En este momento de la historia del país me atrevería a afirmar que es difícil encontrar a algún venezolano que no tenga un criterio claramente formado en relación a lo que sucede, quien o quienes son los responsables de la crisis y cuáles pueden ser las soluciones para salir del problema. El 23 de enero de 2019 todos los venezolanos creímos coincidir cuando la oposición oficial encabezada por el Presidente Encargado Juan Guaidó Márquez, al recitar el famoso mantra “Cese de la Usurpación-Gobierno de Transición-Elecciones Libres”, resumía para el país en pocas palabras una ruta clara que nos llevaría a terminar con años de desgobierno. Ese fue realmente el éxito del 23E.
Pero si a eso le sumamos que para oficializar ese mantra la Asamblea Nacional aprueba por unanimidad la Ley del Estatuto para la Transición donde se pone en blanco y negro esa ruta, estableciendo los términos de un gobierno de transición y las pautas para la celebración de elecciones después de un máximo de 12 meses, nos encontrábamos entonces –o creímos encontrarnos- ante una unanimidad de criterios en el país: salimos de los delincuentes primero, para luego establecer un gobierno de transición (por supuesto enteramente opositor) que nos llevaría a un proceso electoral libre de trampas en un máximo de tiempo establecido en la citada ley.
Con eso en la mano, la oposición se lanzó a las calles a exigir ese “cese de la usurpación” sin percatarse que al igual que en años anteriores estábamos pidiendo lo mismo: que el gobierno cediera y se fuera sin más fuerza que la razón de su ilegitimidad. Y eso, como en años anteriores, volvió a costar lo mismo en violencia, detenciones, torturas y muertes. La dirigencia opositora desde el mismo 23E no tenia de nuevo idea de cómo resolver ese “cese de la usurpación” más allá de dormir con el enemigo, cosa que se descubrió amargamente el pasado 30 de Abril, y posteriormente con las negociaciones llevadas a cabo en Noruega.
Por otro lado, otro grupo de venezolanos hemos insistido que la única manera de cesar la usurpación es dejar de considerar al régimen como un grupo con beligerancia política con el que se puede negociar sino como bandas de criminales a las que se debe desalojar por la via de la fuerza internacional, argumentando la Responsabilidad que tienen los Estados de salir en la protección de los ciudadanos venezolanos (R2P) victimas como somos de delitos de Lesa Humanidad por parte del régimen, y que se apruebe a la brevedad la autorización contenida en el 187#11 Constitucional que da luz verde a misiones militares extranjeras de paz para el acompañamiento de ayuda humanitaria. A esa posibilidad se ha negado persistentemente el Presidente Encargado Juan Guaidó y prácticamente la mayoría de partidos representados en la Asamblea Nacional.
No ha sido posible conciliar una acción acordada entre ambos grupos opositores. La Directiva de la Asamblea Nacional es la que conduce constitucionalmente las estrategias para conseguir ese “Cese de la Usurpación” y la única que reconoce la Comunidad Internacional como la que dirige las acciones para salir del régimen a través de los métodos que juzguen convenientes. Por eso no desean abrir el juego a otros actores de la oposición para que unidos se busque una solución acordada, aunque eso sea para bien de los venezolanos.
Ya se cumplirán 6 meses de aquel 23E y la decepción y el desconcierto del país no puede ser mayor así como su deterioro mas profundo. Estamos en una situación que los especialistas en tecnología llamamos “deadlock”, bloqueo mutuo, interbloqueo o abrazo mortal. Esta es una condición técnica en la cual se cae cuando para resolver su misión dos o más actores (procesos) se quedan en una espera circular por un recurso que el otro tiene. Se ejemplifica de una manera sencilla con dos actores: “dos niños que intentan jugar al arco y flecha, uno toma el arco, el otro la flecha. Ninguno puede jugar hasta que alguno libere lo que tomó” (ver Wikipedia, Bloqueo Mutuo, en https://es.wikipedia.org/
Aplicando el ejemplo, la oposición oficial aún siendo legitima no puede ejercer el gobierno porque la fuerza la tiene el régimen y el régimen aun con su fuerza no puede obligar a la oposición oficial –ni al resto de los venezolanos- a reconocerlo, y de allí que se impida por todos los medios su desempeño y profundizar las sanciones a sus integrantes. El resultado neto es que todos los venezolanos estamos siendo víctimas de la situación de ambos actores. Por otro lado la oposición oficial se niega a solicitar la aplicación de la fuerza internacional para destrancar el juego que ella misma inició al plantearse una vía que no llevaba otra solución posible que la de la exclusión del contrario, vía en la que todos estábamos de acuerdo pero que no tenía una solución posible si no se contaba con la fuerza de las armas para aplicarla, ni la disposición para solicitarla fuera del país.
