El 11 de mayo de 2018, el fotógrafo del diario La Prensa Uriel Molina se movilizaba por la carretera norte de Managua a eso del mediodía, cuando el conductor que lo llevaba al edificio del periódico le advirtió: Así lo reseña infobae.com
-Ahí viene una caravana de la Juventud Sandinista.
Las protestas contra el régimen de Daniel Ortega llevaban unos 20 días. Precisamente Molina regresaba del populoso Mercado Oriental donde los comerciantes se habían armado de machetes y garrotes ante la posibilidad de saqueos, que según sus denuncias, el régimen ordenaba contra ellos como represalia. Para ese tiempo se le llamaba “Juventud Sandinista” a los grupos de choque del gobierno que solían identificarse con el nombre de esa organización.
Las caravanas de simpatizantes del gobierno en actitud belicosa se habían hecho frecuentes por las calles de Managua, pero esta vez, a diferencia de otras ocasiones, a Molina le llamo la atención que en una de las seis camionetas iba a un hombre encapuchado apuntando con un fusil ametralladora M16 a plena luz de día. Molina tomó la fotografía y Nicaragua vio en la portada del diario La Prensa tal vez la primera imagen de un paramilitar en acción. Luego estas imágenes se volverían frecuentes.
Antes de esa fecha, los paramilitares operaban en la profundidad de la montaña o en la oscuridad, tiroteando brotes de protestas por las noches o madrugadas.
Para Roberto Cajina, especialista en seguridad ciudadana, el ejército paramilitar que actualmente opera en Nicaragua al servicio del régimen de Daniel Ortega tiene partida de nacimiento: 23 de abril del 2018. Ese día, una casi desconocida organización de militares retirados y ex agentes de seguridad sandinista envió una carta a Rosario Murillo poniendo la estructura a su disposición para aplacar la rebelión ciudadana que estaba comenzado.
La organización, llamada Consejo Defensores de la Patria (CODEPAT) decía tener unos 23 mil afiliados.
“En ese momento es que nacen los paramilitares”, dice Cajina, quien hace una diferencia entre “paramilitares o parapoliciales” y los llamados “grupos de choque” o “turbas” violetas que usaba el régimen anteriormente. “El uso de fuerza letal para enfrentar las manifestaciones de protestas contra el régimen es nuevo. Es a partir del 19 de abril. El 18 todavía fueron grupos de choque: vagos, pandilleros, y miembros de la Juventud Sandinista”.
Para mayo del año pasado Nicaragua estaba insurreccionada. Los ciudadanos marchaban casi a diario por las calles de las ciudades demandado el fin del gobierno de Daniel Ortega que ya lleva tres periodos continuos. También se habían levantado unas cien barricadas o tranques en diferentes puntos del país.
El régimen sofocó la rebelión con una represión brutal, principalmente a cargo de la Policía y un ejército paramilitar que no se conocía hasta esas fechas. Al estilo Estado Islámico, caravanas de hasta 50 camionetas con entre siete y 12 civiles armados cada una, se movilizaron ciudad por ciudad, barricada por barricada, para desbaratar la resistencia.
El primer gran núcleo nutriente de este ejercito paramilitar o parapolicial es CODEPAT, asegura Roberto Cajina, “pero también hay reclutamiento a través de los Comités del Poder Ciudadano (organismo de simpatizantes del gobierno en los barrios), de los alcaldes sandinistas, de pandilleros, jóvenes en situación de riesgo social, gente dedicada al narcomenudeo, consumidores de droga, etcétera. Es una mezcla de militares retirados del antiguo ejército sandinista, de agentes de la seguridad del Estado de los años 80 con estos grupos de delincuentes”.
El experto asegura que este ejército opera en pequeñas unidades con capacidad de movilización. “Es gente con entrenamiento militar, capacidad táctico operativa y en el caso de los pandilleros tienen sus propias capacidades operativas por la manera como operan estos grupos pandilleros. Sin embargo, esto está coordinado por una cadena de mando que parte de Rosario Murillo (vicepresidente de la República y esposa de Daniel Ortega) y Fidel Moreno (Secretario de la Alcaldía de Managua)”.
A la pregunta de “si usted tuviese que ponerle un nombre a la cabeza de esta organización, ¿cuál sería?”, Cajina responde sin vacilar: “Rosario Murillo”.
