representante de un oligarca ruso a cambio de contratos gubernamentales.
Por Carlos Tablante
Hace apenas horas se conoció la detención en Madrid del hijo del ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo. Se acusa a ambos de recibir 4 millones de euros provenientes de Pdvsa. Ahora tenemos la explicación del desempeño sesgado de las labores diplomáticas del padre. Sospechosa actitud a la que se refirió Ibsen Martínez en un excelente artículo publicado en El País en 2005.
Como hemos dicho repetidamente, el binomio corrupción política y económica constituye la llave que abre la puerta a la mayoría de las violaciones de derechos humanos y de las actividades criminales que azota a los países.
Un claro ejemplo de ello es el caso Odebrecht (Lava Jato) y el impacto que ha tenido en la estabilidad democrática de nuestra región.
Han pasado casi cinco años desde que comenzó la investigación de lo que se ha calificado como el mayor episodio de corrupción de la historia de Latinoamérica. En Brasil, la trama llevó a la cárcel al ex presidente Lula Da Silva; en Perú hay varios ex presidentes encarcelados o huyendo. El suicidio de Alan García sin duda colocó el caso en otro dramático nivel.
Venezuela se mencionó desde el comienzo. Sin embargo, como es su costumbre ante este tipo de señalamientos, el régimen mantuvo un silencio sepulcral, a pesar de las claras y graves acusaciones del propio ex gerente de la transnacional brasileña en Caracas, Euzenando Azevedo, quien reconoció que Odebrecht dio 35 millones de dólares a Nicolás Maduro a través de su jefe de campaña, Américo Alex Mata García.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio condenó a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión por el caso Odebrecht, luego de la denuncia presentada por la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
En 2017 el portal CuentasClarasDigital.org (CCD) develó que Odebrecht habría pagado en total más de 350 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del régimen de Venezuela, y no 98 como inicialmente señaló la investigación conjunta de Brasil y EEUU. Era de esperar que la cifra fuera mayor, dado que desde el comienzo se apuntó a Venezuela como el segundo país con mayor número de coimas después de Brasil.
La exclusiva del portal especializado en temas de delincuencia organizada señala que autoridades financieras y judiciales internacionales encontraron dinero en cuentas bancarias asociadas a ministros y directivos de varios despachos y empresas estatales como Pdvsa, el ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, de Agricultura y Tierras, Corpoelec, y en especial, el Metro, entre otras.
Los bancos receptores de los sobornos pertenecen a las jurisdicciones de Antigua donde habría 60 millones de dólares, Curacao con 10, EEUU 15, Luxemburgo 25, Panamá 24, Portugal 8, Suiza 150, Hong Kong y otros países, 61 millones de dólares, según las fuentes consultadas por CCD.
CCD también publicó la primicia de que la fiscalía suiza había congelado varias cuentas bancarias de la suegra del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas y ex presidente del Metro de Caracas, Haiman El Troudi. La medida recayó sobre cuentas a nombre de Elita Del Valle Zacarías Díaz en el banco Credit Suisse por 28 millones, habiéndose detectado otras más en Banque Heritage por 4 millones y BNP Paribas por 10 millones de dólares.
Odebrecht utilizaba testaferros para canalizar los sobornos a los ministros y otros altos funcionarios. Estos abrían inicialmente las cuentas bancarias y luego las transferían a los sobornados o las personas de confianza de los mismos. Solo uno de estos presta nombres, Héctor Joseph Dáger Gaspard, cobraba el 2% del monto de las facturas pagadas. La Fiscalía suiza calcula que Dáger habría acumulado por ese concepto casi 50 millones de dólares, ya ubicados en varias cuentas de ese país.
El Estado venezolano ha pagado más de 30.000 millones de dólares a Odebrecht por once obras aun inconclusas, según el Ministerio Público. Al no haberse terminado la investigación, todos los responsables de los proyectos están bajo sospecha.
Nosotros decimos: Caiga quien caiga, hay que castigar de manera ejemplar a los responsables y sus cómplices necesarios por el gran daño que ha sufrido el patrimonio público.
El saqueo de Venezuela constituye una violación sistemática de los derechos humanos, principal causa de los males que padecemos.
Por supuesto, como parte importante del proceso de hacer justicia, hay que recuperar el dinero robado por la cleptocracia del régimen a nuestro pueblo. Venezuela ya cuenta con el instrumento legal para hacerlo. La Comisión Permanente de Contraloría, bajo las sucesivas presidencias de los diputados Freddy Guevara, Juan Guaidó y Freddy Superlano, impulsó la Ley de recuperación de bienes producto de la corrupción que fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional. La nueva Ley contempla formas de recuperación distintas del clásico decomiso penal, así como el reconocimiento a las personas que proporcionen información útil. La cooperación internacional será fundamental para lograr los objetivos, una vez que se concrete el cambio político por el que estamos luchando.
El gigantesco y poderoso entramado de corrupción conformado alrededor del tema del financiamiento de los partidos políticos a nivel mundial confirma la necesidad de tener un sistema de normas legales que garantice la necesaria transparencia.
En Venezuela es fundamental aprobar una Ley de financiamiento de partidos y campañas electorales que asegure que los recursos utilizados para financiar la democracia no estén contaminados por la corrupción política.
Es imperativo inmunizar a la democracia frente al virus del financiamiento ilícito que contamina la acción política con las actividades criminales. Si no es capaz de crear defensas contra el dinero tóxico de la delincuencia organizada, la democracia se estaría suicidando.