¿Cuál es entonces la solución de este bloqueo mutuo? Si la oposición oficial no desea una salida de fuerza, ni la Comunidad Internacional está dispuesta a ello, no es posible la solución del mantra sin hacer ajustes. ¿Cuál es entonces el planteamiento? Lejos de renunciar a nuestra primera opción, la fuerza internacional (porque estamos tratando con delincuentes), creo que es posible una solución alternativa que sin olvidar las ventajas de la solución de fuerza le ofrezca garantías a todas las partes a soltar los recursos que ambos tienen en beneficio de los venezolanos. ¿Y cuál es esta posible solución? Un plebiscito negociado. Veamos:
La Comunidad Internacional ha insistido hasta la saciedad en una solución “electoral” a nuestro problema. Si ustedes son mayoría entonces “mídanse con Maduro”, es lo que dice la Unión Europea. Pero los venezolanos no reconocemos la presidencia actual de Maduro por ser ilegitimo el proceso electoral del 20 de Mayo de 2018, ni al mismo Maduro, al ser este un convicto sentenciado por corrupto y legitimador de capitales, e ilegitimo desde el mismo comienzo porque no podía ni siquiera ser candidato en el 2013, al ocupar para ese entonces la Vicepresidencia de la República. Pero es un hecho que ahora detenta de facto el poder y las armas.
Sin embargo la Comunidad Internacional NO LO RECONOCE TAMPOCO y la Unión Europea y el Grupo de Lima presionan por un proceso electoral, en especial porque este último se constituyó a raíz del desconocimiento de la espuria Asamblea Nacional Constituyente que convocó a las elecciones del 20 de Mayo de 2018. Si convertimos ese deseo de la Comunidad Internacional por elecciones en un Plebiscito que decida con un SI o un NO la continuidad de Maduro en el Poder estaríamos satisfaciendo ese requisito del mundo que en el fondo no dice otra cosa que lo mismo que nosotros: que el pueblo venezolano decida qué hacer con Maduro. En el fondo también se estaría restituyendo el derecho de los venezolanos que fue conculcado por el régimen al impedir el Referendo Revocatorio de Maduro en el año 2016.
¿Por qué digo que el plebiscito debe ser negociado? Porque en el mantra no hay negociación posible, con lo cual es un contrasentido lógico que Guaidó se haya ido a Noruega a “negociar” que Maduro se fuera. ¿Qué gobernante usurpador acude a una mesa de negociación a negociar su cabeza? ¿Qué estupidez es esa? Si desean negociar, negocien algo que se pueda negociar. Y allí entro a la siguiente parte de esta propuesta: el gobierno de transición. Nótese aquí que se requiere desmontar la Ley del Estatuto para la Transición como requisito previo para que la propuesta plebiscitaria tenga sentido.
En la trilogía del mantra no está planteada la presencia del régimen ni ninguno de sus representantes. No podía estar. Y esto es porque la naturaleza del mantra mismo no lo permitía, que era sacar de raíz el régimen, constituir un gobierno de transición opositor que nos llevaría a unas elecciones libres. En esta propuesta plebiscitaria se ofrecería negociar antes la composición de ese gobierno de transición con el régimen. ¿Les parece escandaloso? Pues así es. Nadie se sentará a esperar que lo descabece un plebiscito sin negociar antes los términos de su salida. Y eso solo lo podría garantizar que es lo que pasará al minuto siguiente de dejar el poder por el plebiscito. La propuesta sería ofrecer una participación al resultado porcentual que saque la oposición versus al porcentaje que saque el régimen en ese plebiscito, solicitando al mismo tiempo el desmontaje de la Asamblea Nacional Constituyente espuria, y por supuesto negociar lo que pedirían los delincuentes para irse (que ya lo han dicho, que levanten sus sanciones). No creo que Guaidó y el G4 tengan prurito con esto si estaban dispuestos el 30 de Abril a tener a Padrino López como Ministro de la Defensa y a Maikel Moreno como Presidente del TSJ.
Lo último y más importante serían las garantías de cumplimiento. ¿Cómo se le vende al venezolano ir a un plebiscito si al cerrar el régimen no cumple con el resultado? ¿Con que sistema de contar votos se implementaría? Allí está el detalle, Cantinflas, dixit. De esta solución debe estar convencida previamente TODA la Comunidad Internacional, y en especial los EEUU. ¿Por qué? Porque entonces allí, antes siquiera de proceder con la idea, se tendría que contar con la amenaza cierta y creíble de una intervención extranjera multinacional para hacer cumplir el resultado de ese plebiscito. Los votos tendrían que ser contados uno a uno con la intervención técnica de la OEA, abriendo las entrañas del CNE. Eso no sería negociable.
Algunos me dirán ¿y si el régimen se niega? Entonces que proceda la fuerza porque este es el llegadero. Otros preguntarán ¿y cuál sería la pregunta del plebiscito? Ninguna. La boleta numerada del plebiscito chileno solo decía “Plebiscito-Presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, SI NO” para marcar con una X encima de cada opción (ver https://ciperchile.cl/wp-
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