Gonzalo Carrión, un defensor de los derechos humanos que marchó hacia Costa Rica por seguridad, dice, sin embargo que el antecedente de este ejército está en los grupos de choques que evolucionaron a paramilitares. Recuerda que la madrugada del 22 de junio de 2013, una concentración de jóvenes que protestaban pacíficamente contra el gobierno sufrió un ataque brutal de estos grupos. “Se movilizaban con lógica militar, andaban armados, no con armas de guerra todavía, pero estaban armados. Este ejército paramilitar no se improvisó”, dice.
Carrión reconoce que la cabeza está en El Carmen, domicilio familiar y oficinas de Ortega y Murillo, pero dice que poner a Murillo como jefa podría “suavizar” la responsabilidad que Daniel Ortega tiene en esta masacre. “No hay Rosario sin Daniel”, afirma.
Brian Castner, asesor senior y experto en armas y municiones del equipo de crisis de Amnistía Internacional (AI), denunció en noviembre pasado que se usaron contra los manifestantes al menos siete tipo de armas de guerra, incluyendo fusiles de francotiradores, ametralladoras y lanzagranadas.
“Examinamos docenas de fotografías y videos, así como testimonios de testigos, y lo que descubrimos fue un aumento constante tanto en el número de armas que vimos, como en el tipo de armas utilizadas, tanto por grupos parapoliciales como por la Policía”, dijo Castner.
Cajina considera que el armamento usado por estos civiles provino de la Policía y el Frente Sandinista. “La policía tiene dos fuentes de armas: las armas propias de la Policía y las armas que han sido confiscada por virtud de la ley 510. Esas armas salieron ahí”.
Daniel Ortega ha tenido varias explicaciones sobre los civiles armados. Cuando en julio del año pasado el periodista de CNN Andrés Oppenheimer le mostró una fotografía de paramilitares con banderas rojinegras del Frente Sandinista, Ortega desestimó con una frase: “Puede ser un montaje”. Luego, dijo que eran “ciudadanos defendiéndose”. Poco después, el mismo mes, en entrevista a Euronews, alegó que eran “policías voluntarios”.
En febrero pasado, sin embargo, el jefe de la Policía, comisionado Francisco Díaz, dijo en entrevista al medio noruego Dagbladet, que los señalados como paramilitares eran policías de civil y civiles que trabajaban con la Policía.
Pocos paramilitares se quitan la capucha para mostrar su rostro. Mucho menos hablan con los medios de comunicación. Edgardo Antonio Solís Arias, de 36 años, relató al diario La Prensa cómo funcionaban las estructuras de los encapuchados en Carazo. “A todos nosotros nos daban armas, escopetas, para que fuéramos a limpiar los tranques y como prueba de eso tenemos videos”, dijo y mostró las fotografías y los videos donde él aparece con armas, banderas del Frente Sandinista y las camisetas con que los uniformaban en cada operación para evitar que se mataran entre ellos mismos.
El ejército paramilitar, aunque ya no se ve como antes, está vivo y armado. “Está en lo que en términos militares se llama ‘a disposición'”, dice Roberto Cajina. Sin embargo, para el experto esto representa un peligro. “Ya no están recibiendo paga por dos razones fundamentales: una, porque la mayoría está inactiva, y dos, porque ya no hay mucho dinero para pagarles”.
“Esta gente tuvo una descarga de adrenalina, sobre todo en la Operación limpieza y luego baja. Ya no están reprimiendo a la gente con la intensidad de antes. Y sus mandos han perdido un poco el control”, considera Cajina.
Esa pérdida de control se reflejaría en el aumento de delitos violentos. “En el mismo Anuario de 2018, la Policía reconoce un aumento de los robos con intimidación y de los homicidios. Usualmente con armas de fuego, con motorizados. No es el delincuente común”.
La gran pregunta, dice Cajina, es ¿qué sucederá con este ejército en un nuevo gobierno? Recuerda que en 1990, cuando Daniel Orterga perdió las lecciones frente a doña Violeta Barrios de Chamorro, entregó unos 100 mil fusiles a civiles antes de dejar el poder. “Si Ortega hace lo mismo, un , la cosa sería extremadamente complicada”, señala.